Por Raúl Viñas (*) | @Uruguay2035
La técnica del fracking, fracturación hidráulica en castellano, es una que se utiliza para la extracción de petróleo en yacimientos denominados “no convencionales”. Estos yacimientos contienen hidrocarburos, pero los mismos no salen libremente a la superficie cuando el yacimiento es perforado, ni es posible extraerlos mediante el uso de bombas como se hace en los “convencionales”.
Podemos comparar un yacimiento no convencional de hidrocarburos con un trapo de piso mojado, que sabemos que tiene agua entre las fibras, pero para sacarle esa agua debemos exprimirlo. La fracturación hidráulica “exprime” los yacimientos al introducir en ellos a gran presión un “coctel” de productos químicos mezclados con agua que rompe (fractura) la roca y fuerza el pasaje de los químicos por entre las grietas formadas para que allí los lubricantes y solventes del coctel se mezclen con los hidrocarburos. Esa mezcla, junto con parte del agua, es luego bombeada a la superficie, donde se separan los hidrocarburos líquidos y gaseosos quedando un residuo de agua contaminada que se acumula en piletas.
En el proceso, parte del agua, los productos químicos utilizados y de los hidrocarburos disueltos se pierden en la roca y es común que terminen mezclados con las aguas subterráneas que se contaminan llevando esa contaminación a las napas y los acuíferos.
En nuestro país, los contratos firmados por la Ancap desde 2012 para la exploración y explotación petrolera en tierra, a los que solo se pudo tener acceso mediante la acción de la Justicia, definían con el nombre de “hidrocarburos” tanto a los convencionales como a los no convencionales y se autorizaba su explotación, permitiendo de hecho que se pudieran utilizar técnicas de fracking para la extracción.
Los movimientos de protesta en las zonas potencialmente afectadas llevaron a la prohibición del uso de las técnicas de fracking en los departamentos de Artigas, Paysandú, Rocha, Salto y Tacuarembó, las que siguen en vigor. Asimismo, se trataron en el Parlamento desde 2015 dos proyectos de prohibición a nivel nacional presentados por los entonces diputados, Gerardo Amarilla, actual subsecretario del Ministerio de Ambiente (MA), y Alejo Umpiérrez, actual intendente de Rocha.
Uno de los proyectos incluía la prohibición del uso de fracking aun para las exploraciones entonces en curso, lo que podría haber sido un problema por los contratos firmados, y en vista de los anuncios del gobierno de la época de que se habían hallado hidrocarburos en las perforaciones exploratorias, lo que resultó no ser real.
Lo que sí fue real y quedó documentado, es que en dos de las tres perforaciones exploratorias realizadas se produjeron accidentes que resultaron en la infiltración en la roca de productos químicos usados en la perforación, 125.000 litros en la primera y 240.000 litros en la segunda.
El tratamiento legislativo de los proyectos de ley, que terminaron siendo unificados, llevó dos años al cabo de los cuales, con los contratos de exploración y explotación aún vigentes, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de “moratoria” por un plazo de cuatro años que cobró fuerza de ley en diciembre de 2017 (Ley 19.585) y que vence ahora. Sobre esta base, en el Decreto 111 de 2019 se estableció que la definición de hidrocarburos en los futuros contratos se refiere a los “producidos a partir de yacimientos convencionales”, lo que el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri, denomina un blindaje para Uruguay.
A fines de 2018, por imperio de la ley, se puso en funcionamiento una “Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (Cnect) para estudiar el tema fracking, cuyo informe final no está publicado al momento de escribir esta columna, pero sobre el que la semana pasada informó el semanario Búsqueda (1) mencionando entre las conclusiones del mismo los “potenciales efectos ambientales” como “la reducción en la disponibilidad de agua, la contaminación de aguas superficiales y aguas subterráneas y el riesgo de la sismicidad inducida”, indicando que “la ejecución de esta técnica puede generar la afectación a la calidad del aire, a los ecosistemas y la biodiversidad, a la salud pública e interferencias al desarrollo del uso de la tierra”.
Sobre esta base, la comisión, en una decisión por mayoría, recomienda al Poder Ejecutivo no levantar la moratoria y extenderla por 12 años más, desarrollando en ese lapso proyectos de investigación y becas de posgrados, con nuevos estudios por parte de la Cnect a partir del noveno año.
Es muy bueno ver que todas las partes están de acuerdo en que la técnica de fracking es peligrosa, inconveniente y contaminante. A poco de pensarlo podemos estar de acuerdo en que cualquier proceso con esas características debiera estar prohibido, y hay unanimidad entre los técnicos de que en las condiciones actuales esa técnica no debiera permitirse en Uruguay.
La propuesta de una moratoria con un plazo fijo, como ya se hizo en 2017, volvería a obligarnos a tratar este tema, como ahora lo hacemos, aun cuando en los últimos cuatro años la técnica de fracking no solo no ha mejorado, sino que se ha demostrado que es más peligrosa y contaminante al permitirse nuevos y más peligrosos compuestos en el “coctel” que se inyecta a los yacimientos.
Lo racional en este tipo de situaciones es que la prohibición no tenga un plazo fijo, dejando abierto el panorama a que, si algún día se demuestra que esa técnica es inocua, entonces se la autorice. El mismo Parlamento que hoy la prohíbe, podría derogar esa prohibición si la situación cambiara, y serían entonces, seguramente, las empresas petroleras las que lo propondrían.
Por otra parte, numerosos comentarios justifican el lapso de 12 años de la moratoria en el entendido de que para ese momento ya no habrá interés en el fracking al superarse el uso de hidrocarburos por otras formas de energía. Sobre eso, cabe agregar que si la técnica se reconoce como mala y se supone que en un plazo de 12 años no sería de utilidad en el mundo, no se entiende por qué la Cnect propone gastar dinero en posgrados y estudios que no tendrían evidentemente aplicación, pudiendo ser ese dinero mejor aprovechado en otros lugares.
Parece que existiera miedo de hacer lo que se debe, que es la prohibición. Significativas son en este sentido las declaraciones del subsecretario Amarilla de que existe una fuerte posición de la industria energética que “quiere mantener la puerta abierta hacia el futuro”. Esa industria ve con muy malos ojos que cualquier país, territorio o jurisdicción, prohíba el fracking, ya que eso les es negativo a las empresas desde el punto de vista de las relaciones públicas y de imagen.
La imagen juega también cuando se habla de extender la “prohibición” (2) y se evita utilizar para el consumo interno y de prensa la palabra “moratoria”, que implica un plazo.
Desde agosto pasado está a estudio del Parlamento un proyecto de ley de prohibición presentado por el diputado César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), muy similar a los que en su momento fueron apoyados por los partidos Colorado y Nacional, que entonces eran oposición.
Esperemos que el sistema político haga lo racional, prohibiendo el fracking, dejando de lado –si existe- la presión por los intereses de las empresas y atendiendo a los intereses del país.
(*) Magister en Ciencias Meteorológicas. Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable).
Referencias:
- https://www.busqueda.com.uy/Secciones/El-gobierno-propondra-al-Parlamento-extender-por-12-anos-la-prohibicion-del-fracking-en-el-pais-debido-a-su-impacto-ambiental-uc50708
- https://www.elobservador.com.uy/nota/gobierno-extendera-prohibicion-de-uso-de-fracking-para-la-extraccion-de-petroleo–202176151713
