Por Conrado Rodríguez (*) | @Dip_ConradoRod
Con el fin de año, es hora de balance ante la culminación de una etapa, y el comienzo de otra. Se va un año con muchas dificultades para el Uruguay y el mundo como consecuencia de la propagación del covid-19. Ni el más escéptico podía imaginar a principios de este año toda la incertidumbre que viviría la humanidad ante una pandemia que arrasó con millones de vidas, y golpeó duramente no solo en lo sanitario, sino también en lo económico y social.
A menos de dos semanas de haber asumido el nuevo Gobierno, éste tuvo que hacer frente a una pandemia mundial, cuando aún no se conocía a ciencia cierta cómo evitar los contagios, ni las consecuencias fatales de la misma. Se tomaron decisiones rápidas, como la suspensión de los espectáculos públicos, la exhortación al distanciamiento y a que los uruguayos se quedaran en sus casas, la generación de protocolos para las personas mayores de determinada edad, la apuesta a la investigación y a la ciencia para el desarrollo y la elaboración de kits de diagnóstico de covid-19 en un breve plazo, como también medidas de índole económica y social.
Bajo un concepto que repitió incansablemente el Presidente de la República, de la libertad responsable, se instó a la gente a cuidarse para también poder cuidar a los otros.
La tasa de contagio fue muy baja a lo largo de ocho meses. Uruguay fue reconocido a nivel mundial por el manejo de la pandemia. Mientras que las principales figuras del Frente Amplio, conjuntamente con el PIT-CNT y el Sindicato Médico del Uruguay, pedían la cuarentena obligatoria, el Gobierno con mucho coraje optó por la responsabilidad social, monitoreando la situación día a día, tomando la decisión correcta que los futuros acontecimientos avalarían.
Mientras tanto el Parlamento estuvo a la altura de las circunstancias. En ningún momento sus Cámaras dejaron de sesionar. Se aprobaron leyes importantes, como la creación del Fondo Coronavirus, que se nutrió de fondos nacionales e internacionales, que fueron otorgando protección social a miles de ciudadanos, como distintas leyes que dieron facilidades para las pequeñas empresas y subsidios para algunos rubros de actividad. Se llegó a pagar más de 200.000 seguros de paro (entre seguros parciales y totales), en un país que en enero de 2020 tenía algo más de 40.000 personas en esa situación. También fue el tiempo de cumplir con dos leyes muy importantes, como la anunciada en campaña electoral ley de urgente consideración (LUC), y el Presupuesto Nacional.
La LUC significó la introducción de modificaciones en la legislación en materias muy importantes, como la seguridad, educación, economía y empresas públicas, en la eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social y salud, y vivienda. Muchas de estas medidas eran parte del compromiso asumido por la coalición de Gobierno, que fueran plasmadas en el documento “Compromiso por el país” que suscribieran los cinco partidos integrantes de la misma. Por lo tanto, nadie podía llamarse a sorpresa sobre su contenido. La gente pidió y votó por un cambio, y el Gobierno llevó adelante lo prometido.
Durante más de seis meses se discutió el proyecto de ley, primero como borrador y luego en su trámite parlamentario.
El Frente Amplio no encontró en todo ese tiempo argumentos sólidos para oponerse a las medidas que se proponían. Tan fue así que terminó acompañando más de la mitad de sus artículos en la votación. Ahora, desesperado por encontrar un tema que movilice a los sindicatos y a sus propios militantes, asume la recolección de firmas para intentar llevar la ley a referéndum.
Durante varios meses se enredó en discusiones internas con sus socios del PIT-CNT y la llamada “Intersocial”, no sabiendo qué impugnar. Ahora, con menos tiempo para la recolección de firmas, ensayan pedir una prórroga para juntar al menos el 25% del padrón electoral. Este pedido no sólo es inconstitucional a tenor de los dispuesto en el artículo 79 de la Constitución, que exige que para que se pueda interponer el recurso de referéndum debe hacerse dentro del año de promulgación de la ley, sino también fuera de lugar, porque no fue por la pandemia que no se lanzó la recolección de firmas con más tiempo, sino por los cabildeos internos -ya reseñados- de los organizadores, que provocaron su propia inercia.
Estamos convencidos que la LUC es una buena herramienta, que cumple con lo comprometido ante la ciudadanía. Los cambios se realizan en muchos casos moviendo la estantería del estatus quo que algunos pretenden preservar. Seguir de la misma manera provocaría seguir profundizando los errores cometidos en el pasado.
La ley de Presupuesto significó otro mojón muy importante. Si bien el gasto global prácticamente se mantiene, se hicieron importantes reasignaciones internas que permiten priorizar las áreas sociales (Mides, educación, salud), la investigación y los salarios más sumergidos.
Se mantiene la austeridad en el Estado, detectando ineficiencias y actuando sobre ellas, y al mismo tiempo se fortalecen otras áreas que necesitan un nuevo impulso. Lejos del relato de recorte que quiso instalar el Frente Amplio, nos trazamos un Presupuesto con bases sólidas, realistas y creíbles, que permitan el crecimiento del país con equidad. Y todo esto sin aumentar impuestos.
La coalición tiene mucho para hacer de cara al próximo año. Se viene una reforma fundamental para el país, que es la de la Seguridad Social. Es que más de un tercio del gasto público primario se va en Seguridad Social (en la actualidad se gasta casi 11 puntos del PIB). En los últimos años el déficit de BPS ha venido creciendo a razón de más de US$ 100 millones por año, la expectativa de vida cada vez es mayor, mientras que el Uruguay sufre un estancamiento en su tasa de nacimiento, lo que generan distintos problemas que tienen su indudable impacto en esta materia.
Insistimos durante los últimos años con algo que sucede en el mundo y muchos reclaman: poder trabajar después y concomitantemente a estar jubilado. Nosotros le denominamos en nuestro proyecto de ley de 2018 “jubilación activa voluntaria”. Si bien hoy se permite para una cantidad de casos, no así para la afiliación mayoritaria dentro del BPS, que es la de industria y comercio.
Esto permitirá el mejor desarrollo de las personas y sus familias. Este y otros temas deberán ser abordados por una comisión de 15 expertos que viene trabajando a todo ritmo, y que en el 2021 dará sus conclusiones.
Deberemos de impulsar proyectos y herramientas que permitan la inversión, para la generación de empleos permanentes de calidad. Para esto, la coalición deberá trabajar en conjunto, con madurez, articulando, negociando, pero sobre todo priorizando los cambios que los uruguayos quieren de este Gobierno.
Proyectos que vayan claramente contra políticas de Estado que construyeron enormes fortalezas para nuestra economía y nuestra sociedad, son ejemplos de lo que no debemos seguir. Estas políticas precisan estudios, negociación y consensos. Esa es la mejor manera para que éstas tengan vocación de perdurabilidad.
La experiencia de gobierno, la previsibilidad, la responsabilidad, el talante reformista y el progreso social son valores que los colorados y batllistas seguiremos ofreciendo, para el bien del país y de una coalición que tiene la gran tarea de superar los obstáculos que se presenten, pero con el rumbo bien claro de lograr las transformaciones que necesita nuestra sociedad.
Concluye un año distinto, diferente, que no olvidaremos fácilmente. Hagamos todo para que sólo sea la antesala de todo lo bueno que en el 2021 podemos entre todos crear.
(*) Diputado del Batllismo – Batllistas – Partido Colorado
