Por José Pablo Franzini Batlle (*) | @josetorcuato
Por primera vez en la historia asumirá un presidente de la República con el apoyo de cinco partidos políticos. Luis Lacalle Pou ha trabajado esos respaldos hasta hacerlos realidad, conformando la ya muy nombrada coalición multicolor.
Lacalle Pou asume continuando el período más extenso de democracia ininterrumpida en la historia del país. Y asume luego de 15 años de gobiernos frenteamplistas, con luces y sombras. Como todos.
Pero algunas sombras han sido profundas, sobre todo aquellas que refieren a la transparencia. Director de Casinos, ministro de Economía, presidente del BROU y vicepresidente de la República, en los anteriores 15 años, fueron procesados –en definitiva- por cuestiones no claras en el manejo de los dineros públicos. Eso no es lo grave en sí, pues las conductas de los hombres son impredecibles, pero estos cuatro casos –hubo otros- tuvieron un denominador común: la defensa acérrima y el no reconocimiento del Frente Amplio.
El entrante gobierno tiene que asegurarle al ciudadano procederes republicanos y debe empezar, entonces, por asegurar transparencia en la información. El Estado sabe a la perfección cuánto aportamos, cuánto percibimos y, a partir de allí, cuánto nos cobra por concepto de impuestos, además de otros para los cuales no necesita de tal información.
¿Es posible que el ciudadano no tenga la más mínima información acerca del destino de sus pagos por estos conceptos?
¿Es posible que paguemos caro los combustibles, la energía, el agua y las comunicaciones porque sus tarifas contienen impuestos encubiertos?
¿Es posible que las tarifas de los cuatro ejemplos anteriores, servicios básicos, contengan IVA a tasa básica (22%) y no a la mínima (10%)? Como ejemplo risible observamos que la yerba tributa IVA a tasa mínima.
Uruguay debe, de una buena vez, reformar el Estado y mirar, de verdad, el futuro. La reforma debe incluir la normativa electoral y hasta el sistema utilizado. La lógica balotaje ha contribuido a la polarización, a la “cuasi” desaparición de lo ideológico. Los partidos perdieron identidad, casi todos, fundiéndose en dos conceptos: derecha o izquierda. Sin matices, sin riqueza de propuesta, vacíos de discusión.
La reforma también debe contener el tan sonado rol de las empresas públicas; soy partidario a ultranza de las mismas y me arriesgo a afirmar que el Uruguay no sería tal sin ellas. ¿Es posible que mantengan el monopolio? No, terminantemente no. Pero deben competir en igualdad de condiciones.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) propone la desmonopolización de Ancap, coincido. ¿Designarán directores a la altura del desafío? ¿Presentarán estos un plan de acción para tal tarea? Estoy convencido de que significa una oportunidad histórica para Ancap, pues refina combustible y sin duda lo hace bien; todos los vehículos –incluidos los de alta gama- no tienen problemas, tampoco la maquinaria pesada. Ningún vehículo o maquinaria sufre por el combustible refinado por Ancap. Por lo tanto lo hace bien.
Ancap puede importar refinado y pagar con servicios de refinamiento u ofrecer tal servicio, estos no tendrían la brutal carga impositiva de los combustibles. En definitiva quienes administren la empresa deben estar a la altura del nuevo reto que, reitero, bien gestionado configura una gran oportunidad.
Sin querer detallar a cada una de las empresas públicas, deben encarar su futuro, deben crecer hacia afuera, todas lo pueden hacer. El producido por todas es de competencia mundial, los productos son buenos y son caros por lo que ya dijimos respecto a los impuestos encubiertos. Es un tema de concepción, de crecimiento, de asumir que el mundo está globalizado y nosotros somos integrantes de ese mundo.
Las empresas públicas cumplen con los servicios de manera satisfactoria pero son hoy meras recaudadoras de fondos para volcar a rentas generales y que, a partir de allí, tales fondos terminen pagando vaya a saber qué cosa.
Hablamos de liberar competencia, sí, de acuerdo, pero a quien venga se le deben poner condiciones de cumplimiento, hacerle llegar la luz y el agua a sitios con escasa o nula rentabilidad. ¿O tal cosa se la dejamos a las empresas del Estado de forma exclusiva?
No podemos caer en el mismo error que tuvimos cuando autorizamos la instalación de las universidades privadas; no les exigimos que entre sus ofertas estuvieran las carreras de investigación, las costosas. Por suerte hoy, sí las ofrecen.
Los ejemplos anteriores apuntan a la paridad en la competencia y para eso no basta solamente con liberar la misma.
La competencia con las empresas públicas monopólicas es necesaria, para su desarrollo y para que no sea solo el Estado el generador de mano de obra, lo cual constituye una situación de tentación al clientelismo, acción que nos afecta desde mitad del siglo pasado hasta hoy.
Dejé para el final un tema coyuntural que debe encarar el gobierno entrante: la situación con la empresa UPM. Debe renegociarse, no para que se retiren sino para hacer la relación equitativa.
Uruguay es una república, somos serios y fueron esas condiciones las que hicieron que la primera planta procesadora de troncos se instalara aquí (la ex Botnia). A partir de allí enfrentamos un bloqueo de más de tres años de parte de nuestros hermanos argentinos y su inagotable capacidad de creación para sorprender, enfrentando –gobierno y empresa- tal embestida.
Salió bien, se instaló otra planta y dio paso para que viniera una tercera, UPM. ¿Se instalan por vocación uruguaya? No, se instalan porque las condiciones son propicias, el país es serio, poseen garantías, lo cual les permite alcanzar la mejor rentabilidad.
UPM no contaminó el Río Negro, fue nuestra irresponsabilidad por años. No fue UPM, no le atribuyamos ese cargo.
UPM debe instalarse pero se le deben exigir condiciones, debe modificar el tren y, a mi entender, debe lograr el concurso de una planta productora de papel que se instale en nuestro país. No es aceptable que tengamos las tres plantas más grandes del mundo productoras de materia prima para elaborar papel y no tengamos empresarios que lo produzcan.
Lograrla o dejar planteada una reforma del Estado que involucre ingeniería institucional, transparencia, nueva concepción acerca de las empresas públicas junto a una verdadera reforma educativa que defina qué ciudadanos queremos formar, constituyen factores insoslayables en estos cinco años de gobierno, si se pretende ser un gobierno de cambio.
(*) Líder de Avanza País.
