Por Nibia Reisch (*) | @NibiaReisch
En un continente lamentablemente caracterizado por la elevada delincuencia, Uruguay, uno de los países más apacibles de América Latina, registra históricamente una de las tasas de criminalidad más bajas de la región.
No obstante, nuestro país atraviesa tiempos difíciles, distintos, con la mayoría de los delitos directamente ligados al narcotráfico y a la actividad de gavillas de segundo o tercer orden, que implantan serios riesgos de seguridad para el país. La cantidad de homicidios ha crecido desde el retorno de la democracia, lo que deja al desnudo una falta de políticas de Estado de largo aliento, y las consecuencias están a la vista.
Ello no pasa desapercibido para la mayoría de los ciudadanos, independientemente de sus preferencias políticas.
Las cifras oficiales del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior muestran que en el primer trimestre de 2023 los homicidios bajaron 7,9% respecto al mismo período de 2022, pasando de 101 a 93. Hubo 1.820 hurtos menos, un descenso de 5,8% en el mismo período, y una caída en el número de abigeatos, de 11,4%, pasando de 281 denuncias en 2022 a 249 en el primer trimestre de este año.
No obstante, en las rapiñas se detectó un incremento, pequeño, pero incremento al fin, del 2,6%, igual que en los casos de violencia doméstica y de género, que tuvieron una suba de 4,3%.
En lo que refiere a los homicidios, es irrefutable que en su mayoría -salvo casos específicos de feminicidios, otro flagelo que azota a Uruguay- están directamente vinculados al negocio de las drogas, existiendo enfrentamientos entre bandas que se disputan territorios principalmente en la zona fronteriza con Brasil y en el área metropolitana.
En su momento la Policía dio a conocer que había identificado 45 clanes familiares criminales en Montevideo. La zona metropolitana es hoy la más peligrosa del territorio nacional, y en especial las áreas norte y oeste de la capital del país.
Algunos, sino muchos, de esos asesinatos están conectados con otros homicidios previos, y todos ellos generalmente asociados al microtráfico de drogas. Se ha llegado al extremo de que los habituales cruces de disparos entre familias narco obligan a los vecinos a mantenerse en sus casas sin poder asomarse por miedo a ser víctimas del fuego cruzado.
Hace ya un tiempo se viene dejando de lado la letanía del anquilosado discurso y el viejo paradigma de que quienes delinquen provienen de familias de bajos recursos, de contextos vulnerables, porque las políticas públicas no les dieron la posibilidad de inserción en la sociedad y por ello el Estado es el responsable y el gran culpable de la delincuencia.
Gran parte de lo señalado primeramente es así, y negarlo sería una necedad. Hay problemas endémicos (pobreza, falta y precarización de trabajo, actualización y mejora de la educación, reaparición de las ollas populares utilizadas como forma de adoctrinamiento político-ideológico en su mayoría) que los sucesivos gobiernos han abordado con mayor o menor éxito, pero que ninguno ha logrado erradicar.
Los delincuentes más jóvenes matan para ser respetados en el bajo mundo, como prueba de admisión para ingresar a una banda, por dinero para adquirir drogas, por venganza, u otros.
Mal que nos pese, la intrusión de las drogas en la sociedad uruguaya modificó el comportamiento de todos sus integrantes, y lo hizo para mal.
Si bien los enfrentamientos entre bandas dedicadas al microtráfico de estupefacientes en nuestro país se venían gestando desde hacía años, la Ley N° 19.172 de 20/12/2013, de Regulación y Control de Cannabis, fue un mojón que contribuyó a agravar el problema.
En teoría apuntaba a establecer medidas para minimizar los riesgos y reducir los daños del uso de esa sustancia. El propio presidente José Mujica decía entonces que el objeto de la ley era instaurar “una medida contra el narcotráfico (para) robarle mercado”. Al ser el primer país del mundo en legalizar el mercado de marihuana -y llamar la atención internacional por ello- Uruguay asumió un audaz desafío: pugnar por el negocio de esa droga, desde la producción hasta la venta, a los narcos.
Lo cierto es que, casi una década después de la aprobación de la ley, los resultados en materia de drogas son, cuando menos, ambiguos, turbios, imprecisos, por no decir que resultaron una verdadera desilusión.
Cuando los narcos entran en conflicto no es por el mercado del cannabis, sino por otras sustancias. Las bandas no solamente venden drogas, sino que también trafican armas, se vinculan con los robos en barrios, e incluso se dedican a la trata de personas. Sostener que la legalización de la marihuana podía reducir la violencia o imponerse al narco fue un verdadero desatino.
Nuestro país ocupa un enclave cardinal para el narcotráfico internacional. Las fronteras terrestres con Argentina y Brasil tienen una gran porosidad, y además nuestro país es puerta de entrada para el continente americano y de salida para Europa y África. Además del de Montevideo hay dos puertos importantísimos, como son el de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, principal puerto de cargas del país, y el puerto de Colonia del Sacramento, principal puerto de ingreso de pasajeros.
La población percibe, y no es una sensación térmica, que la violencia va en aumento, tanto en cantidad de homicidios como en virulencia. Diariamente los medios de prensa dan cuenta de asesinatos, y la inesperada aparición de cuerpos baleados o acuchillados, tirados en descampados o alcantarillas, y hasta desmembrados, modalidad propia de los ajustes de cuenta de los grupos narcos y de la disputa de territorios. El sicariato, es decir, el asesinato por encargo, no era una costumbre en nuestro territorio, pero desde hace algunos años escuchamos casos de esa índole.
En ocasiones, Uruguay duele.
Las fuerzas policiales y de la Dirección Nacional de Aduanas requieren una mejor preparación, una profesionalización seria para enfrentar el aumento de droga y los delitos asociados a esta. La principal faceta por tomar en cuenta es la necesidad de depuración de los cuadros funcionales. Tanto en el Ministerio del Interior como en Aduanas hay funcionarios honrados, honestos y preparados, pero también hay de los otros, ligados a episodios de corrupción y abusos.
La preparación de cuerpos de élite es indispensable en las fuerzas policiales, atendiendo que hay problemas de repuesta logística, y la extensión de, por ejemplo, la Guardia Republica al interior del país es impostergable.
Elaborar soluciones adecuadas requiere que las autoridades deban elaborar un plan concreto y perfectible. Todo indica que el trabajo conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EEUU no es el apropiado, y hay episodios que lo dejan de manifiesto.
Hace más de una década larga que hemos dejado atrás los robos de garrafas, de ropa colgada de la cuerda, de algunas botellas de bebidas alcohólicas o de la bicicleta que quedó olvidada en el zaguán. Hace más de 15 años que los uruguayos estamos cansados de tener que colocar rejas en nuestras casas, cámaras, alarmas, tener perros de guardia o contratar guardia personal, porque el Estado no da las respuestas adecuadas.
Es hora de que lo haga.
(*) Representante Nacional por Colonia – Partido Colorado.
