Por Sebastián Sabini | @tatisabini
El 15 de setiembre se puso en marcha el III Congreso Nacional de Educación, ‘Enriqueta Compte y Riqué’. De esta forma comenzaron a funcionar, en distintos puntos de todo el país, las Asambleas Territoriales, espacios de debate y discusión, esencia del encuentro.
Esta semana ha culminado la primera etapa del Congreso. Al momento de redactar este artículo, el número de Asambleas Territoriales concretadas ha superado el de la edición anterior, con un total de cerca de 200, lo que representa alrededor del 70% de las planificadas (tanto en el Interior como en Montevideo).
A partir del 10 de noviembre comenzarán a funcionar los plenarios departamentales, donde los delegados de cada asamblea harán una presentación de los temas discutidos.
La siguiente fase estará precedida de una Conferencia (transmitida vía streaming a todas las salas de videoconferencia de Antel) a cargo de invitados calificados en temas educativos que abordarán los ejes temáticos del Congreso.
El Plenario Final se desarrollará en la ciudad de Maldonado, los días 9 y 10 de diciembre, dando cierre al proceso de trabajo de discusión. Se estima que participarán unos 350 delegados territoriales y unos 150 delegados sectoriales.
La importancia del Congreso
Con el primer Congreso de Educación, ‘Maestro Julio Castro’ en 2006, se creó un foro de amplificación de las más diversas voces, sobre todo, de aquellas que no tienen posibilidades de generar un acercamiento directo con los centros de decisión. Hemos sido parte de movimientos sociales que tenían dentro de su plataforma la necesidad de generar espacios de participación. Este Congreso, con los alcances y limitaciones que establece la ley, sin ninguna duda lo es.
Los centros educativos, en sus más diversas versiones (primarios, secundarios, universitarios, públicos o privados, gestionados por ONGs, etc.), los sindicatos, los colectivos culturales y demás agentes vinculados con la Educación tienen sus canales de comunicación con las autoridades respectivas. La figura del Congreso generó un espacio de articulación que permite conocer la opinión y propuestas de esos otros actores de la sociedad que, desde luego, tienen aportes para realizar. Ya que finalmente la Educación la construimos entre todos y todas.
Desde algunas organizaciones sociales se plantean críticas, e incluso, la negativa a participar del Congreso. Desde estos ámbitos se argumenta el desconocimiento de las resoluciones emanadas de las ediciones anteriores. Desde aquí no decimos que varios planteos, muy atendibles, quedaron por el camino.
Recordemos que la Ley General de Educación, reflejó, en muchos sentidos, las resoluciones del Congreso. Particularmente aspectos programáticos de la ley, para nada superficiales: Educación como derecho humano para todos y todas a lo largo de toda la vida y como bien público. Otros relacionados a la participación social de los trabajadores en la conducción (que solo el Frente Amplio aprueba) y también los relativos a los dispositivos de participación. Otras de las propuestas se han ido concretando a lo largo de los años, de manera parcial o integral y algunas se mantienen en discusión.
Por lo tanto, expresamos y defendemos la pertinencia de la intervención en el Congreso. Y reafirmamos esta idea ya que desde diferentes ámbitos se ha planteado la negativa a integrar el debate. Con sorpresa, nos enteramos días atrás, que el Directorio del Partido Nacional resolvió retirar a su delegado de la Comisión Organizadora del Congreso y abandonar su participación en el mismo. Afirmando el cuestionamiento a la validez del Congreso y la negativa al reconocimiento de sus resoluciones.
Observamos con tristeza la decisión expresada por el Directorio nacionalista, sobre todo, por los fundamentos en que se basa. Se dice que las propuestas presentadas por su representante no fueron tenidas en cuenta. Cabe acotar, que algunas de ellas, sí fueron aceptadas. Como “defensores de la democracia representativa y el régimen republicano” (según reza el comunicado) se desconocen sus principios básicos. Como si la participación ciudadana fuera en detrimento de las instituciones, al contrario, las fortalecen.
Ante esta determinación nos parece importante dejar en claro algunos aspectos. En primer lugar, el Congreso Nacional de Educación emana de la Ley General de Educación vigente desde 2009. Por lo tanto, desconocer el Congreso es rechazar una norma vigente de nuestro ordenamiento jurídico.
En segundo lugar. El Partido Nacional afirma que “Ni el método nos parece el adecuado para resolver los problemas de nuestra enseñanza, ni la manera en que se desarrollaron esos congresos nos resulta satisfactoria.” Estas palabras dejan claro, que desde antes de arrancar, no comparten, ni siquiera, la existencia del Congreso.
Una de las propuestas del Partido Nacional fue que las mesas coordinadoras fueran presididas por legisladores integrantes de la Comisión de Educación del Parlamento. La respuesta del Comité Organizador fue que tanto, senadores como diputados, están en un pie de igualdad con cualquier otro ciudadano que desee participar. Y allí radica la esencia del Congreso. La posibilidad de que cualquier individuo, sin importar su filiación política, su condición social, su ocupación o cualquier otra seña particular, pueda ser parte constitutiva de la discusión en un plano de igualdad.
¿Qué otro ámbito otorga la posibilidad de reunir a quince ciudadanos (como mínimo) para que realicen sus aportes en la construcción de un proyecto educativo nacional? Acaso, ¿existe un espacio más democrático que ese?
En tercer lugar. Me pregunto cuáles fueron las políticas participativas que implementó el Partido Nacional durante su gobierno o cuando cogobernó junto al Partido Colorado. ¿En qué momento se le dio lugar a la opinión de los trabajadores, padres, madres, o estudiantes? Ni hablar de la oposición. No existe una práctica de discusión y elaboración colectiva más democrática que la que propone el Congreso.
Ha sido el Frente Amplio quien, desde el 2005, ha desarrollado una serie de reformas que han institucionalizado la participación de la ciudadanía en los órganos de decisión.
En estos temas, cruciales para el país, es necesario tener una mirada amplia, de largo plazo, que contemple los intereses nacionales. Nada aporta a la educación cuando se ponen por delante posturas partidarias, que en lugar de sumar, entorpecen un desarrollo plural y democrático.
(*) Diputado del Frente Amplio – MPP – Espacio 609.
