Por Daniel Radío (*) | @_daniel_radio
Con particular intensidad en nuestro país, la sociedad ha transitado un proceso de naturalización del culto a la salud, el que, elevado a su máxima expresión, lleva a que las personas, más o menos conscientemente, pretendan que el atajo ineludible para acercarse al ideal de la felicidad humana, necesariamente implica transcurrir por el camino del anhelo y del obsesivo cuidado de la salud biológica.
Cuando esta lógica desembarca en la arena política inevitablemente trae aparejado el prejuicio de que, más allá de las diferencias políticas de los actores, es indiscutible que todos deberían estar a priori de acuerdo en el desarrollo de aquellas políticas que tuvieran como primera prioridad el cuidado de la salud biológica, aunque esto trajera aparejado que fuese necesario mitigar algunos derechos o garantías, que serán siempre asumidos como de segundo orden ante la supremacía otorgada culturalmente al cuidado de la salud de las personas.
Esta es una batalla en la que los cruzados de la sanidad, han derrotado cualquier atisbo de indecisión o de timidez, y han logrado reclutar en sus filas a gladiadores de las más diversas procedencias y que acceden finalmente a las mismas conclusiones a pesar de haber transitado las lógicas de razonamiento más heterogéneas. Es el típico ejemplo de una ideología hegemónica.
Desde este lugar, resta un solo paso para admitir la necesidad de un amplio despliegue de prohibiciones y de regulaciones, en muchos casos con el correspondiente patrocinio de las instancias burocráticas internacionales, y que más allá de las valoraciones positivas respecto a las repercusiones sanitarias, consiguen reforzar y en última instancia, naturalizar esta jerarquía valórica previa.
“Fume y charlemos, y mientras fuma recordemos”
Manuel Romero
El indiscutible éxito de la política antitabaco implementada en nuestro país desde el año 2005, se inscribe en esta lógica, en la cual, a los logros obtenidos, que pueden ser medidos en el descenso de la prevalencia del tabaquismo así como, en la incidencia de algunas patologías relacionadas con el consumo, se sumó la condescendencia de la población con las medidas adoptadas, y el indiscutible y creciente prestigio del Sr. presidente Dr. Tabaré Vázquez, en todo lo relacionado con esta temática a nivel nacional y fundamentalmente -como es habitual con nuestros presidentes- a nivel internacional.
Inspirado en este destellante suceso, es que se constituye, a iniciativa del presidente un grupo plural, en su integración política y social, en procura de superar los obstáculos que impidieron la aprobación de una normativa global de regulación del consumo de bebidas alcohólicas en los dos períodos previos de gobierno. Dos intentos previos de regulación han naufragado.
Y aunque, en principio todos parecen estar de acuerdo en descartar algunos objetivos (se ha transformado casi en un lugar común afirmar que no se trata de aprobar una ley seca, como si este fuera un propósito viable) e inclusive ha habido bastante coincidencia en cuanto a la conveniencia de algunas medidas concretas y específicas, es muy probable que en un grupo de conformación tan plural, subsistan perspectivas no superponibles en cuanto a qué significa atacar los nudos problemáticos del consumo y cuál debería ser el alcance de las medidas que se adopten.
“Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo”
Horacio Ferrer
En cualquier caso, está claro que el ejercicio de nuestra libertad tiene límites y se inscribe en un contexto histórico social que condiciona fuertemente la matriz generadora de los valores, los anhelos y las apetencias personales, que son quienes orientan nuestras conductas. Está claro, por otra parte, que vivir supone exponerse a riesgos y que en nuestras sociedades existe un amplio abanico de resiliencias, que determinan diferencias notables en nuestras posibilidades de respuesta. Y está claro además, que tenemos una intuitiva tendencia a protegernos de las eventuales inclemencias del azar, procurando paliar incertidumbres a veces a expensas de mitigar el goce de nuestras libertades.
La creencia de que el ejercicio de nuestra libertad es, valga la redundancia, un acto libérrimo, que se encuentra condicionado exclusivamente por nuestra carga genética, es insostenible en cualquier caso. Pero lo es particularmente, cuando proyectamos nuestras vulnerabilidades -siempre distribuidas de manera inhomogénea- parados frente a un escaparate de tentaciones de consumo convenientemente promocionado.
Desde la perspectiva que nos ofrece esta constatación, no parece descabellado asumir una actitud de responsabilidad compartida para proteger-nos (y hacerlo particularmente con los más vulnerables), al mismo tiempo que nos asumimos como miembros de una comunidad expuesta a riesgos.
Las reacciones críticas ante el nuevo intento regulador abarcan un amplio abanico que va desde quiénes reclaman mejores controles para el cumplimiento de la legislación vigente, hasta quienes resisten cualquier avance normativo que jaquee, aunque sea mínimamente, el ejercicio de las libertades individuales.
En ambos extremos las actitudes son razonables y con una dosis de sensatez que resiste cualquier simplista intento de descalificación.
Reclamar más controles implica postular que nuevas normativas serían vanas, si mantenemos los mecanismos actuales de fiscalización. Y esto podría ser cierto, toda vez que no nos propongamos modificar la manera como hoy se realizan esos controles.
Exigir respeto por la libertad individual es, sin duda, una respuesta de recibo, siempre y cuando el tema no se plantee en términos absolutos, de blanco y negro.
“Una parte de mí dice stop”
Charly García
Con lo cual, finalmente, podríamos concluir que, tampoco en este tema, deberíamos adoptar posturas mesiánicas. Ni rasgándonos las vestiduras reclamando por nuestros derechos individuales, ni transformándonos en inquisidores de las opciones de consumo de los demás. Algunas veces, atrás del dato estadístico agitado con afán de justificación de una determinación, se esconde agazapado un censor moral de las decisiones de la gente acerca de cómo transitar la vida.
¿Existen problemas con el consumo de bebidas alcohólicas en nuestro país? La respuesta es sí. Y estos son además cuantificables. Se podrían medir en términos de ausentismo escolar y laboral, y su consecuente impacto económico. Es indiscutible además la asociación lesional entre consumo de alcohol y violencia doméstica, que muy probablemente no se trate meramente de una asociación estadística, sino que, en cambio sea factible establecer una relación de causalidad. Algo similar ocurre vinculado al consumo de bebidas alcohólicas y su relación con los accidentes de tránsito. O al consumo de las señoras embarazadas y sus consecuencias deletéreas sobre el producto de la gestación. Además de las más obvias consecuencias, de aumento de la morbimortalidad de determinadas patologías asociadas al consumo. Sumado a esto, el inicio del consumo en nuestro país se produce a edades cada vez menores, ubicándose actualmente entre los doce y los trece años.
Sin embargo, no menos cierto es que Uruguay es, medido en términos internacionales, un país de consumo medio de alcohol y que más del 80% de la población tiene un consumo no problemático, en personas que son capaces de timonear sin dificultades su decisión de beber y su relación con el consumo.
La peor actitud que podemos asumir es escandalizarnos, actuar bajo los efectos de una suerte de ataque de pánico colectivo, y correr despavoridos en procura de que, una solución legislativa, cuanto más controladora mejor, proporcione una salida de emergencia, en algo que se emparentaría mucho a una apelación al pensamiento mágico.
Resta un camino de debate parlamentario donde, desde las distintas orientaciones políticas y filosóficas, y con el compromiso de escuchar a los estamentos involucrados, revisemos responsablemente los contenidos propuestos, buscando compatibilizar un horizonte de objetivos diversos, no meramente sanitarios, apostando a contribuir (y a no dificultar) la consecución de una comunidad de personas libres y responsables, hacedoras de sus opciones, y constructoras permanentes de su propia existencia.
(*) Diputado del Partido Independiente