Por Felipe Schipani (*) | @FelipeSchipani
Concluido el trabajo de la Comisión Investigadora sobre las licencias irregulares a integrantes de Fenapes, resulta importante resumir las conclusiones a las que se arribaron.
Al inicio del trabajo de la Comisión Investigadora se le solicitó a Secundaria que remita toda la documentación que obrara en su poder sobre el objeto de investigación de la comisión. Así fue como se recibieron miles de folios con muy valiosa documentación.
Es de destacar la remisión de cientos de certificados que presentaban los dirigentes de Fenapes en todos los liceos de todo el país. Los mencionados certificados tenían las mismas características a los presentados por Slamovitz en el liceo de San José.
De acuerdo a la definición del diccionario panhispánico de español jurídico de la Real Academia Española, un certificado es un “Documento acreditativo de una situación o realidad, ordinariamente de hecho, que consta fehacientemente a la entidad que la emite, sea pública o privada”.
En estos certificados Fenapes acreditaba que uno de sus dirigentes iba a participar de una actividad sindical determinado día, que le iba a impedir ir a trabajar al liceo, y que dicha solicitud se hacía al amparo de un convenio existente.
Dichos certificados tenían en su margen superior el membrete “PIT-CNT / Fenapes” y el siguiente texto: “Se deja constancia que xxxxxxxx C.I. xxxxxxxxx participó en actividades encomendadas por el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Las mismas se desarrollaron xxxxxxxxxxxx. Se expide la presente a los efectos de ser presentada ante xxxxxxxxx. Se solicita la justificación de la inasistencia según el Art. 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente de acuerdo al convenio firmado entre Codicen-CSEU”.
Para poder enviar estos certificados a la comisión, Secundaria tuvo que solicitar a todos los liceos del país que busquen en sus archivos y remitieran los que encontraran. Muchos directores liceales respondieron que la documentación se había destruido como ocurre después de pasado un tiempo. Otros indicaron que llamativamente la información había desaparecido. Por tanto, la información enviada a la comisión estamos convencidos de que es solo una muestra de los certificados que efectivamente se presentaron.
La comisión recibió 380 certificados presentados por 88 dirigentes de Fenapes en más de 70 liceos de todo el país. Dichos certificados justifican 550 días de inasistencias. También se recibió información de otros 32 integrantes de la federación que solicitaron la justificación de la inasistencia invocando el artículo 70.10, pero no consta el certificado.
Con estos certificados aportados por Secundaria se comprobó la sospecha que teníamos al solicitar la conformación de la Comisión Investigadora. No se trataba del caso aislado del Prof. Slamovitz, sino que era una práctica generalizada que desarrollaba la cúpula de Fenapes en todo el país.
Como decía, los certificados presentados invocaban la existencia de un convenio entre la CSEU y el Codicen. Concretamente, decían: “Se solicita la justificación de la inasistencia según el Art. 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente de acuerdo al convenio firmado entre Codicen-CSEU”.
De la simple lectura del certificado se interpretaba que el mencionado convenio había modificado el artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente habilitando la justificación de la inasistencia para actividades encomendadas por Fenapes.
Es importante destacar que los sindicatos de la enseñanza ya tienen un convenio que los habilita a contar con horas sindicales. Dicho convenio de febrero de 2007 les adjudica determinadas horas de acuerdo a la cantidad de afiliados.
De la investigación desarrollada podemos concluir que fue la profesora Miriam Arnejo, exdirectora del liceo departamental de San José, la primera en poner en duda la existencia del mencionado convenio en el año 2016. Según expresó en la comisión, le estaban llamando la atención las reiteradas faltas del Prof. Slamovitz, y consultó a la entonces inspectora Maris Montes sobre la existencia del mencionado convenio y esta no le supo responder. También buscó el convenio en las páginas web de los organismos y tampoco lo encontró. Finalmente, consultó sobre fines del 2016 a Jurídica de Secundaria, en donde se le respondió que estaban con mucho trabajo y no podían ayudarla. Así fue como al inicio de 2017 realizó la consulta formal que dio inició al expediente.
Los 33 testigos que pasaron por la comisión fueron consultados sobre la existencia del convenio. Ninguno de ellos pudo declarar que efectivamente lo conocía.
Las actuales autoridades de Secundaria, las exautoridades, los abogados, inspectores, directores, todos fueron categóricos en señalar que no conocían tal normativa.
El trámite de la justificación de estas licencias irregulares consistía en la presentación de los certificados por parte de los interesados en las direcciones liceales. Una vez recibidos los certificados se completaba la “formula 82” que es documento oficial en donde aparecía la solicitud del docente con su firma y la autorización por parte de la autoridad liceal. De la información remitida por Secundaria surge que también ocurría que desde la sede de Fenapes en Montevideo se enviaban por correo electrónico los certificados a los liceos. Generalmente los certificados se presentaban el mismo día en que ocurría la falta, lo que dificultaba el funcionamiento del liceo, ya que no se podía avisar con antelación a los alumnos que no iban a tener clase. También algunos certificados se presentaban con posterioridad a la ocurrencia de la falta, lo que complicaba más la situación pues el docente faltaba sin previo aviso.
De todos estos lamentables hechos que salieron a la luz en el marco de la investigadora, varios de ellos tienen apariencia delictiva. Hubo un perjuicio económico a Secundaria, pues se pagaron miles de horas que no se trabajaron. También hubo un engaño a los directores de los liceos, que de buena fe ante la presentación de los certificados falsos justificaban las inasistencias. Pero sin duda el daño mayor fue a los miles de estudiantes que se quedaron sin clases.
Desde el Parlamento ya investigamos y quedó en evidencia una maniobra gigantesca para defraudar al Estado. Confiamos en que la fiscalía que está investigando estos hechos aplique todo el rigor de la ley a estos docentes indecentes.
(*) Diputado del Partido Colorado.
