Por Alfredo Asti (*) | @AlfredoAsti
El ciclo electoral suele ofrecer una postal frecuente, que vuelve a repetirse en todas las campañas. En cada aparición pública de los presidenciables se repiten los temas sobre los cuales dicen estar preocupados los candidatos. La diferencia es cómo se proponen abordarlos y cuánto han hecho por ello, en el marco de las responsabilidades que han desempeñado en el pasado.
Algunos temas resuenan como clichés en aparición pública. Entre otros muchos temas que no suelen faltar, se encuentran el déficit fiscal y la situación del empleo. La diferencia, como decíamos, muchas veces no está en el “qué”, sino en el “cómo”.
En línea con el fenómeno que reseñábamos, tanto desde filas de la oposición como desde el propio partido de gobierno, se manifiesta la preocupación por el déficit fiscal y el aumento del desempleo. Sin embargo, solo hasta allí llegan las coincidencias.
El gobierno, además de estar preocupado, está ocupado en generar condiciones para mejorar el nivel de empleo y en tomar medidas que apuntan a bajar el déficit fiscal. Pero para soluciones genuinas y sustentables para ambas problemáticas el camino es el mismo: el crecimiento con equidad, y para ello, es condición necesaria, generar mayores inversiones.
La promoción de nuestro país para atraer y conservar inversiones, tanto nacionales como extranjeras, es fundamental, y debería ser una Política de Estado proactiva y apoyada por todo el sistema político y social. Del éxito que se obtenga de ello y en el aumento de la actividad que se genere, depende la única solución genuina y sustentable que asegure al mismo tiempo aumentos de los ingresos públicos y del empleo.
Por el lado del empleo, desde el gobierno, además de la promoción de inversiones y el apoyo a sectores productivos con dificultades, también se ha impulsado una serie de nuevas normas legales y reglamentarias para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo, con prioridad para el empleo juvenil y para mayores de 45 años.
En lo que respecta al déficit, se han hecho importantes esfuerzos por limitar los gastos discrecionales del Presupuesto de la Administración Central, con rebaja efectiva del número de vínculos laborales y monto total de remuneraciones (con la excepción deliberada de la Seguridad Pública) y se han dado directivas en igual sentido a las Empresas Públicas (EEPP). No obstante, pese a los logros obtenidos, no es allí donde radica la mayor proporción del Gasto Público, en tanto el mismo se concentra fuertemente en el Gasto endógeno; esto es, en aquel que ya está comprometido y obligado por normas anteriores de origen legal o Constitucional. El gasto endógeno explica el 80% del incremento del gasto en este período de gobierno, mientras el resto del incremento se concentra en áreas prioritarias como Educación, Salud, Políticas Sociales (INAU y MIDES) y Seguridad Pública.
Cuando hablamos de gasto endógeno y su crecimiento nos referimos principalmente a los déficits de la Seguridad Social que hoy suman aproximadamente 1.500 millones de dólares, liderados por los déficits del BPS y la llamada Caja Militar, ambos de similar magnitud, en el orden de los 600 millones de dólares cada uno, pero con muy distinto universo de personas comprendidas. Mientras que el BPS cubre 800.000 prestaciones, el Servicio de Retiros y Pensiones militares solo alcanza a 50.000. Y al respecto aquí también se observa una diferencia importante entre gobierno y oposición, ya que el primero proyectó y aprobó una reforma, más limitada en su profundidad y extensa en términos de efectos temporales de lo que hubiéramos deseado, sí, pero que la oposición no acompañó, a pesar de galantear una y otra vez con su presunta preocupación por el déficit fiscal. Incluso, y con el mismo doble discurso, bloqueó la creación de una contribución especial y transitoria a las altas pasividades militares para disminuir ese importante déficit que paga toda la sociedad.
Además, el gasto endógeno, al igual que el discrecional, está concentrado en los presupuestos de los organismos autónomos del artículo 220 de la Constitución; sobre todo en Educación y Salud Pública (ASSE), donde se concentra el mayor número de vínculos laborales, y en el Fonasa.
Todos los esfuerzos se han realizado, pero los resultados no han sido suficientes en razón de la estructura de la variación del gasto que, como advertíamos, es rígida en un 80% de su composición, dejando un margen de maniobra al gobierno acotado al 20% de la variación total del gasto, donde ya se han tomado múltiples medidas; a pesar de lo cual, al cierre del año 2018, el déficit estructural no ha disminuido lo esperado.
Esto debe tenerse en cuenta para evaluar lo que propone la oposición política y social, cuando pretende hacer creer que, con reducción de algunos gastos superfluos, que ya han sido recortados, no provisión de vacantes de funcionarios públicos, cuyo mayor aumento se ha dado en realidad en los Gobiernos Departamentales, y reducción de locomoción oficial, se puede lograr una disminución significativa del déficit fiscal.
En cuanto a la promoción de inversiones, está la imagen del país. Hay una larga lista de reconocimientos internacionales que ubican a Uruguay en un lugar destacado para la atracción de inversiones por su calidad democrática, siendo una de las 20 democracias plenas a nivel mundial, ubicándose en el lugar 15 del ranking en la materia, según el último estudio de The Economist, del pasado 8 de enero, además de destacarse por la seguridad jurídica e institucional y por ocupar el primer lugar de América Latina en indicadores de transparencia, menores niveles de corrupción y mayor libertad de la región. Un pequeño país que lleva más de 15 años de crecimiento ininterrumpido, con disminución de la desigualdad, al mismo tiempo que redujo notoriamente la pobreza y la indigencia, convirtiéndose en el país de AL que cuenta con la mejor distribución de la riqueza y el PIB per cápita más alto, destacándose entre dos gigantes como Argentina y Brasil, cuyas economías están en serios problemas.
Estos reconocimientos al país, soslayados por algunos actores opositores que desde hace años pronostican una crisis que nunca termina de concretarse, poseen una característica inobjetable, y es que los organismos internacionales que los realizan analizan la realidad en términos comparados, evaluando el contexto económico global y regional, para construir un análisis completo, imparcial, sin intereses electorales atravesados, donde el rigor metodológico es la norma. Sin embargo, la oposición insiste en pasar por alto tales reconocimientos internacionales.
Pero, además, existen varias muestras de confianza en el país, tales como la reciente demanda a la emisión de bonos soberanos, que fue cinco veces superior a la oferta, y la ratificación del grado inversor de Uruguay con perspectiva estable por tres calificadoras de riesgo, una vez más, contradiciendo los pronósticos catastróficos de algunos operadores políticos y empresariales, que auguraban la pérdida del mismo y las fatales consecuencias para nuestro país. Son los mismos que, junto a algunos titulares y editoriales periodísticos, tratan de minimizar los reconocimientos internacionales y crear la sensación de crisis, priorizando sus intereses políticos personales para captar votos en lugar de pensar en lo mejor para el país y su gente.
Incluso, el precandidato presidencial que lidera las encuestas en la oposición, ha manifestado que se revisará el contrato ya firmado de la más grande inversión en la historia nacional (imitando la actitud de su padre, que siendo candidato presidencial le “sugería” a los inversores esperar al resultado electoral). Es la misma persona que ha dicho que, de ser electo Presidente, inmediatamente aplicará un ajuste fiscal, al que llama “dieta” o “shock de austeridad”. Se niega a dar números y dice que aplicará algunos cambios que “la gente no va a entender mucho”, pero al mismo tiempo dice que no se afectará el gasto social, que representa más de las tres cuartas partes del gasto público; por lo cual, parece más un discurso pour la gallerie que una reforma estructural viable, una fogata que ahúma mucho y quema muy poco.
Probablemente tras ese humo estén las verdaderas medidas que intentará tomar en caso de asumir el gobierno, y aquí también vale la pena recordar “la motosierra” de anteriores campañas electorales y, mucho más cercano en el tiempo, las medidas de gobernantes vecinos, tan admirados y celebrados por nuestra oposición.
En síntesis, los principales problemas macroeconómicos del país (déficit y empleo), más allá del gobierno de turno, tienen como principal desafío consolidar la tendencia permanente del crecimiento del país. Llevamos un período inédito de 15 años de crecimiento (13 de ellos luego de recuperado el nivel perdido en el período de crisis 2000-02) caracterizado por la generación de confianza y que ha sido superior al de nuestros vecinos, aprovechando más los vientos a favor y administrando las ráfagas en contra, de manera de compensar sus efectos en la mayor medida posible.
Del proyecto de país que se elija en este año electoral dependerá el rumbo del crecimiento en curso; que podrá consolidarse y expandirse, con mayor equidad, inclusión y justicia social; o bien revertirse, en manos de los que ya tuvieron oportunidad de concretar las medidas que ahora reclaman, pero que en la práctica nunca han aplicado allí donde han tenido oportunidad.
(*) Diputado de Asamblea Uruguay – Frente Amplio.
