Por Felipe Carballo (*) | @fcarballo711
Cada acción, reforma, política o hasta discurso que emana del gobierno y sus amigos, parecen atravesados por las mismas convicciones: que los ricos sean cada vez más ricos, que los pobres sean cada vez más pobres y que sindicatos y organizaciones sociales se callen la boca. Probablemente la mal llamada “reforma de la seguridad social” -que solo afecta a jubilaciones y pensiones, recortando derechos ya adquiridos por trabajadores y trabajadoras de hoy y del futuro, que disminuye de manera inmediata la cantidad de años en que se reciben pensiones de viudez y sobrevivencia y establece más requisitos para jubilaciones por incapacidad- es claramente la vedette del carnaval de injusticias y políticas oligarcas que hemos visto desfilar en nuestras narices estos tres años.
La creación de la reforma impulsada por el gobierno no estuvo acompañada, y mucho menos apoyada, por el diálogo social: no se han convocado espacios de intercambio y negociación política con interlocutores verdaderamente representativos, lo cual es parte fundamental de cualquier proceso de diálogo social, obligarse a hacer acuerdos. Pues la mal llamada “reforma de seguridad social” se da de espaldas a la gente, a los profesionales, a los trabajadores y, por supuesto, a las organizaciones sociales.
Parecería lógico y propio de quien entienda de economía afirmar que una reforma de la seguridad social debe tener como eje central cambiar las fuentes de financiación del sistema de pensiones. Pues el gobierno no ha visto esto así y desestimó cada propuesta del PIT-CNT y las organizaciones sociales a las que mentirosamente acusa de no proponer alternativas para justificar su reforma esclavista: revisar las exoneraciones de aporte patronal, modificar el beneficioso régimen de aporte patronal rural, equilibrar las contribuciones del trabajo en relación a los aportes del capital o incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares, que se otorgaron durante décadas en condiciones de privilegio. Pero no: al igual que en la pandemia, con los combustibles, con la sequía -por elegir algunos de tantos ejemplos- el gobierno opta por responsabilizar a la gente y deja caer el peso de aquello de que el Estado debe solucionar sobre el ciudadano de a pie, sobre las madres trabajadoras. Sobre los niños pobres -que cada vez son más y con esta reforma serán algún día ancianos trabajadores aún más pobres-.
El ensañamiento del gobierno con las y los más débiles
Resulta bochornosa la actitud sistemática del gobierno de pegarle al que está en el suelo, como en prácticamente todo lo que hacen, aquí los primeros damnificados serán los más pobres, las mujeres y, por consiguiente, los hijos e hijas de estas. Las prestaciones por incapacidad se reducirán del 65% al 45%, y en algunos casos más, dependiendo de la situación particular y los años cotizados; en promedio las jubilaciones de los trabajadores que menos ganan bajarán hasta un 36%. La reforma ignora la situación en la que este mismo gobierno deja a la población, que se sigue organizando en ollas populares para comer y niega las necesidades del país de programas de seguridad social más completos, solo aborda las pensiones y la jubilación mediante la eliminación de ciertas disposiciones pero no aborda programas de seguridad social para niños y personas discapacitadas, así como elimina los de asistencia especial del BPS para personas más vulnerables.
Varias proyecciones comentadas por compañeros del Frente Amplio y del PIT-CNT dan cuenta de que el 46% de las mujeres afectadas por la reforma tendrán menos de 30 años trabajados cuando lleguen a los 65. Entonces, el plan es financiar la seguridad social retrasando la jubilación de las más pobres. No se puede exigir las mismas condiciones a mujeres que a hombres pues aún no se ha soslayado la brecha salarial y de inserción al mercado del buen empleo para estas: una reforma justa y alineada con el entendimiento de las desigualdades que aún pesan sobre las mujeres tendería justamente a lo contrario, a que las condiciones jubilatorias para estas sean contempladas en base a sus diferencias de base.
Respecto al versito del incremento de la calidad y la esperanza de vida como justificación para trabajar más años, no solo sería bueno que quienes impulsan estos cambios se replanteen el paradigma del trabajo/descanso -que casualmente es aquello que dignifica al pobre y solo al pobre-, sino también que hagan una pequeña búsqueda en Google, quizá les sorprenda: los pobres viven menos que quienes no son pobres. El aumento de la esperanza de vida vinculada a la buena alimentación, los avances de la ciencia y la salud, las prácticas saludables y hasta la búsqueda de una vida con menos estrés y más disfrute son casi exclusivos de las clase alta. Para algunos esto parecerá obvio, pero quizá el gobierno no ve las inconsistencias entre el té matcha y el slow life para evitar enfermar, y trabajar más años para cobrar una jubilación mísera a los 70 años.
Las AFAP, la caja militar y el IASS, o un gobierno a los besos con el capital
“Las AFAP son una estafa al pueblo y deben ser eliminadas del sistema previsional del país”, dice atinadamente el documento emitido por la Intersocial, pero es claro que las AFAP son las grandes beneficiadas de esta reforma y la señal es clara: la coalición multicolor gobierna para los grandes capitales, para las corporaciones, para los malla oro. Esto de los malla oro no lo dice Felipe Carballo, un diputado opositor, lo dijo el mismo presidente Luis Lacalle Pou.
Ahora todas las trabajadoras y trabajadores deberán entregar parte de sus ahorros jubilatorios a estas empresas privadas y los beneficiados serán los bancos dueños de estas que se quedarán con las altísimas comisiones que cobran por la gestión de estos aportes. ¿No es el BPS a quien debemos sacar del déficit? ¿Cómo desviar ingresos a capitales privados es una manera de ayudar a los fondos públicos?
Pero eso no es todo: los beneficios de las exenciones fiscales para las grandes empresas transnacionales se mantienen sin cambios, y las contribuciones de las empresas y sus empleados siguen siendo desiguales y se mantienen intactos los enormes beneficios tributarios que recibe el gran capital transnacional a través de las exoneraciones. Además, el gobierno continúa otorgando a los militares acceso sin restricciones al dinero de los uruguayos. Los generosos privilegios que les otorgan a los altos mandos militares persisten y el déficit de la caja militar no se presenta en el horizonte como una preocupación para ningún actor del gobierno.
Y si todo esto no es bastante, o bastante poco, este gobierno neoliberal elige reírse en la cara de las y los uruguayos nuevamente -por si a alguno no le causó gracia el chistecito de Astesiano- pidiéndonos que les agradezcamos una falsa renuncia fiscal -falsa no, porque es cierto que el Estado perderá dinero- a manos de una reducción el IASS que para sorpresa de nadie solo afecta a las jubilaciones más altas, ya que solo el 23% de los jubilados pagan ese impuesto y se estima que más de dos tercios de estos perciben otros ingresos y/o cuentan con gran patrimonio. Una prueba más de que el equipo económico dirigido por Azucena Arbeleche siempre encuentra la forma de reducir los ingresos del Estado de todos aumentando los ingresos de unos pocos de manera grosera.
(*) Diputado del Frente Amplio.
