Por Silvana Pérez Bonavita (*) | @perezbonavita
En Uruguay desde hace tiempo se viene dando una tendencia creciente y sostenida del proceso de envejecimiento de la población. Según un informe publicado en la web del BPS, realizado en el año 2022 por la Asesoría en Políticas de Seguridad Social, en el 2005 la proporción de personas de 65 años y más era de 13,6% y se proyecta que ascenderá a 16,1% para el año 2025. Dentro de las principales características de este proceso se observa un aumento en la cantidad de personas en los tramos de edad más avanzados, fenómeno que recibe el nombre de “envejecimiento de la vejez”.
En este sentido vamos a desarrollar dos temas que afectan directamente a esta población: por un lado, los cuidados, y por otro la brecha digital, que dificulta la inserción de las personas en esta franja etaria.
El cuidado del adulto mayor es un tema muy difícil de abordar. Gracias a los avances médicos sabemos que existe una mayor esperanza de vida a nivel mundial, pero, lamentablemente, parte de esta población sufre de exclusión, discriminación y violencia en su entorno. Desde el punto de vista legislativo, desarrollamos un proyecto de ley que busca generar más garantías, puntualmente en el área de los cuidados que se brindan a las personas mayores.
Es por ello que proponemos incrementar los requisitos establecidos en la Ley N° 19.791, aprobada en 2019, para la contratación de personal por parte de toda institución pública o privada perteneciente al área de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
Al día de hoy está vigente la exigencia de un certificado que se debe solicitar a la Dirección Nacional de Policía Científica informando si la persona a ser contratada tiene antecedentes judiciales por la comisión, en cualquier calidad, de los siguientes delitos: violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, corrupción, reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, esclavitud sexual, unión matrimonial o concubinaria forzada o servil, prostitución forzada y los consagrados en la Ley N° 17.815. En nuestro proyecto de ley proponemos extender este listado de delitos, agregando otros enfocados al adulto mayor y su situación de vulnerabilidad, tales como: privación de libertad, incapacidad compulsiva (sin motivo legítimo, colocare a otro sin su consentimiento, en un estado letárgico), abandono de niños y de personas incapaces, omisión de asistencia, abuso de la inferioridad psicológica de los menores y de los incapaces y abuso de firma en blanco. Estos se encuentran con frecuencia en sentencias dictadas en nuestro país y sus víctimas son generalmente adultos mayores.
Consideramos clave enfocarnos en el cuidado del adulto mayor generando las garantías necesarias para que tengan una atención adecuada e integral, y así erradicar estas prácticas que puedan producir daño o empeorar la condición existente, prestando especial atención a aquellas personas que estén en contacto directo con este grupo etario tan vulnerable.
Las instituciones al momento de contratar personal deben tomar estos recaudos y exigir como requisito de ingreso este documento por el cual se certifica la existencia o no de antecedentes judiciales por la comisión de delitos previstos por la Ley N° 19.791. Por eso es muy importante que se apruebe la ley e incluir también estos delitos que afectan mayoritariamente a adultos mayores.
No se puede ignorar más estas situaciones, sino que debemos buscar todas las medidas necesarias de protección y prevención.
Sin dudas que para esta franja etaria conocer que hay un sistema que los cuida y que somete a estricto control el ingreso de personas que van a estar en contacto con ellos les brinda más tranquilidad y seguridad. Para ello es importante que se realicen las denuncias correspondientes en caso de suceder alguno de estos delitos. Sin denuncia no hay antecedentes, por eso la importancia de efectivizar las mismas y así evitar que el agresor reincida, ya que de esta forma le quitamos la posibilidad de volver a estar a cargo de otra persona vulnerable.
Por otro lado, también nos preocupa el aislamiento y las dificultades que genera la brecha digital existente entre la población más joven y los adultos mayores. Esta brecha se vio profundizada por el rápido avance de la tecnología en nuestras vidas cotidianas, avance que se vio acelerado por la pandemia, ya que nos obligó a incorporarlas para poder realizar actividades comunes y corrientes, como las compras, las comunicaciones a nivel personal y laboral, trámites, entre otras.
Cada vez es más frecuente encontrarnos con dispositivos en lugares comunes, donde antes nos atendía una persona, como las cajas de supermercados, los tótems de autoservicio en mutualistas, cajeros y buzoneras electrónicas, y tantos otros.
Lamentablemente, no todos los adultos mayores pueden acompañar e incorporar estos cambios tecnológicos, y de a poco se van convirtiendo en “excluidos digitales”.
Los adultos mayores aprecian la tecnología y reconocen sus ventajas y su utilidad, aunque a la hora de interactuar con una computadora, un smartphone u otros dispositivos, se encuentran en un entorno que les es ajeno. Según diferentes estudios, existen varias categorizaciones de barreras para la incorporación de tecnología por parte de esta población, como la falta de familiaridad con los recursos en línea, la usabilidad de los dispositivos asociada a las características propias de la edad (visión, movilidad, destreza manual, problemas cognitivos), las propias características de la tecnología, el tamaño de los textos, la jerga computacional, entre otras. También actúan como barreras aspectos actitudinales como los miedos e inseguridades por lo desconocido.
El mundo tecnológico hoy en día, en muchos casos se vuelve hostil para las personas mayores que no acompañan estos cambios, y solo ven un terreno peligroso y difícil de transitar. Esto puede llevar a que se les dificulte o incluso imposibilite la gestión de algunos trámites necesarios para ellos, principalmente para quienes no cuentan con ayuda, por tanto, cuando estos avances tecnológicos y la soledad se conjugan, la brecha se agiganta.
A su vez, el desconocimiento los hace blancos fáciles para los estafadores, quienes tienen claros sus objetivos y a quiénes apuntar para sacar ventaja. Cada vez son más frecuentes este tipo de engaños, no solo digitales, sino también en forma telefónica o presencial, como el llamado “cuento del tío”.
En este sentido, entendemos necesario fomentar la educación digital para esta población, generando una mayor inclusión y ayudando a prevenir las estafas, algo que se encuentra contemplado en nuestro proyecto de ley de ciberdelitos.
Como legisladores somos responsables de generar las condiciones necesarias para que nuestros adultos mayores envejezcan con dignidad, seguridad y plenitud, disfrutando de su libertad y gozando de sus derechos.
(*) Diputada de Cabildo Abierto.
