Por Raúl Viñas (*) | @Uruguay2035
Hace solamente un año las noticias en estos días de enero lejos de versar sobre la temporada turística, trataban sobre los incendios que devastaron más de 35.000 hectáreas en Paysandú y Río Negro amenazando poblaciones que, como en el caso de Algorta, Orgoroso y Piedras Coloradas, han sido rodeadas por plantaciones masivas de árboles.
Esos mal llamados “bosques”, en realidad, densos monocultivos de especies altamente combustibles, principalmente eucaliptus, se implantaron en algunos casos hasta el mismo límite de las áreas urbanas.
La masiva aforestación de amplias porciones del territorio nacional ha sido facilitada por subsidios, leyes y decretos impulsados por un muy activo lobby forestal en el que se integran poderosas multinacionales y fuertes grupos económicos nacionales, organizados en la Sociedad de Productores Forestales (SPF), que se resiste todo tipo de regulación de sus actividades en base a declarar un supuesto autocontrol y apego a las denominadas “buenas prácticas forestales”.
La falta de adecuada regulación y control de las plantaciones forestales se evidenció cuando los incendios, originados en un vehículo que se incendió en la ruta 25 y de acuerdo con declaraciones del ministro de Ambiente, en un vertedero de la empresa UPM; cobraron fuerza al encontrar macizos forestales altamente combustibles con insuficientes fajas de seguridad sobre las que preparar cortafuegos, fajas que además se encontraban en algunos casos cubiertas de vegetación, incluso “chircas”.
Las poblaciones amenazadas se salvaron por el concentrado esfuerzo de los Bomberos y el denodado trabajo de los vecinos, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y las intendencias. En algunos lugares, como en la Colonia Arroyo Negro, fueron solo los vecinos los que detuvieron el fuego, que únicamente pudo ser controlado después de unas providenciales lluvias.
Finalizado el incendio, grupos de vecinos y organizaciones sociales de las zonas afectadas organizaron lo que se denominó “mesa de diálogo”, cuya primera reunión se realizó el 25 de enero, a menos de tres semanas de extinguidos los incendios, con amplia presencia de diferentes estamentos gubernamentales y las empresas forestales involucradas, para analizar la situación que posibilitó los incendios y evitar su repetición.(1)
La mesa de diálogo terminó redactando un proyecto de ley para imponer condiciones y controles a las plantaciones forestales, sin que terminaran participando de la discusión las empresas forestales que se retiraron de la mesa, y sin apoyo del Poder Ejecutivo que tan temprano como el 11 de enero había firmado con la SPF un ampliamente publicitado “acuerdo voluntario”(2). Ese acuerdo resultó no vinculante y solo sería aplicable a los pocos más de 90 productores nucleados en la SPF que voluntariamente accedieran a cumplirlo.
Aun así fue ampliamente publicitado como una muestra de responsabilidad de las empresas forestales. Evidentemente, ese acuerdo no pasó de ser un saludo a la bandera, sin consecuencias ni control estatal, pero que sirvió como distracción, evidenciando además el poder de la SPF, que logró ese ventajoso acuerdo con el Poder Ejecutivo en menos de una semana.
El proyecto de ley de la mesa de diálogo fue entregado a diputados integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara Baja, la que después de estudiarlo lo ingresó al plenario de la Cámara con la firma de todos sus integrantes a fin de darle estado parlamentario, un hecho del que hay pocos precedentes.
En el estudio del tema la Comisión recibió a delegaciones de la Dirección General Forestal, de la Dirección Nacional de Bomberos y de la mesa de diálogo, no habiendo habido solicitudes de audiencia de ninguna otra organización empresarial o de otro tipo para discutir el tema con la Comisión. Esta terminó enviando el proyecto, con modificaciones y cambios de redacción al plenario de la Cámara que lo votó afirmativamente y lo envió al Senado.
El proyecto ahora en el Senado recoge muchas iniciativas surgidas en el combate a los incendios, recomendaciones de Bomberos y normas de derecho comparado en vigencia en otros países. Algunos de los aspectos más discutidos y a los que se opone duramente la SPF son el establecimiento de un área de exclusión de 500 metros desde las áreas urbanas, lo que ya está vigente por reglamentación local por ejemplo en Guichón, y sobre cuya conveniencia se expresó en su momento el ministro de Ambiente, que incluso llegó a decir erróneamente que esa disposición ya estaba incluida en el decreto 405/21(3).
Otros aspectos muy resistidos por la SPF tienen que ver con los mal denominados “cortafuegos”, en realidad fajas de seguridad que pueden servir para establecer cortafuegos, cuyo ancho pasa de los 12 metros actuales a 20 metros en el proyecto a estudio. Lo mismo sucede con la obligatoriedad de generar por parte de las empresas forestales planes de prevención para cada plantación, así como la reglamentación y control de los raleos y podas en los límites de las plantaciones y a los lados de las fajas de seguridad.
Podemos esperar una dura resistencia del lobby forestal a esta regulación que tiene por propósito garantizar la seguridad de la población en zonas de plantaciones masivas de árboles, defender a los productores linderos de los riesgos de los incendios forestales y hacer más segura la labor de combate a esos incendios.
La amenaza y la mentira ya afloraron con referencias de la SPF a la posibilidad de pérdida de tres mil empleos en el sector si se aprueba la ley, eso cuando las labores de podas, raleos y mantenimiento de las fajas de seguridad que hoy no se hacen y que ahora serán obligatorias son intensivas en empleo.
Pero quizá el mayor peligro para este proyecto sea el de las apelaciones, ya vistas en ocasión del veto presidencial a las modificaciones a la ley forestal, a la “libertad” y el “derecho a la propiedad”, los que de ninguna manera son objeto de limitación alguna en este proyecto.
La disyuntiva es ahora entre la seguridad de nuestra gente y la ganancia de las multinacionales que dominan el sector forestal y procuran manejar a su conveniencia las decisiones gubernamentales.
(*) Magister en Ciencias Meteorológicas. Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable).
Referencias:
(2) https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/mgap-ambiente-acordaron-sociedad-productores-forestales-nuevas-medidas-para
(3) https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/noticias/autoridades-nacionales-locales-productores-pobladores-paysandu-rio-negro
