Por Nelson Villarreal Durán (*) | @NelVillarreal
Ante la invitación a escribir este artículo, entiendo oportuno reflexionar sobre el enfoque de los Derechos Humanos a partir de cómo se ha posicionado el nuevo gobierno, dejando en “stand by” a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y presentando la Ley de Urgente Consideración (LUC). A continuación, desarrollo el análisis de lo que considero como un proceso regresivo en la vida democrática.
A pesar de que Uruguay pasaba a ser en la última década una democracia plena por sus avances, como lo dijimos siendo parte del gobierno saliente, había zonas ‘’opacas” que mostraban los talones de Aquiles acumulados en décadas y que reclaman segundas y terceras reformas que profundicen las medidas de acrecentar un Estado Social Garantista de Derechos, y no un desmontar procesos que apuntaban a dar garantía a la dignidad humana de todas las personas y colectivos en nuestro territorio. Ya no solo en cuanto a la condición socioeconómica, sino a la diversidad en varios aspectos.
Esas zonas opacas, tales como la dificultad de lograr asumir la desigualdad estructural en lo racial y territorial que viene del pasado lejano, como el caso de los afrodescendientes o sectores con décadas de empobrecimiento que mantenían un porcentaje bajo de indigencia. La deuda con el pasado reciente. Los sectores con vivienda precaria, el acrecentamiento de las personas privadas de libertad, la fragmentación y segregación socioespacial, las muertes por feminicidios, el no reconocimiento de la ciudadanía de los uruguayos en el exterior, no permitiéndoles el voto consular. La resistencia de las empresas al desarrollo de institucionalidades para las personas en situación de discapacidad o pagar salarios acordes a la fuerza de trabajo generada. Asimismo, la dificultad de articular procesos duales en educación y empleo para incorporar al mercado formal y así superar la vulnerabilidad de los sectores en informalidad que, aunque pasaron de 49% al 23%, son el sector mas afectado en el impacto que trae la pandemia actual.
El nuevo gobierno emerge apoyado en la insatisfacción ligada a una visión unidimensional de la seguridad, generándose una disociación entre las múltiples capacidades reinstaladas y algunas de esas “opacidades” que impidieron percibir la integralidad de los logros sociales y de derechos que se habían producido, no solo por quien gobernó, sino por las sinergias entre actores sociales y una respuesta acumulativa que ampliaba derechos a pesar de las dificultades a resolver. Asimismo, la demanda de sectores disconformes con la socialización del capital que presionan para abandonar el Estado Social en distintas dimensiones.
Es en ese contexto que se instala la propuesta de la LUC, antes de asumir el gobierno, centrada no solo en buscar dar respuesta a algunos de los problemas no resueltos o en condición de vulnerabilidad o de solución de demandas, sino que se sitúa como freno o reacción a avances de derechos y al paradigma garantista y de progresividad de derechos que el país ha ratificado en el sistema internacional de derechos humanos. Estructuralmente tiene un enfoque regresivo.
A pesar de que la pandemia cambiará el eje de la emergencia de la sociedad, de un día para el otro ya no son problemas fundamentales los de seguridad pública sino los de seguridad sanitaria, alimentaria o socioeconómica. Hecho que debe llevar a reflexionar un doble aspecto, por un lado que parece ilógico poner en discusión una ley con cientos de puntos, pensada para otro contexto, cambiando la jerarquía de la emergencia y, por otro, descubrir qué manipulable es en el imaginario colectivo qué es una emergencia.
El proyecto de la LUC, en sus distintas versiones y reformulaciones, sigue mostrando estructuralmente por un lado inconstitucionalidad, como se ha planteado por juristas de distinto origen, como regresividad respecto a los compromisos de protección, promoción y garantías asumidos por el Estado uruguayo mediante la aprobación de numerosos tratados internacionales de derechos humanos, así como también por la normativa nacional vigente.
Esto hace difícil que el mejoramiento se acerque a mantener el aspecto garantista y progresivo que debería haber mantenido como acumulación integral de derechos en Uruguay.
La confusión entre temas instrumentales, diseño de políticas públicas, paradigmas en que debe estar apoyado un Estado Social de Derecho Garantista y corrientes ideológicas regresivas en lo social, cultural y económico que obtuvieron respaldo en la coalición, ha instalado un puzle que pone bajo sospecha la democracia plena en la que se venía instalando y centra restrictivamente la misma en la dimensión representativa, las dimensiones participativa y deliberativa de la democracia.
Tomando en cuenta diversas opiniones y nuestro análisis, trasmito la valoración que nos merece el proyecto como parte del debate que tenemos en lo social, académico y político. Es así que distintos catedráticos de Derecho, la Inddhh[1], que tiene un rol de defensor del pueblo, actores sociales y distintas agencias de Naciones Unidas[2] han planteado la regresividad en el enfoque de derechos que supone el proyecto de la LUC.
Se visualiza un debilitamiento de la tutela sobre derechos fundamentales en temas tales como seguridad pública, derecho procesal penal, acceso a la información, derecho de huelga, derecho a la libre circulación, derechos ambientales, legítima defensa, etc.
Hay una tendencia a la concentración e incremento de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, en especial, la autoridad policial, en la resolución de situaciones donde puedan presentarse conflictos de derechos, a la par que se debilitan las garantías individuales y los mecanismos de control ciudadano.
En los temas de educación, la rectoría que busca el MEC verticaliza por un lado decisiones afectando la autonomía, en parte, porque ahí hay varios ejes en conflicto, a la vez que da un rol articulador que baja peso al Estado. Este será más un conflicto de visión ideológica que replantea el paradigma de cómo se construye la educación en Uruguay.
Sin embargo, en los temas de seguridad pública, hay varias disposiciones que debilitan derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y las garantías frente a un arresto. Se conceden atribuciones extraordinarias a la autoridad policial. Agudizar penas va contra todo enfoque progresivo de derechos humanos acordados por el país y agudiza el sistema penitenciario en sus vulnerabilidades.
La creación de nuevas figuras penales son propuestas regresivas, en especial, en relación al sistema penal juvenil, donde las reformas propuestas contravienen además los principios de temporalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, establecidos en la Convención de los Derechos del Niño.
La dimensión de derechos civiles y políticos se afecta en las formas de participación democrática, planteando límites, regulaciones y restricciones a su ejercicio, instalando la idea de restricción más que la de habilitar. Desde un enfoque de derechos humanos, el ejercicio pleno debe ser la regla y la regulación restrictiva la excepción. Los temas de libre circulación, la reglamentación del derecho de huelga o las potestades atribuidas a la Secretaría de Inteligencia en materia de manejo de información o, a la inversa, el desmontar los roles de control necesarios en el flujo o inclusión financiera, muestran cómo se afectan derechos sociales y económicos.
La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia[3] había logrado consolidar los antecedentes para ejercer la rectoría de los derechos humanos en las políticas públicas. La misma, que no cuenta con presupuesto propio, logró resultados haciendo sinergia de recursos con otros organismos, completando así una visión integral. Que hoy no haya designada una persona para el rol muestra la falta de intención política de fortalecer las áreas que dan insumos al presidente y al gobierno sobre la marcha integral de los derechos humanos. La no discordancia de ningún sector de la coalición sobre este tema muestra que hay un giro ideológico. Este supone prescindir de los instrumentos que permitirían efectivamente, y no discursivamente, el monitorio y seguimiento necesario para garantizarlos y seguir siendo parte de un sistema regional e internacional, al cual Uruguay ha contribuido en distintos momentos en favor de la progresividad y no regresividad de derechos. Esto no quita que sea haya mantenido la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente, dado que en este caso se nota la contradicción de visiones dentro de la coalición y que haya un objetivo de los sectores no militaristas de saldar al menos la verdad de los hechos.
(*) Docente de UdelaR y UCU. Exsecretario de Derechos Humanos de Presidencia
Fuentes: [1] https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/sobre-proyecto-ley-urgente-consideracion [2] https://acnudh.org/representante-analizo-proyecto-de-ley-ante-senadores-uruguayos/ [3] Se puede ver el proceso en https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos/
