Por Raúl Viñas (*) | @Uruguay2035
¿Por qué, contra toda lógica, el gobierno se apresta a darle el visto bueno a UPM2?
Mientras el sistema político se mantiene con su pensamiento centrado en junio, octubre, posiblemente noviembre y también en mayo; el director de una poderosa multinacional dice ante la prensa que desde hace 10 años viene preparando su nueva inversión en Uruguay.
Esa empresa con valor bursátil superior al 35% del PBI del Uruguay, vende anualmente productos por un valor superior a todas las exportaciones uruguayas; se instaló en Uruguay a poco de que se aprobara la segunda ley forestal de 1988 e hizo un intensivo uso de las ventajas económicas y financieras de las exoneraciones y reintegros que por esa ley se le otorgaron a las plantación de árboles. También adquirió grandes extensiones de tierra, hasta convertirse en uno de los mayores terratenientes -no sería elegante tratarlos de latifundistas del país-.
Sus árboles crecieron y se generó la masa crítica suficiente para justificar su industrialización local. Así, justo antes del retiro de los incentivos a la plantación de árboles, comienza a cobrar cuerpo la propuesta de producir celulosa.
Allí se conjugaron Ley de Inversiones de 1998 y la Ley de Zonas Francas de 1987 para darle incentivos a esa actividad, en forma de exoneraciones a la industrialización de la madera subsidiada previamente.
Con ello, se aseguró que esa actividad no pague en Uruguay nada, salvo por la madera que se les exporta al estar las zonas francas por fuera del territorio aduanero, y por los sueldos de las personas que trabajan en el emprendimiento. Eso, en el caso de una planta de celulosa, son solo 200 personas.
Así, el esquema que pudiera ser casi perfecto arrancó a funcionar, mejorándolo con el decreto 477/2008, que hace decir a la Ley de Promoción de Inversiones más de lo que dice y permite la realización de contratos entre el Estado y las empresas que propongan inversiones por valor mayor a los US$ 1000 millones aproximadamente.
Con el esquema mejorado de un “contrato”, que rebaja al Estado al nivel de una empresa que operará en su territorio, se instala una segunda planta de celulosa que consigue, además, exoneraciones impositivas incluso para sus actividades y patrimonio fuera de las zonas francas.
Con la decadencia de la inversión en el Uruguay a partir de 2014, el gobierno coquetea con las empresas celulósicas llegando a ir el presidente de turno a Finlandia, donde está la matriz de estas empresas, para conseguir una inversión. Un presidente casi saliente y con poca capacidad de maniobra, a la vuelta solo pudo decir que había visto con buenos ojos el sistema educativo finlandés.
Un segundo intento, a principios de 2016 por el nuevo presidente pareció tener mejor éxito y en julio de ese año se anunció que la empresa estudiaría la posibilidad de invertir en Uruguay. Ahora, con la posibilidad de tener un contrato y frente a un gobierno carente de proyectos de inversión con los que al menos generar la ilusión de una mejora económica, la empresa desplegó su fuerza y en negociaciones secretas, dejando al gobierno en “offside” en numerosas oportunidades sobre la fecha de la firma de un eventual contrato de inversión.
Fue la firma de ese contrato y no su contenido la meta del gobierno; es decir, tener un “cartoncito” para mostrar cuando ese tipo de documentación le había sido esquivo a integrantes del más alto nivel del gobierno.
Por el camino quedó el número tres del Ministerio de Economía que no quiso seguir siendo partícipe de la “negociación”. En el camino también hubo un viernes de octubre para el que se había anunciado finalmente la firma del contrato y que terminó con una declaración de que se había encontrado petróleo en Uruguay. Una más y van…
Así todo, el 7 de noviembre de 2017, un día que para Uruguay perdurará en la ignominia, se firma por parte del secretario de presidente, el subsecretario y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un documento pomposamente denominado “contrato”, pero del que después se dijo era más bien una hoja de ruta o carta intención.
La resolución, autorizando esa firma en nombre del Poder Ejecutivo, nunca fue publicada y solo pudo conocerse al año siguiente, al aparecer referida en la memoria anual de un ministerio.
Allí, los ciudadanos nos enteramos de que como resultado de la negociación, Uruguay -todos nosotros-, nos comprometíamos a construir a nuestro costo un ferrocarril para la empresa celulósica y darle una terminal portuaria por 50 años preparando a nuestro cargo el terreno y el traslado de las actividades que allí se realizan. Además, edificar un viaducto de casi un kilómetro, no previsto en los planes de ordenamiento territorial de Montevideo, y además asumir el costo, calculado por UTE como un aumento del 2% en las tarifas eléctricas de todos los uruguayos, para comprarle a la empresa celulósica electricidad, ya sea que se necesite o no.
También supimos que nos comprometimos a mantener para esa empresa el flujo del Río Negro sobre el que la empresa instalaría su planta, y respiramos con alivio cuando en casi una carilla completa -de las 91 que forman la versión en castellano del contrato-, los firmantes nos aseguraron que no recibieron “coimas” ni fueron invitados a hacer usufructo de “entretenimientos” por sus contrapartes. Al fin y al cabo, un pacto entre caballeros.
Después supimos que la versión en inglés del contrato no era idéntica a la versión castellana, específicamente en los valores a pagar por la empresa para el uso de las vías a construir, que en la versión en inglés era 10 veces menos a la versión castellana.
Más recientemente nos enteramos, por un estudio jurídico privado realizado para justificar que los firmantes del documento no concurrieran al Parlamento, que, sin autorización previa, los funcionarios firmantes modificaron el contrato el 5 de abril de 2018 y que eso fue convalidado por el Consejo de Ministros cuatro días más tarde, confirmando que no hubo autorización previa. ¿Qué se modificó? No se sabe, ya que la resolución convalidante del Consejo de Ministros nunca se publicó. Es la resolución 154/18.
Los tres componentes principales de proyecto -la planta, el tren y la terminal celulósica en el puerto- generaron voluminosos estudios ambientales que fueron cumpliendo las etapas del Decreto 349/005. El documento firmado con la celulósica establecía para ese proceso plazos perentorios, menores a los que demandó similar proceso para las dos plantas anteriores, y así llegamos al mamarracho e ilegalidad de que las audiencias públicas de los proyectos del tren y de la planta terminaron realizándose antes de finalizar el plazo de la etapa anterior.
Más cosas ocurrieron en el año y medio transcurrido desde la firma del contrato o documento con la celulósica. Así, nos enteramos que durante 2018 la celulósica obtuvo US$ 2.000 millones de ganancias. De esa suma, US$ 1.000 millones fueron por la celulosa, de la que el 40% es producido en Uruguay. Así se concluye que la planta de Fray Bentos le genera más de un millón de dólares diarios de ganancia
En ese lapso, el proyecto del “Tren de UPM” tercamente implantado sobre el trazado de la vía de 1860, despertó polémica y resistencias en las que intervinieron al comienzo las intendencias de Montevideo, Canelones y Florida. Estas llegaron a presentar proyectos alternativos que fueron tozudamente descartados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a cargo de la obra.
En aspectos económicos, el costo de la obras comprometidas por Uruguay fue creciendo y ya supera los US$ 4.500 millones, casi duplicando la inversión de la empresa en su planta, la única que hará, porque ya sabemos que hace 10 años viene plantando la masa forestal necesaria para la operación de la planta.
No hay ninguna ventaja para Uruguay en esta nueva planta de celulosa
Los grandes ausentes de todo esto fueron el Parlamento y los gobiernos departamentales, que se llamaron a silencio.
Ante eso, son los ciudadanos de a pie los que han realizado acciones, como las peticiones al Poder Ejecutivo, las denuncias al Parlamento, la información, los comunicados a la prensa y los llamados a debatir que son olímpicamente ignorados por un Poder Ejecutivo arrogante y mezquino.
Ahora se suman los recursos de nulidad y jerárquicos interpuestos contra numerosas medidas flagrantemente ilegales, promulgadas por el Ejecutivo, y las iniciativas ciudadanas contra el tren de UPM que ya comenzaron en el Interior y podrían comenzar en Montevideo.
Igualmente, el Poder Ejecutivo se apresta a autorizar unilateralmente el proyecto con la esperanza de tener confirmada la inversión antes de las elecciones.
De los temas ambientales relacionados con este emprendimiento hablamos otro día.
(*) Magister en Ciencias Meteorológicas. Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable).
