Por Miguel Pastorino | @MiguelPastorino
La libertad del paciente para pedir que no le alarguen la vida con soportes artificiales o para no someterse a tratamientos fútiles, no es eutanasia: es decidir morir naturalmente y eso ya es legal. Por otra parte, la sedación paliativa, especialmente al final de la vida, no mata al paciente, sino que le evita sufrimientos y síntomas difíciles de manejar. La sedación no mata al enfermo, no es eutanasia. Muchos todavía creen que la eutanasia se practica porque la confunden con la sedación final. Que muchos hayan vivido situaciones difíciles con cuidados que llegaron tarde o nunca llegaron, o que sus familiares hayan vivido formas de obstinación terapéutica, les hace inclinarse a querer que se adelante la muerte. Por ello no es cierto que la eutanasia sea “un secreto a voces” o una práctica extendida. El punto de partida de quienes pretenden normalizar que el médico pueda matar a su paciente si este se lo pide, es un falso supuesto.
Por otra parte, los proyectos de ley de eutanasia y suicidio asistido no son para personas que están en sus últimas horas de vida como se dice, sino para cualquier persona “psíquicamente apta” que aunque tenga años de vida por delante, tenga una enfermedad incurable e irreversible o considere que su sufrimiento es “insoportable”.
En los hechos no hay ningún instrumento internacional de carácter vinculante que regule o reconozca alguna forma de eutanasia o de suicidio médicamente asistido. Por el contrario, todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos afirman la dignidad de todos los seres humanos, sin distinción, y reconocen el derecho a la vida.
Otra cosa es el derecho del paciente a que no alarguen la vida con tratamientos que solo le prolongan el sufrimiento. Tenemos derecho a una muerte digna, en paz y sin sufrimientos, pero no existe el derecho a exigir que nos maten. La ley de derechos del paciente (18.335) en Uruguay lo expresa claramente: “Morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin (eutanasia)o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría (futilidad terapéutica)…”.
¿Libres para morir?
Es importante resaltar que en nuestras sociedades postmodernas se confunden deseos con derechos, sin pensar en las consecuencias sociales de ciertas leyes que despenalizan delitos graves por considerarlos “derechos”, lo cual sucede cuando la dignidad humana pasa de ser incambiable e inviolable, para ser subjetiva y relativa.
Los derechos individuales tienen una importancia fundamental para la vida en sociedad, pero siempre que tengan como horizonte el bien común en un contexto democrático y sin relativizar el valor de cada persona humana, respetándole por el solo hecho de ser persona. Cuando los deseos individuales pueden afectar a terceros, es preciso confrontar los límites de la libertad con la justicia. Los objetivos en la vida no son buenos porque alguien los desee, sino por lo que generan en la vida de la persona y en la vida de los demás. Además, los derechos humanos son irrenunciables e inviolables; que alguien pida que atenten contra su vida, no da derecho a nadie a matarlo.
¿Solo una cuestión de libertad individual?
Si bien uno puede, en los hechos, suicidarse, eso no implica que tenga derecho a hacerlo: porque los demás tienen el correspondiente deber de no matarlo y de ayudarlo a que quiera seguir viviendo. Afirmar la eutanasia como derecho es crear el deber jurídico de los médicos de matar a quien se lo solicite, si previamente la sociedad lo consideró “eutanasiable”: vida sin valor para la sociedad.
La consecuencia jurídica más importante de legalizar la eutanasia es admitir el hecho de que existan “homicidios legales” abriendo una grave fisura en el principio de inviolabilidad de la vida de la persona, que tanto ha costado conquistar en la civilización occidental. Además, como es “solo para algunos” que están en determinadas condiciones, este supuesto derecho sería solo para personas eutanasiables, es decir, para quienes son considerados como vidas sin valor.
¿Un derecho de todos?
Si es un “derecho humano” como algunos plantean, ¿no debería serlo de todos los seres humanos sin restricción? Si no, no es un derecho humano. Pero siempre es solo para algunos que justamente son los más vulnerables y sufrientes, que a su vez son los menos libres, a quienes paradójicamente se les habilitaría a pedir la propia muerte. A ellos se los puede matar y a los demás no. ¿Puede llamarse derecho a esto o en realidad es la pérdida de derechos y el desconocimiento de su valor como persona?
Por otra parte, interpretar el deseo de morir no es algo simple, porque bajo presiones emocionales, sociales y económicas, episodios depresivos o una autoestima herida por el abandono y la soledad, los más vulnerables están fuertemente condicionados por su situación. Además, nunca se trata de una cuestión individual, porque el entorno del paciente (familia, amigos, personal sanitario) también intervienen directa o indirectamente en estas decisiones, aunque no sea explícito.
La autoestima de una persona y la valoración que da a su vida depende siempre de la estima que la persona experimenta por parte de su entorno. En una sociedad que desprecia la vejez, no es inusual que los ancianos se desprecien por su condición o edad.
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce la igual dignidad de todos los seres humanos, sin importar su condición, situación o capacidades. Nadie es menos digno, ninguna vida humana tiene más o menos valor. Por esa razón, aceptar que hay vidas que pueden ser eliminadas es desconocer esta dignidad inherente a todo ser humano. La dignidad de una vida no es algo subjetivo según lo que a cada uno le parezca que valga su vida, porque con ese criterio podríamos aceptar que personas que no se valoran puedan vender sus órganos, entregarse como esclavos o dejarse explotar económicamente. Y sin embargo no se puede, porque, aunque alguien considere que su vida no vale nada, los demás no podemos no valorarla. La apelación a la autonomía como principio absoluto no garantiza la eticidad de las acciones, porque alguien puede libremente pedir que se le violen sus derechos fundamentales. Que alguien pida morir no es argumento para matarlo.
Reconocer al otro su dignidad
El cambio de paradigma que han introducido los cuidados paliativos en el ámbito de la salud implica dejar de creer que hay situaciones en las que “ya no se puede hacer nada”, porque siempre se puede hacer algo por el otro: cuidarlo, aliviarlo, acompañarlo, escucharle, dejarle morir en paz. Reconocer al otro en su valor y singularidad como persona es reconocer su dignidad, la cual no depende de su condición o situación, ni siquiera por su grado de dependencia. Reconocer y respetar la dignidad de una persona es valorarla cuando ella no se valora, es amarla cuando se siente que su vida no vale nada, es hacerle sentir que es alguien valioso y único que merece nuestro cuidado, nuestro tiempo y dedicación.
¿Qué se le pide al Estado con una ley de eutanasia?
Que, en lugar de mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, les proponga un supuesto “nuevo derecho”: que puedan pedir que los maten cuando “sus vidas ya no tengan ningún sentido ni valor” para ellos ni para la sociedad en la que viven. ¿Cuánto de esto tiene detrás injusticias sociales invisibilizadas de las que no nos queremos hacer cargo? La eutanasia en contexto médico es la consecuencia no asumida de una eutanasia social invisibilizada de los más pobres.
Más grave aún es que en lugar de prevenir el suicidio, se lo termina legitimando culturalmente como una opción que deberíamos apoyar empáticamente, pero en las vidas “menos valiosas” (ancianos, enfermos, personas con discapacidad), cuando la verdadera empatía —y compasión— es hacer propio el sufrimiento del otro y buscar aliviarlo.
(*) Licenciado en Filosofía y magíster en Dirección de Comunicación. Doctorando en Filosofía. Profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica del Uruguay. Portavoz de Prudencia Uruguay.
