Por: Dr. Luis Eduardo Morás (*)
La polémica generada por la controvertida decisión de adjudicar un nuevo rol a la Guardia Republicana (GR) en el sistema carcelario y los posibles impactos que pudiera tener en la anunciada transformación del mismo, plantea la oportunidad de retomar el aletargado trámite parlamentario que ha seguido el proyecto de Ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional presentado por el Poder Ejecutivo en julio de 2018.
Vale recordar aquí que esta iniciativa legal tiene como principal propósito consolidar un Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que en los últimos años ha experimentado una serie de importantes y positivas reformas para mejorar las condiciones y posibilidades de la privación de libertad. Varios hitos en la dirección correcta pueden mencionarse, como la introducción de operadores penitenciarios especialmente capacitados para la atención de las personas privadas de libertad, la creación de subdirecciones técnicas con profesionales idóneos en la materia, la creciente apertura para articular en algunos centros estrategias de intervención humanizadoras y experiencias laborales participativas; en una dinámica donde la histórica intervención y lógica policial-custodial-securitaria comenzó a abrir algunos espacios materiales y simbólicos para otro tipo de intervención. Todo ello, además, con un horizonte que pretende cristalizarse hacia el año 2021 cuando los centros dejen de depender del Ministerio del Interior, inaugurando así una nueva era que permita alentar otras expectativas civilizatorias sobre lo que como sociedad esperamos de las cárceles.
De allí que el anuncio de la intervención de la GR, sumado al escaso debate sobre las importantes críticas formuladas oportunamente por múltiples y calificados actores al citado proyecto de Ley, puedan representar algo más que un mero acto administrativo de atribución de nuevas responsabilidades o la expresión de otras urgencias parlamentarias que imposibilitan profundizar la discusión sobre la iniciativa. Razonablemente, estas señales logran despertar en muchos un sentimiento de alerta por un camino que parece no conducir firme y decididamente hacia el objetivo propuesto, perdiéndose una oportunidad histórica de cambiar profundamente los cimientos del modelo. Representan, tanto por lo que dicen como por lo que ignoran, indicios de una política criminal que no parece compatible con el propósito de humanización penitenciaria sino fuertemente influenciada por brindar un mensaje hacia la sociedad de que la solución pasa exclusivamente por la aplicación estricta de una férrea disciplina y la dureza de las condiciones de vida en los centros, omitiendo todos aquellos mecanismos que permitan potenciar las capacidades y potencialidades que puedan desarrollar las personas durante la privación de la libertad. Parecen afiliarse a un diagnóstico tan extendido como equivocado: los problemas de violencia al interior de las cárceles, como los elevados niveles de reincidencia delictiva, son el exclusivo producto de la combinación de un déficit de autoridad, la inmerecida consideración por los derechos humanos de los presos y los excesivos beneficios que la legislación les otorga. Esto, contrariando lo que toda la evidencia disponible indica, acerca de que la violencia surge ante el exceso de ocio por la carencia de actividades educativas, laborales, culturales y deportivas. O también, la ausencia de un reconocimiento humanizador y dignificante de los individuos, los múltiples obstáculos existentes para construir proyectos vitales una vez recuperada la libertad, el profundo desconocimiento de derechos básicos y la imposibilidad de una gradual asunción de responsabilidades mediante mecanismos que permitan la paulatina reinserción de las personas en la sociedad, entre otros factores. En definitiva, lo que puede hacer una cárcel con quienes la habitan depende fuertemente de lo que la sociedad espera que se haga con ellas. Y ciertamente que en el estado actual de situación y clima de opinión pública respecto a la seguridad, el anuncio de la intervención de una fuerza policial que se destaca por una estética, armamento y disciplina cuasi militar resulta ampliamente valorada, en tanto brinda el esperado mensaje de firmeza y recuperación de la autoridad.
No obstante la positiva recepción del anuncio en variados ámbitos, surgen también razonables interrogantes sobre el curso futuro de la reforma planteada. Entre otros aspectos cuestionables, puede señalarse que la medida reafirma la postura de quienes afirman que los problemas de violencia intracarcelarios son principalmente producto del déficit de autoridad y no de actividades productivas. Sugiere también la idea de un fracaso de la actual gestión por una generalizada pérdida de control de la disciplina (que no parece ser tal excepto algunos módulos, que por otra parte ya eran intervenidos por la GR cuando era necesario). No menos preocupante resulta la instalación permanente en el cotidiano carcelario de una fuerza que no se destaca por la capacidad de diálogo ni maleabilidad ante situaciones de conflicto; así como la eventual pesada herencia que pueda representar hacia el futuro con una orientación política diferente y un comando de la fuerza que carezca de la visión y virtudes que públicamente ha expuesto su actual director.
Por otra parte, no hay manifestaciones públicas ni indicios de avances en el trámite parlamentario sobre las importantes observaciones realizadas oportunamente al proyecto de ley por calificados actores como la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario y varios grupos de trabajo que funcionan en el ámbito de la Universidad de la República. Entre las principales objeciones formuladas al texto presentado, se señalaron la ausencia de claras directivas respecto a las obligaciones del Estado para consagrar derechos fundamentales a la educación, el trabajo y la salud de las personas privadas de libertad. Llamativa pasividad dada la singular importancia que tiene para el proceso iniciado contar con un cuerpo normativo unificado, que regule con precisión y ajustado a derecho el funcionamiento del organismo estatal encargado de la administración penitenciaria.
Finalmente, debe señalarse también que a pesar de la centralidad que los candidatos le asignan a la seguridad pública en la presente campaña electoral y el impacto que en ella tiene el sistema carcelario, las propuestas programáticas partidarias no han trascendido las generalidades, ni se ha profundizado en un debate fundamentado sobre el futuro deseable. Posiblemente, retomar el debate parlamentario sobre la iniciativa de ordenamiento legal del INR pudiera ser un ámbito propicio para exponer ideas, realizar lecturas críticas de la propuesta, pensar alternativas; y quizás también consensuar algunos mínimos acuerdos que aseguren un modelo de privación de libertad respetuoso de los derechos fundamentales de todas las personas. Esto último, requisito imprescindible para reducir efectivamente los actuales niveles de violencia que afectan a todos los ciudadanos.
(*) Doctor en Sociología. Docente e Investigador Grado 5 de la UdelaR.
