Por Mariano Tucci (*) | @MarianoTucci46
En Uruguay y en cualquier parte del mundo la lucha contra el tráfico ilícito de drogas implica desde el sector público una planificación estratégica que permita combatirlo con los recursos imprescindibles para que la ofensiva sea efectiva. Se termina el gobierno del presidente Lacalle y parece que esa “guerra contra el narco” a la que permanentemente alude el Sr. ministro del Interior no es más que un eslogan de campaña que en los hechos no se materializa por falta de estrategia, dineros y organización.
El aumento de los hechos violentos en general, dentro de los que se destacan los homicidios, y en particular todos los delitos conexos al tráfico ilícito de drogas, componen uno de los retos centrales para la sociedad uruguaya.
El frenesí de una tendencia que ha crecido desde la apertura democrática y a la que nadie puede decir que ha puesto coto con solvencia, ha estampado en los registros nacionales una peligrosa evolución de los homicidios que alcanzaron tasas que superan los 10 cada 100.000 habitantes, una realidad que interpela a nuestro país y en particular a la política, aunque el ministro Heber se golpee el pecho y diga que en su administración “las cifras” son mejores que en otros períodos. Todos los uruguayos sabemos que no es así.
Pasada la comparecencia de esta Secretaría de Estado ante la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto, advertimos una vez más que no existe tal plan, y lo que es más riesgoso aún para el país: no hay un mínimo esbozo de una estrategia conjunta de las dependencias que tienen algo que ver con el combate al narcotráfico al menos en la consecución de dineros.
El país está conteste a que por falta de instrumental y de recursos no hay un control efectivo de nuestro espacio aéreo. Mucho menos de los puertos y de las fronteras por falta de intervenciones, equipamiento y personal para la tarea.
Conferir a la Fuerza Aérea los elementos imprescindibles para mejorar su desempeño las 24 horas, los 365 días del año, incorporando por ejemplo una dotación de aeronaves interceptoras, entre otras, o sumando a los dos radares primarios tridimensionales que se mantienen operativos para incrementar la capacidad de vigilancia y de control del espacio aéreo nacional, parecerían medidas imprescindibles cuya opción de concretarse debería haber sido en esta Rendición de Cuentas.
Nos referimos a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), porque en la “Política de Defensa Nacional” formulada por los Ministerios de Defensa Nacional, Interior, Cancillería y Economía se clasifican las amenazas que tenemos como país, en este figura el crimen organizado y sus distintas formas delictivas: “…El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el tráfico y la trata de personas, el contrabando, el tráfico de armas y el narcotráfico, se erigen como las más significativas…” (1).
Hace pocos días, en el 83° aniversario de la Brigada Aérea II de la FAU, se decía: “En nuestro ámbito, esa seguridad se basa en garantizar el uso correcto del espacio aéreo, haciéndolo seguro para las operaciones aéreas nacionales e internacionales lícitas; y limitando o desalentando su uso para actividades ilícitas, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado y narcotráfico, las cuales tienen impacto directo en múltiples áreas, afectando significativamente el bienestar y la seguridad de la población” (2).
Es bueno leer los informes de la Rendición de Cuentas, en el tomo “Planificación y Evaluación” del Ministerio de Defensa Nacional, el indicador Horas de vuelo destinadas a la defensa aérea en zonas fronterizas es un buen ejemplo de la gravedad de la situación, para el 2022 tenía la meta de efectuar 1.500 horas de vuelo, pero hizo solo 270 horas (18% de la meta), y la explicación es que “no se alcanzó la meta debido al porcentaje de operatividad de las aeronaves utilizadas en la misión” (3).
Lo mismo sucede con los puertos y la necesidad estratégica de aumentar su vigilancia.
Como es sabido, la Aduana uruguaya y la paraguaya firmaron un convenio de cooperación para mejorar los controles de seguridad en los puertos. Los organismos convinieron poder utilizar las imágenes de los escáneres de las cargas en Paraguay para controlar mejor las barcazas que llegan al puerto de Montevideo, donde hacen trasbordo a buques más grandes y viajan a Europa como destino final. Todo esto a propósito de la escandalosa incautación en uno de los puertos alemanes de Hamburgo.
En la misma línea, la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA), respecto a la incautación referida, enfatizaron en la política de análisis de riesgo llevada adelante por la Dirección Nacional de Aduanas, pese a que ese contenedor no presentó indicios para profundizar medidas de control y que en definitiva siguió viaje sin ser escaneado.
El sindicato viene reclamando por falta de personal y tecnología para realizar mejores controles y escaneos a la carga.
En el presente, hay un escáner funcionando que pertenece a la Administración Nacional de Puertos (ANP) y se compraron tres que empezarían a operar en 2024, según anunció el gobierno en marzo de este año.
Por tanto, parecería utópico imaginar al Estado uruguayo en “guerra contra el narco” cuando no hay control real de los eventos que puedan ocurrir en frontera o en el espacio marítimo o aéreo.
No hubo coordinación interinstitucional para pedir dineros que les permitan a las dependencias involucradas en la persecución del delito al que hacemos referencia, compra de armamento, inversiones en formación, compra de instrumental, obras de infraestructura, adquisición de vehículos, etc.
Así como los Estados se tecnifican y preparan cotidianamente para enfrentar el narcotráfico y los delitos conexos que se gestan de derredor, el narco hace lo propio con su herramienta principal: el billete. Ese que permea en el mundo de las instituciones públicas y privadas, ese que les permite lavar con empresas fachadas y contar con profesionales de primerísimo nivel que les garantizan una operativa difícil de detectar.
La “guerra al narco” parece el nombre de una serie que Heber vio en la tele más que la concreción de una política. Porque mientras declara ante cada micrófono que le ponen adelante esta guerra olvida la planificación estratégica para dotar de equipamiento y recursos a los organismos que deben luchar contra el narco.
Mientras declara esto, se le instala el crimen organizado en la Torre Ejecutiva, al lado del presidente de la República, o se le entrega casi que en mano un pasaporte exprés a un narcotraficante de escala regional. En Bolivia lo persiguen con miles de hombres, en Uruguay le gestionan el pasaporte.
Mientras Heber grita esta gran consigna en los micrófonos, desde la FAU el pasado 10 de julio decían: “Lógicamente, para aportar desde esta parte, al bienestar deseado de nuestra población, se debe contar con determinados instrumentos. Contando ya con el marco jurídico apropiado, resta contar con los recursos necesarios para cumplirlos” (4).
En ese marco, el Uruguay, otrora país de tránsito de drogas hoy enfrenta el desafío de hacerle frente a ese monstruo con un Estado mínimo que apenas puede incautar algún cargamento o cerrar alguna boca fruto del esfuerzo de la Policía Nacional y sus capacidades operativas que con lo poco que le han dado bastante viene haciendo.
El desafío será entonces apostar en la próxima gestión de gobierno a una política de Estado que nos tenga a todos colaborando y aportando, porque esta pelea es conjunta y no depende de los talentos individuales.
Una cruzada contra el narco debería ser uno de los objetivos comunes de los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos de cara al próximo proceso electoral que enfrentará el país.
(*) Diputado del Espacio 609, Convergencia Popular (Lista 46).
Referencias:
(1) Decreto 371/020 “Política de Defensa Nacional” del 23 de diciembre de 2020.
(2) Palabras del comandante de la Brigada Aérea II (Durazno) Cnel. (Av.) Lic. Pedro Cardeillac – 10 de julio de 2023.
(3) Tomo II Planificación y evaluación Parte II – Información institucional incisos 02 a 06, pág. 159.
(4) Palabras del comandante de la Brigada Aérea II (Durazno) Cnel. (Av.) Lic. Pedro Cardeillac – 10 de julio de 2023.
