Por Raúl Viñas (*) | @Uruguay2035
Fue el año pasado, no hace tanto, el 20 de diciembre (hace solo tres semanas). Allí nos enteramos que mientras en Uruguay los preparativos para que UPM tenga su nueva planta de celulosa sobre el Río Negro avanzan, en Finlandia el Tribunal Administrativo Supremo rechazó por motivos ambientales la construcción de la planta de celulosa propuesta por la empresa Finnpulp.
La planta que pretendía construir la firma finlandesa Finnpulp iba a ser la más grande de Europa. Con una producción de hasta 1.2 millones de toneladas anuales de celulosa, esta planta hubiera sido del tamaño de las que ya operan en Uruguay, y la mitad de la proyectada por UPM para el Río Negro que producirá hasta 2.4 millones de toneladas anuales.
Si bien la propaganda de UPM y de nuestro gobierno ha insistido en instalar la idea de que las plantas de celulosa en Uruguay son las más controladas del mundo, y que aplican las mejores tecnologías disponibles, el dictamen del tribunal finlandés nos muestra una imagen muy diferente.
A diferencia de las plantas en Uruguay, la finlandesa habría contado con un sistema terciario de tratamiento de efluentes, por lo que estos tendrían concentraciones de contaminantes muy inferiores a las de las plantas ya instaladas en Uruguay y también la que se propone sobre el Río Negro.
A modo de ejemplo, el vertido de fósforo de la planta finlandesa sería la tercera parte de lo que vierten las plantas de UPM y Montes del Plata al Río Uruguay para un volumen de producción similar. Un máximo de 25 kilogramos por día fue lo que no se permitió en Finlandia, contra los 75 kilogramos que arrojan las plantas operando en nuestro país.
Como ya publicamos en la contratapa del 18 de octubre pasado(1), UPM no tuvo en cuenta las recomendaciones incluidas por los técnicos de la Dinama en el informe final que sirvió para autorizar la planta justo antes de la visita a Uruguay del gerente de UPM, el Sr. Jussi Pesonen, recomendaciones que de ser tenidas en cuenta ayudarían a reducir el volumen de fósforo en los efluentes.
Aun con esa concentración de contaminantes muy por debajo de los que generará la planta de UPM en el Río Negro, el tribunal finlandés determinó que “la carga total habría sido tan grande que habría habido un riesgo de contaminación significativa del agua, prohibida por la Ley de Protección Ambiental”, y negó el permiso(2).
En Finlandia, el proceso de estudio y evaluación de esa planta llevó casi cinco años. Intervinieron en el mismo, sucesivamente, agencias locales, regionales y nacionales, hasta llegar a la decisión final e inapelable de no permitir la planta.
Eso sucedió por la aplicación de normas europeas que obligan a analizar y evaluar, además de los vertidos diarios o mensuales, el impacto acumulativo del proceso de contaminación en la vida útil del proyecto. Al no cumplir este requisito, la propuesta de Finnpulp fue rechazada en un proceso que contó además con la intervención de jueces expertos en temas ambientales.
En comparación con los cinco años del proceso en Finlandia, en Uruguay el gobierno se comprometió por contrato a tomar la decisión en 12 meses desde la presentación del proyecto. El tiempo efectivo del análisis ambiental fue de menos de nueve meses, ya que UPM solo presentó el proyecto para su estudio el 3 de setiembre de 2018, y el mismo fue aprobado por resolución ministerial el 14 de mayo de 2019(3).
Esa autorización “exprés” de la planta de UPM no fue sin irregularidades, como que las audiencias públicas establecidas por ley tuvieron lugar durante el período de la etapa de puesta de manifiesto del proyecto, o que la empresa contestase preguntas y observaciones al mismo solo dos meses después de que se le otorgara la autorización ministerial. Eso convierte las etapas previstas en la ley que mandata la intervención ciudadana en audiencias y consultas en una burla a los ciudadanos.
Algo similar se había dado previamente con el proceso departamental en Durazno que modificó la categorización de los terrenos elegidos por UPM para su planta. Estos predios pasaron de ser terrenos rurales e incluso rurales naturales (en los que se limitan hasta las actividades agropecuarias) a ser terrenos suburbanos aptos para industrias. Esto fue realizado sin seguir los procedimientos de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, sin realizar las audiencias públicas previstas en el Decreto 523/2009.
En tiempos en que se da justificado valor a la “seguridad jurídica”, ese tipo de actuaciones la degrada y destruye, restando seriedad a los procedimientos ambientales e indicando a propios y extraños que con la adecuada presión se pueden torcer las normas del país.
Fuera de lo ambiental, otra diferencia que se verifica al analizar el proyecto rechazado de Finnpulp en Finlandia y el aprobado para UPM en Uruguay, tiene que ver con el empleo que podrían generar esas plantas.
En Uruguay se habló de miles y miles de empleos. Los números que comenzaron en 8.000 se elevaron en el fragor de la contienda electoral del año pasado a 10.000 y hasta 15.000. Mientras tanto, en Finlandia se indicó que la planta de Finnpulp hubiera generado un total de 3.400 puestos de trabajo, 200 de ellos en la planta propiamente dicha.
También la forma de contabilizar el empleo en la etapa de construcción de las plantas presenta grandes diferencias metodológicas en Uruguay y en Finlandia.
Mientras en Uruguay se habla de 3.000 empleos con picos de 5.000 o hasta 6.000 en la construcción sin especificar su duración, en Finlandia el volumen de empleo se planteó para la obra en “5.000 años hombre”, un concepto mucho más preciso que permite calcular mejor el efecto de la obra en el empleo y la economía. Ese valor de 5.000 años hombre indica que la planta podría ser construida por 5.000 personas en un año o 1.000 personas trabajando cinco años.
Otro punto relacionado al empleo que no se contabiliza en Uruguay, es que al finalizar la construcción se generan seguros de paro que deben ser pagos por el BPS, reduciendo aún más el efecto económico de la obra en el empleo.
Hoy la planta de UPM en Fray Bentos emplea a 230 personas de un total de 515 que trabajan en la Zona Franca. Los estudios presentados últimamente completan la imagen al confirmar que el empleo registrado en el BPS para la denominada “cadena forestal” solo incrementó en 1.700 personas entre 2007 y 2018, período en que también comenzó a operar la planta de Montes del Plata en Punta Pereira, que se anunciaba como generando 7.000 empleos(4).
Evidentemente la situación en Finlandia y en Uruguay respecto a las plantas de celulosa es muy diferente. Frente al análisis técnico y el cero involucramiento político que se verifica en Finlandia, aquí reina la propaganda empresarial y el compromiso político irresponsable que hipoteca o entrega directamente los recursos locales, comprometiendo así el futuro del país a cambio de migajas que no son más que hambre para mañana.
Es como si fueran dos mundos diferentes, siendo el nuestro aquel en que se vienen a asentar proyectos y actividades con características que los hacen inaceptables en los países más desarrollados del planeta.
Una situación que nos debiera avergonzar y que nos obliga a trabajar unidos para modificarla y hacer que la sostenibilidad ambiental sea la medida que determine la aceptación o no de aquellos proyectos, emprendimientos o propuestas que se pretendan realizar en nuestro territorio, ese que hoy usufructuamos como un préstamo que recibimos de nuestros hijos y nietos.
Ahora que se plantea y se comenta, incluso desde esta misma publicación la semana pasada, sobre la jerarquización de los temas ambientales a nivel de gobierno con la creación de un Ministerio de Ambiente o del Ambiente, es un buen momento para integrar el mandato de la sostenibilidad ambiental como motto de ese ministerio.
Fuentes:
- http://www.cronicas.com.uy/contratapa/no-hay-ambiente-para-las-elecciones/
- https://yle.fi/uutiset/3-11123488
- https://www.dinama.gub.uy/oan/proyectos/planta-de-celulosa/
- https://www.montevideo.com.uy/Noticias/-Que-impacto-real-tuvieron-las-papeleras-en-el-empleo-salud-y-la-forestacion-en-Uruguay–uc738277
(*) Magister en Ciencias Meteorológicas. Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable).
