Por Luis Almagro (*) | @Almagro_OEA2015
El aumento de la minería ilegal transfronteriza en diferentes puntos de las Américas debe ser motivo de gran preocupación porque provoca la contaminación de los ríos por el uso indiscriminado del mercurio y la destrucción del medio ambiente -en particular de tierras habitadas por pueblos indígenas- y el aumento de las violaciones de los derechos humanos, como la trata y el asesinato de activistas ambientalistas.
Esta semana mantuve una reunión con activistas ambientalistas de la región, quienes denunciaron que la minería ilegal se ha convertido en un problema transnacional, que afecta territorios comunes de las fronteras binacionales de la región y que las mafias del crimen organizado algunas veces actúan en connivencia con gobiernos subnacionales locales.
En el caso de Nicaragua, advirtieron que hay más de un centenar de concesiones mineras, siendo el oro el principal rubro de exportación del país y que el 30% de la actividad minera es ilegal. Expresaron su preocupación por la contaminación con altos niveles de mercurio del Río San Juan, que es de carácter binacional.
En el caso de Venezuela, señalaron que son el Estado y el gobierno los que promueven activamente la minería ilegal, en concierto con grupos ilegales, causando un grave deterioro al medio ambiente, en especial en la cuenca del Orinoco y en lo que denominan “Ecocidio”, con un especial impacto para los pueblos indígenas que habitan las márgenes del río.
En el caso venezolano, la organización no gubernamental SOS Orinoco publicó a principios de este año un informe que advirtió sobre “el rápido e incontrolado aumento de la actividad minera en la zona de desarrollo estratégico nacional” conocida como Arco Minero del Orinoco (AMO).
Con una extensión de terreno de alrededor de 111.000 kilómetros cuadrados (más del 60% del territorio de Uruguay), el AMO alberga decenas de espacios naturales protegidos, incluidos varios parques nacionales, y en su seno se han localizado grandes reservas de oro, cobre, diamantes, coltán o bauxita, entre otros minerales de gran demanda de mercado y que son explotadas por el crimen organizado.
Los activistas también denunciaron que el modus operandi del crimen organizado consiste en explotar yacimientos mineros en áreas protegidas y parques nacionales, donde paulatinamente se instalan y avanzan en la explotación de la minería ilegal.
En este sentido, advirtieron del alto grado de contaminación de los ríos por el uso indiscriminado del mercurio, lo que envenena a peces y mariscos, principal fuente alimenticia de los pueblos originarios que habitan en las orillas de los ríos de nuestro continente. Los activistas señalaron que los alimentos contaminados por el mercurio afectan en particular a niños y niñas.
Otro de los efectos negativos de la minería ilegal es que ayuda a desarrollar esquemas de economía ilegal que sirven para cobijar otras actividades ilegales que maneja el crimen organizado, como son el narcotráfico y el lavado de activos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio es muy tóxico para la salud humana y supone una amenaza sobre todo para el desarrollo del niño en el útero y en los primeros años de vida. Para la OMS, el mercurio es uno de los 10 productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Asimismo, los activistas manifestaron su preocupación por el aumento explosivo de la migración en los últimos años, lo que ha permitido un mayor movimiento de grupos criminales que explotan la trata de personas y que también intimidan, amenazan y -en algunos casos- asesinan a los activistas que denuncian y se oponen a sus actividades ilegales.
En tanto, un informe de la Alianza Consejo Político en Defensa de los Territorios publicado en abril de 2023, advirtió que la minería ilegal aumentó más de ocho veces en la Amazonia entre 2016 y 2022. El informe señaló que los pueblos originarios Kayapó, Mundurukú y Yanomami, se encuentran entre los más afectados por el avance de la minería ilegal en la Amazonia. En febrero de este año me reuní con los líderes Yanomamis Davi Kopenawa y Dário Kopenawa, quienes denuncian la invasión de garimpeiros en sus territorios ancestrales y protegidos para explotar la extracción de oro ilegal, algo que las acciones gubernamentales procuran revertir al presente.
La labor de la OEA y el DDOT
Desde la OEA y como resultado de la implementación desde principios de 2020 de un programa de asistencia técnica por parte del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) para fortalecer la lucha contra la minería ilegal en varios Estados miembros, el DDOT ha identificado que todos los países de la región enfrentan dificultades para controlar la importación y el uso de mercurio en actividades mineras de pequeña escala. Este problema está presente tanto en la minería artesanal, donde se otorgan permisos especiales por parte de la autoridad estatal, como en la minería ilegal, donde no se otorgaron concesiones ni permisos.
El DDOT ha identificado el uso extensivo y descontrolado de mercurio en campos de explotación ilegal como un indicador de actividad delictiva paralela y una brecha amplia en el control del mercado de suministros ilegales en esos Estados.
Desde esta perspectiva, la información recopilada por el DDOT de las fuerzas del orden muestra la necesidad de una mayor coordinación en las acciones para combatir los grupos del crimen organizado transnacional ubicados en áreas de explotación ilegal de minerales. A pesar de que algunos países de la región cuentan con mecanismos robustos para privar a las organizaciones criminales de sus activos ilícitos (como la legislación sobre Extinción de Dominio), algunos de los procesos de identificación, localización, el decomiso y la disposición de los bienes decomisados en las investigaciones por minería ilegal necesitan revisión y actualización.
El hecho de que la mayoría de los Estados miembros de la OEA sean signatarios del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, muestra voluntad política y predisposición para actualizar sus mecanismos de prevención y control para cumplir con los estándares internacionales para el almacenamiento y uso del mercurio.
Hora de actuar
No nos podemos quedar de brazos cruzados frente al avance depredador de la minería ilegal, cuyos efectos son devastadores para el medio ambiente y en especial, nuestros pueblos originarios.
Desde la Secretaría General de la OEA apoyaremos los reclamos de los ambientalistas para visibilizar el tema con el objetivo de que sea incluido en la agenda de los países miembros de la organización.
La minería ilegal es uno de los principales problemas que las comunidades latinoamericanas deben enfrentar, esta dimensión del crimen organizado trae consigo violencia, ecocidio y corrupción. Por otra parte, se ha transformado en una de las principales actividades económicas de dos de los regímenes dictatoriales del hemisferio, estos regímenes han impulsado una nueva dimensión neoextractiva que prácticamente opera sin sanciones, sin responsabilidad ambiental en los principales mercados del mundo, y trae consigo asesinatos en comunidades indígenas, genera cambios irreversibles en sus condiciones de vida y envenena sus aguas con mercurio.
Ya sea por la existencia de regímenes dictatoriales corruptos, ya sean gobiernos subnacionales completamente infiltrados o cooptados por el crimen organizado que genera la minería ilegal, esta y el dinero de la misma se han transformado en uno de los principales enemigos de la democracia en la región.
La Convención de Minamata, sus contenidos y obligaciones, se han transformado en vitales para las comunidades, sociedades y sistemas políticos del hemisferio. El tráfico ilegal de mercurio se ha transformado en un instrumento de muerte, lo cual hace absolutamente necesaria la implementación de los controles previstos en la Convención, para prevenir y resolver acciones que atentan cruelmente contra el derecho a la salud en el continente.
Los activistas hicieron hincapié en la necesidad de controlar el tráfico ilegal de mercurio en el continente, elemento clave en la explotación ilegal de la extracción del oro y otros metales preciosos. Plantearon realizar investigaciones para identificar a las redes que trafican mercurio, sus rutas de comercio ilegal y a las organizaciones del crimen organizado -internacionales y nacionales- que operan y lucran con este negocio.
Es necesario acordar políticas a nivel de los Estados miembros para combatir el tráfico ilegal de mercurio e imponer duras sanciones económicas a las empresas que se beneficien de la minería ilegal.
Cuanto más crezca la minería ilegal, en mayor peligro estarán nuestras democracias y el Estado de Derecho, pues su negocio crece en las sombras y -al igual que el narcotráfico- en los lugares donde hay un vacío de poder y el Estado está ausente.
(*) Secretario general de la OEA.
