Por Graciela Bianchi (*) | @gbianchi404
De acuerdo a la situación internacional y a los acontecimientos políticos en los países vecinos, la reafirmación del Uruguay como un Estado Social de Derecho desde comienzos del Siglo XX, en especial a partir de la Constitución de 1919, debe ser preservada por la ciudadanía como prioridad absoluta al momento de emitir su voto. Más allá de lo que opinen los encuestadores, los politólogos, todos los que han estudiado Ciencias Políticas, en cuanto a que esta temática no atrae nuevos votantes, nosotros insistiremos hasta el último día de nuestra vida. Somos militantes antes que dirigentes políticos; lo hemos sido siempre en otras tiendas hasta 2013, y en el Partido Nacional desde el mismo año en el Sector Todos, liderado por Luis Lacalle Pou.
El sustento de nuestra porfía en este tema es que la vida, el análisis autocrítico de otras posturas que defendimos antes, nos lleva a la conclusión que sólo importa la libertad del individuo, el derecho a elegir su vida y, sobre todo, la existencia de fuertes instituciones republicanas que son las únicas que aseguran que lo anterior sea posible. Cuando el Estado avanza sobre la libertad individual, sobre la separación de poderes, sobre la libertad de prensa, sobre la libertad de expresión, sobre la utilización de los medios públicos como si fueran privados, es que los gobernantes confunden Estado con Partido. Los gobiernos en los regímenes indubitablemente democráticos son apenas “inquilinos” del Estado. Los dueños del poder, que en una democracia representativa lo somos los ciudadanos, debemos ser conscientes de esto y exigir que nuestros representantes actúen de acuerdo con nuestro mandato. Quienes crean interpretar la voluntad “del pueblo”, “de los vulnerables”, “de los pobres”, están sintiéndose superiores a la voluntad general que en el Uruguay es un concepto explícito consagrado en las Instrucciones de 1813.
El totalitarismo avanza de a poco, utilizando pretextos, como la eliminación de la pobreza, la distribución del ingreso, la equidad y la inclusión entendidas como protección del más fuerte sobre el más débil (del Estado sobre el ciudadano), y no condenando claramente en un mundo globalizado que ofrece todas las opciones políticas, a las dictaduras sangrientas, con pretextos imposibles de defender en el estado actual del desarrollo doctrinario y legislativo del Derecho Internacional Público. La defensa de los Derechos Humanos en toda su extensión imaginable y la condena a los delitos de lesa humanidad no tienen fronteras, y son los que colocan a Uruguay en el lugar correcto o incorrecto de la situación internacional. Hoy nadie puede argumentar que no se tiene información en tiempo real de lo que sucede en todo el mundo, y gracias a esto no nos pueden engañar. Lo hicieron siempre respecto a la Unión Soviética y sus países satélites: el desconocimiento del derecho a la propiedad privada en función de la defensa de la propiedad en manos del Estado, que en realidad se tradujo en manos de los altos funcionarios del Partido; en el desconocimiento de la libertad individual, que va de la mano del desconocimiento del derecho a ser dueños de lo que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo; en la eliminación de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y a la instauración de dictaduras basadas en personalismos autoritarios, cuyos mejores ejemplos son José Stalin y Fidel Castro. Hoy Europa, que puede empezar a estudiar y escribir su historia reciente en forma científica, ha propuesto en el ámbito de la Comunidad Europea el considerar por igual, como regímenes rechazables, el nazismo y el comunismo. Este último ha triplicado el genocidio perpetrado por los nazis, más allá que no se miden estos fenómenos por los millones de personas muertas, sino por el hecho de que la persona esté desprotegida frente al poder del dictador de turno.
Uruguay, junto con la de Chile, fuera de las dictaduras de la década de los 70, a los que fueron arrastrados por el avance de la ultraizquierda financiados y estimulados por Cuba y la Unión Soviética, siempre constituyeron las democracias más fuertes de América Latina. Y esa fortaleza se basó, y se basa, en la inexistencia en forma estructural de los populismos. En ambos países, por ahora, esta forma de enfrentar a los ciudadanos para estimular el odio y de esa manera poder dominarlos mejor, hasta hoy son impulsos; en Chile ya ni eso. Para Uruguay, su futuro depende de la forma que el ciudadano decida su voto. La situación económica es importante al igual que la inseguridad, la falta de empleo y la pésima situación de la educación pública. Pero todo lo que acabamos de enumerar no es casualidad: hay una política deliberada de fomentar la marginalidad cultural para que el ciudadano no sea libre y sólo sienta que el gobierno (porque ya ni siquiera se puede distinguir la diferencia con Estado), es el que lo sostiene. En los populismos el ciudadano deja de ser tal para convertirse en el sostén de los partidos no democráticos.
En la primera presidencia de Tabaré Vázquez, quienes estábamos dentro del gobierno vimos los orígenes de los primeros indicadores totalitarios. A saber, criterio fundacional para el manejo del Estado, no elegir a los mejores para dar las responsabilidades, exacerbar el clientelismo controlando los lugares estratégicos del Estado, etc. Lo advertimos en nuestra renuncia de julio de 2010 a la Secretaría Administrativa del Codicen, y en ese momento fuimos, incluso, incomprendidos por líderes de la oposición. Pero en el 2010 llegó el gobierno de Mujica, el peor presidente que tuvo nuestro país desde su vida democrática.
Nos lo dijo en forma expresa: “Lo político está por encima de lo jurídico”. Y esto habilitó a todas sus huestes a hacer del Estado y de los dineros públicos lo que el partido de gobierno entendió. No voy a repetir lo que ya sabemos de la permanente y sistemática malversación de los dineros públicos, lo que es grave, porque nos puso en una situación económica difícil después de 14 años de bonanza económica. Pero mucho más grave fue instaurar el criterio que es base de los totalitarismos de izquierdas y derechas: “El fin justifica los medios”. Por eso, a los que siempre seguimos siendo republicanos y democráticos, nos indigna, pero no nos llama la atención que exista la Ley de Medios que limita la libertad de expresión y la libertad de prensa; que se use la página web de Presidencia que es de todos, como si fuera exclusivamente del gobierno; que los ministros de Estado, que debieran estar gobernando hasta el 1º de marzo de 2020, se dediquen a hacer campaña política, y cuánto más sucia mejor; que se usen las redes sociales para mentir y para agredir a quienes somos adversarios, no enemigos. El tema es que, para quienes entienden la política como una guerra, sólo puede haber enfrentamientos, y cuidado que para ellos el voto es un instrumento que lo usarán hasta que entiendan que es necesario volver a las armas.
(*) Diputada por el Partido Nacional – Sector Todos – Lista 404.
