Por Iván Posada (*) | @IvanPosada33
Basta recorrer el interior de nuestro país, conversar con la gente, con comerciantes, productores agrícolas o pecuarios, o representantes de las entidades cooperativas de éstos, para tener clara la delicada situación de nuestra economía. En Montevideo, no somos ajenos a esta situación aunque los síntomas del bajo nivel de actividad se disimulen algo más.
La destrucción de puestos de trabajo ha sido una constante desde el segundo trimestre de 2014 donde se registró la mayor tasa de empleo. Desde entonces hay no menos de 48.000 empleos que se perdieron, algo más de 10.000 en el sector agropecuario, 18.000 en la industria manufacturera y alrededor de 10.000 en la construcción. A pesar de que la economía ha seguido creciendo, esta es la dura realidad, pues los sectores que crecieron no son intensivos en la creación de fuentes de trabajo.
La caída de las actividades primarias en el primer trimestre mostró una fuerte contracción de 4.8% como consecuencia de la caída de la producción de los cultivos de verano que sufrieron el impacto de la sequía en igual período. En base a datos de Uruguay XXI, durante los primeros siete meses de 2018, las exportaciones de soja cayeron 500 millones de dólares con respecto a igual período de 2017. Esta falta de dinero se manifiesta con especial crudeza en las economías locales de nuestro país. Pero además de la falta de circulante que se hace notar especialmente en la caída de diversas actividades comerciales, con cierre de comercios en distintos rubros, está la incertidumbre futura. Los productores sojeros que fueron los grandes dinamizadores del crecimiento del sector agrícola, están endeudados, y en la opinión de aquellos que financian la compra de insumos, se necesitarían al menos dos buenas cosechas para empardar las pérdidas registradas en la pasada. Si el Banco República como financiador de última instancia no apoya en tiempo y forma a las entidades del sector, la perspectiva es poco auspiciosa. Quedarán muchos productores por el camino.
Globalmente el primer trimestre de 2018 mostraba que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.2%, pero por estos días, el Banco Central del Uruguay (BCU) dio a conocer algunos datos relevantes respecto al segundo trimestre de 2018 que muestran que la economía desaceleró su crecimiento. En particular, las importaciones de bienes de consumo (sin automóviles) medidas en dólares cayeron por cuarto mes consecutivo, al tiempo que las ventas de automóviles se retrajeron fuertemente en abril y mayo, cayendo por debajo de 4.000 unidades, el guarismo más bajo desde setiembre de 2016. Excluyendo la caída de exportaciones como consecuencia de la mala cosecha de soja, el resto de las exportaciones (sin incluir zonas francas) medidas en dólares muestran una tendencia ciclo en caída a partir de marzo. En este contexto, es probable que la pérdida de puestos de trabajo se acentúe en lo que queda del año 2018 y que el pronóstico de crecimiento de la economía proyectado por el Poder Ejecutivo de 2.5% quede en entredicho.
La modificación presupuestal para los años 2019 y 2020 que acompañó la Rendición de Cuentas 2017, supone un nuevo incremento del gasto público de 150 millones de dólares en cada año y el diferimiento del objetivo de déficit fiscal de 2.5% del PIB al año 2020. En el frente fiscal, la perspectiva no es nada alentadora. El déficit fiscal no cede. El último dato publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a junio se mantenía en el 4% del PIB.
Cabe recordar que la situación fiscal ya deficitaria al cierre de 2014 se vio particularmente agravada por el aumento del gasto público para los años 2016 y 2017 dispuesto en la Ley de Presupuesto votada en el año 2015, donde las proyecciones macroeconómicas auguraban un crecimiento del PIB de 14.6% durante el período 2015-2019.
Pocos meses después, al presentar la Rendición de Cuentas del año 2015, las proyecciones fueron corregidas drásticamente a la baja, reduciendo la perspectiva de crecimiento para el período referido a 7.7%.
La sobreestimación del escenario que sirvió de base al incremento del gasto público en la ley presupuestal acentuó la delicada situación de las finanzas públicas. En efecto, el incremento del gasto público no tenía un financiamiento genuino. Como es sabido, el Poder Ejecutivo, en lugar de plantearnos una revisión de su propuesta presupuestal para ajustarlo a la realidad, optó básicamente por incrementar la presión tributaria a través de un nuevo ajuste fiscal en la Rendición de Cuentas 2015, aprobada en el año 2016 y que comenzó a regir a partir del 1° de enero de 2017, incrementando los impuestos al trabajo (IRPF) y las jubilaciones (IASS).
Además, la pérdida de competitividad se ha agravado. De hecho, el Indicador de Tipo de Cambio Real (ITCR) que publica el BCU muestra que desde el promedio de 2014 al presente, la competitividad global cayó 12%, la extra regional 7% y la regional 17%. Obviamente, que si nos vamos más atrás, y la comparación la hacemos con el promedio del año 2010, la competitividad global tuvo una caída de 29%, la extra regional 11% y la regional 40%.
Por otra parte, Uruguay es un país tomador de precios y el crecimiento de su economía depende de su inserción internacional. En tal sentido, es relevante tener presente los riesgos que están presentes en la economía global y la regional. El Informe de Política Monetaria del segundo trimestre de 2018 que elabora el BCU nos alerta sobre estos riesgos, cuya probabilidad de ocurrencia es incierta.
Se hace hincapié en que “la reforma tributaria en Estados Unidos conduzca a mayores presiones inflacionarias que obliguen a la FED a acelerar la normalización de su política monetaria y a que se eleven las tasas de largo plazo, por mayores necesidades de financiamiento”, lo que podría incrementar “la aversión al riesgo por parte de los inversores con aumento de la volatilidad”. Este posible escenario acarrearía “menor liquidez internacional, mayores costos de financiamiento, mayor riesgo soberano, mayor fortalecimiento del dólar y mayores salidas de capitales”.
También se refiere a la situación de crisis política y económica en que está Brasil lo que podría generar “dificultades para aprobar las reformas fiscales necesarias para ajustar los desequilibrios, consolidar el crecimiento económico y prevenir la inestabilidad”. Mientras que en Argentina “existe el riesgo de incumplimiento de las metas fiscales acordadas con el FMI, lo que podría provocar una salida de capitales, un corte abrupto del financiamiento externo, lo que se reflejaría en presiones al alza sobre el tipo de cambio y la reducción de la tasa de crecimiento de la economía”.
Por último, los “mayores riesgos originados en la economía china, ya sea por una reducción significativa del crecimiento o por un aumento de la volatilidad financiera originada en diversos ámbitos: correcciones bursátiles abruptas, deuda de los gobiernos regionales y las empresas públicas, la banca en las sombras o depreciación del yuan. A éstos hay que agregar las recientes tensiones comerciales con Estados Unidos que derivaron en la imposición de aranceles a una serie de productos entre ambos socios y las amenazas de ampliación por parte del presidente Trump del monto, así como la extensión de estos gravámenes a otros socios comerciales, que puedan derivar en una guerra comercial con impactos significativos sobre el comercio y el crecimiento global”.
En este contexto interno de déficit fiscal sostenido, pérdida de competitividad y destrucción creciente de puestos de trabajo, no exento de riesgos internacionales, la economía se ralentiza lo que agravará la situación fiscal que ha determinado un endeudamiento creciente, a razón aproximadamente de 2.000 millones de dólares por año desde 2014, lo que ha ocasionado que la relación deuda neta a PIB que se situaba en 33% en 2014 haya crecido algo más de 7 puntos, ubicándose en 40.9% al cierre de 2017.
Si los datos del segundo trimestre de 2018 confirman lo que recogemos en el contacto directo con las distintas asociaciones de comerciantes, industriales y productores agrícolas, la perspectiva resultará muy preocupante, porque aún cuando la posición financiera se muestra sólida, el déficit fiscal se mantendrá en el mejor de los casos, en los actuales niveles del 4%, y la relación deuda bruta a PIB, que monitorean las calificadoras de crédito, seguirá en franco deterioro, poniendo en riesgo la calificación de grado inversor que ostenta la economía uruguaya. En suma, en estado delicado.
(*) Diputado por Montevideo – Partido Independiente
