Por Mónica Xavier (*) | @EsMonicaFA
El 2020 será recordado como el año de la mayor pandemia en un siglo. El covid-19 dio vuelta como una media la forma de relacionamiento humana, al extremo que en sus inicios, literalmente, paralizó el mundo.
Lo único cierto es que el mundo ya no será el mismo, y si tratáramos de que todo siguiera igual, aún menos futuro que antes tendríamos. La pandemia nos hizo más desiguales, y evidenció como imprescindible e insustituible un Estado fuerte en áreas esenciales. Tan cierto es que el virus no distingue clases sociales como que impacta más fuertemente a los más vulnerables. Allí el Estado se debe transformar en el escudo de los más débiles.
Sociedades más integradoras que hasta ahora es el enorme desafío que tenemos por delante.
El 13 de marzo se declaraba la emergencia sanitaria en nuestro país. Sin embargo, el gobierno nacional remitió la ley de urgente consideración (LUC), sin una sola referencia a la pandemia. El mecanismo había sido anunciado pero no así su contenido. La LUC incluye una vastedad de temas que por su diversidad, contrarían la naturaleza y el sentido de una ley de urgente consideración. El constituyente incorporó este mecanismo en la Constitución de la República -por la especificidad y carácter extraordinario- en el entendido que se tratara una sola por vez. El constituyente y el espíritu de las leyes de urgente consideración jamás fue el de amontonar 500 leyes en una. Eso en lo que se obstinó el gobierno de Lacalle Pou y que no tiene precedentes.
Las fuerzas sociales y el Frente Amplio (FA) impugnamos varios artículos de la misma por la vía de un referéndum. En estos días se comienza con la titánica tarea de recolectar unas 700 mil firmas para anular una larga cantidad de artículos absolutamente regresivos incluidos en la LUC. Ello supone un gran esfuerzo militante, incrementado por los cuidados que la situación sanitaria impone. Es tan grave todo lo que incluye esa ley que no hay esfuerzo que sea en vano para ponerle freno.
También en este año se definió el Presupuesto Quinquenal 2020 -2024. El gobierno de derechas neoliberal urdió una propuesta retardataria, que recorta las políticas sociales y educativas, en las que tanto se había avanzado en los tres gobiernos progresistas.
Nosotros vamos a dar todas las peleas democráticas y debates posibles para no retroceder en educación, en que no se rematen las empresas públicas y tantas áreas más en las que tanto se ha avanzado y de un plumazo nuevamente un gobierno encabezado por un herrerista intenta desmantelar.
El presidente Lacalle Pou es prisionero de su dogmatismo genético neoliberal, y solo ello puede explicar su obstinación en raquitizar el Estado aun en plena crisis sanitaria y económica. A tal punto que la conducción económica de la ministra Azucena Arbeleche es la que menos recursos le brinda a la sociedad en toda América, para intentar paliar los terribles impactos de la pandemia. ¿Cómo explicarlo? No hay dos formas: ausencia absoluta de sensibilidad social. Cien mil compatriotas recayeron en la pobreza en tan solo nueve meses. El presidente habla de “solidaridad” con gesto compungido en su cadena televisiva número mil y no da ni una señal de piedad para esos compatriotas.
Mientras el mundo destina recursos extraordinarios para amortiguar los impactos de esta pandemia, el gobierno de Lacalle y la conducción económica de Arbeleche, llevó adelante un ajuste fiscal que contrajo recursos para destino social. Se desmantela el Mides -al ministro Pablo Bartol todavía lo están esperando en Casavalle, donde dijo que mudaría la sede del Mides-, creado por el presidente Vázquez en el 2005 cuando los gobiernos que hoy gobiernan nuevamente dejaron una tendal de 40 % de personas en la pobreza y la indigencia.
Por si fuera poco, en este año de pandemia y retracción, la derecha gobernante decidió aumentar los cargos de confianza y los salarios de los jerarcas. No terminaron de sentarse en los sillones que tanto extrañaban, que para volver a ocuparlos solo pusieron una patriótica condición: aumento de salario (y que las promesas se las lleve el viento).
No termina allí la embestida neoliberal ni la pandemia representa obstáculo para desmantelar las empresas públicas. La pandemia se ha transformado casi que en una suerte de aliado de este gobierno para que pasen por debajo del radar ajustes de tarifas, pérdidas salariales y jubilatorias, cercenamiento de derechos. En ese marco, las empresas públicas vuelven a ser un tema crucial: al igual que Lacalle padre en 1991, su hijo se afana en mostrarlas ineficiente y privatizarlas. ¿Alguien conoce el Plan Estratégico de Antel para los próximos años? Nadie. ¿Por qué? Porque no existe.
Pero no vamos a dejar que bajo la única palabra que sabe mencionar el actual presidente de Antel, auditoría, se desmantele la fibra óptica al hogar, la banda ancha, el cable submarino, la telefonía celular móvil. No vamos a permitir que se nuble la importancia de todo lo avanzado que hoy permite el teletrabajo, la telemedicina, la educación a distancia.
El presidente Lacalle Pou ha hecho caso omiso a las múltiples iniciativas del FA, el mayor partido del Uruguay. Se equivoca el presidente al no dialogar. Se equivoca al gobernar en forma exprés y por pseudo conferencias de prensa. Se equivoca al querer refundar y desmantelar un Estado que tanto costó reconstruir y modernizar en estos 15 años de gobierno progresista. Se equivoca si piensa que dándole la espalda al partido que representa a medio país y dándole la espalda a las organizaciones sociales, va a buen puerto. Por el contrario.
Este 2020 también trajo los ataques y presiones a la justicia y a la Fiscalía General de la Nación por parte de un socio de la coalición gobernante. Actos condenables por antidemocráticos. El Informe regional para América Latina del Estado Global de las Democracias advierte sobre restricciones ilegales, desproporcionadas, indefinidas e innecesarias a nuestras democracias.
Aunque nuestro país ha destacado hasta ahora en la región y en el mundo por su fortaleza democrática, es justamente por ello que debemos seguir defendiendo la democracia y las instituciones y no debemos permitir su debilitamiento ni por acción, ni por omisión.
Las denuncias por abusos policiales son parte de todo este estado de prepotencia legitimada que trajo la derecha, las cuales se repiten a través de operativos policiales en varios lugares del país. Más de una grabación muestra esos abusos. La edición de imágenes del desmedido operativo en Plaza Seregni es la muestra por antonomasia de la confusión republicana del ministro Jorge Larrañaga. Policías al grito de “la LUC lo permite”, apalean y zarandean a personas en barrios populares.
La reciente Ley que reglamenta el artículo 38 de la Constitución -votada por la coalición de gobierno- suma negativamente a todo lo anterior al limitar derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
La pandemia eclosionó nuevamente el gen autoritario de la derecha.
La denominación “pandemia silenciosa” es la designación a varios fenómenos que con el covid-19 se han agravado, a pesar de no ser nuevos: ansiedad, angustia, depresión se ven agravadas por el aislamiento y las consecuencias inciertas en todos los planos.
El ser humano es gregario y gestionar las expectativas en confinamiento se vuelve muy difícil para muchas personas. Debemos combinar el aislamiento físico con cercanía afectiva.
Las cifras de violencia de género tienen una escalada brutal en el mundo, a la que nuestro país no es ajeno. El hogar es el sitio más inseguro para muchas mujeres y niños; el encierro por largos períodos de víctimas y victimarios aumenta el potencial de violencia y disminuye las posibilidades de pedido de ayuda. Hay que saber leer estas realidades antes de salir a festejar descensos de denuncias cuando todos sabemos que la realidad no es de disminución de violencia sino exactamente al revés. El cinismo y la mentira no son buenas compañías. La Revista Derechos Humanos, de la Fundación de Cultura Universitaria, trata este tema con la profundidad, seriedad y sensibilidad que este azote social nos demanda.
El 2020 fue también el año en que se conoció la mayor red de explotación sexual de adolescentes en nuestro país, ligada a hombres poderosos. Aún no sabemos el final porque la causa judicial y las investigaciones continúan, lo que sí sabemos es que la condena social sobre estos hechos es inexcusable y su prevención impostergable.
Ante toda esta realidad, lejos de bajar los brazos, vamos a seguir luchando por una sociedad más justa, por la defensa de los derechos conquistados, porque tengamos un mañana cada día mejor a pesar de todos los obstáculos que presenta esta realidad a veces desoladora.
El próximo febrero nuestro FA cumple 50 años. Tenemos una enorme responsabilidad de haber acumulado el apoyo de medio país, de ser la mayor fuerza política de Uruguay desde hace 20 años. Superamos el agravio, la persecución, el destierro. Somos una fuerza pacificadora, firme y de cabalidad democrática como ninguna.
Hace pocos despedimos a Tabaré. Su pueblo llenó las calles de manera espontánea, algo histórico, memorable y el justo tributo a un líder que le devolvió a su pueblo derechos, dignidad y esperanzas. Por eso este año tan duro, quizás con más fuerza que nunca debamos gritar: ¡Hasta la victoria, siempre!
(*) Exsenadora de la República, expresidenta del Frente Amplio.