La semana pasada coincidieron en la agenda dos noticias en relación al agua. La primera, que el gobierno daba por terminada la “crisis hídrica” y, la segunda, la adjudicación de las obras del denominado “proyecto Arazatí” al consorcio proponente, ahora adjudicatario.
Por Raúl Viñas (*) | @Uruguay2035
La finalización por decreto de la crisis hídrica no es el final de la sequía, que es un fenómeno natural que poco caso hace a las reglas humanas; de hecho, los índices determinan ahora situaciones de sequía en el sur y el oeste de nuestro país, incluyendo la cuenca del Santa Lucía, y la emergencia agropecuaria se mantiene para todo al menos hasta el 24 de setiembre.
La adjudicación por mayoría del Directorio de OSE del proyecto Arazatí al consorcio Aguas de Montevideo, proponente del mismo, obliga ahora a pagar por una obra que es un importante error estratégico, una mala alternativa técnica, una inconveniente decisión económica y una opción ambientalmente muy comprometida.
Todo lo anterior en el marco de una situación en que el Estado prioriza las obras financiadas y desarrolladas por privados, que como expresara el contador Alfredo Asti desde estas páginas(1), son verdaderas PPP para las que no se aplica la Ley 18.786 que se supone las regula.
El proyecto Arazatí pretende, de acuerdo con información de prensa, extraer diariamente en esa zona del Río de la Plata hasta 300.000 m3 de agua, para potabilizar hasta 200.000, los que serían enviados al sistema de agua potable de la zona metropolitana. Ese volumen de agua es menos del 40% del consumo del sistema, con lo que, contrario a lo que dice la justificación de la resolución adjudicataria, no se cumple con las condiciones recomendadas por las empresas internacionales contratadas para asesorar sobre el suministro de agua a Montevideo y la zona metropolitana.
En relación con la ubicación del proyecto en la zona de Arazatí, ni la OSE ni las empresas proponentes, ahora adjudicatarias, tienen un solo estudio que justifique la ubicación de la toma de agua en ese lugar. De acuerdo a lo informado por OSE en el Expediente 1408/2023, se aceptó la propuesta del consorcio de establecer el proyecto en Arazatí, sin hacer ningún análisis de otras fuentes de agua dulce ni de otras probables localizaciones en el Río de la Plata.
Sobre Arazatí existen muchos e importantes estudios académicos que marcan claramente las limitaciones de la zona como fuente de agua para potabilizar, por las intrusiones salinas y las cianobacterias, entre otros problemas. Estos estudios, realizados por reconocidos científicos y académicos, fueron ampliamente difundidos en la prensa(2-5), pero no fueron considerados en el expediente del proyecto en OSE, para el que solo se tuvo en cuenta el estudio de factibilidad preparado por el consorcio proponente, el que igualmente presenta más de 90 potenciales problemas ambientales.
En lo económico, no existe justificación para que se pague por el proyecto el monto adjudicado, más de US$ 800 millones al cambio del 28 de agosto, monto que supera largamente el costo de las obras, su mantenimiento y los costos financieros involucrados, aun considerando una financiación local mucho más cara que la internacional a la que podría acceder OSE y a la que, con la garantía del contrato, accederán las empresas adjudicatarias(6).
Son esas empresas las únicas ganadoras en este proceso que compromete por muchos años los recursos del Estado, limitando la capacidad de realizar otras obras indispensables y con mayor impacto positivo en el suministro de agua de calidad a la población.
La profunda crisis hídrica que afectó al servicio de agua potable de Montevideo, generada a partir de una fuerte sequía que aún no ha terminado, puso de manifiesto la necesidad de mejorar el sistema de agua potable en el país, y en tal sentido desde el Movus hemos presentado la propuesta de un diálogo nacional y la necesidad de encarar obras que aseguren el suministro a futuro.
En primer lugar, es indispensable reparar y renovar la red de distribución de agua, que se reconoce que en Montevideo pierde más del 50% de la que se extrae del río Santa Lucía. Con eso se reduciría la necesidad de extracción de agua, ahorrando energía y disminuyendo la necesidad de productos químicos para potabilizarla que terminan en el ambiente.
Desde 1970, en estudios de OSE realizados con la OEA, una verdadera CIDE del agua, se definió la necesidad de reservas o embalses de los que se construyeron Canelón Grande y Paso Severino. Quedaron pendientes Casupá y El Soldado, que podrían hacerse ahora con criterios ambientales actualizados para evitar que los embalses se conviertan en criaderos de cianobacterias.
Nuestro país es rico en agua dulce superficial y estudiar para el sistema metropolitano de Montevideo opciones más allá del Santa Lucía es indispensable para garantizar la seguridad del suministro. Así, el río Negro, el río Uruguay o incluso el Río de la Plata, que es la fuente de agua de Colonia y Juan Lacaze, debieran ser seriamente estudiados.
Una vez estudiadas las opciones, se podría definir la mejor y más conveniente para ejecutarla. Esta evidentemente no es el proyecto Arazatí, que no garantiza la disponibilidad ni calidad del agua, cuyo costo compromete las finanzas de OSE a futuro y que solo sirve a las empresas adjudicatarias que obtienen de este tipo de obras ganancias que no consiguen fuera de la obra pública.
(*) Magíster en Ciencias Meteorológicas. Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable).
Referencias:
1) https://www.cronicas.com.uy/contratapa/contratos-de-obra-publica-con-financiacion-privada-riesgos-de-su-abuso/
4) https://udelar.edu.uy/portal/2023/02/seguir-las-huellas-de-las-cianobacterias-en-el-rio-de-la-plata/
5) https://brecha.com.uy/cuando-pase-la-ola/
6) https://usuariofinanciero.bcu.gub.uy/Paginas/Calculo-Cuotas.aspx
