Por Aldo Velázquez (*) | @afvelazquez
El Instituto del Niño y Adolescente Uruguay, cuyo directorio integro desde el 18 de junio del corriente, cuenta a la fecha con 4.800 niños bajo su amparo, con una población de casi tres millones y medio de habitantes.
De estos casi de 5.000 niños bajo nuestro amparo, solo cuatro de cada seis se encuentran integrados en algún sistema de acogimiento familiar, esto es, viviendo en una familia, por lo cual evidenciamos que a la fecha tenemos seis de cada 10 de estos niños a los cuales no les garantizamos el derecho a vivir en familia.
Estas cifras no tendrían variación significativa si consideráramos las adopciones, dado que en Uruguay se realizan tan solo 100 adopciones anuales, debido a un proceso vetusto, burocrático y con algunas carencias en la gestión, que este gobierno desde el día uno de gestión procura modificar legislando al respecto y mejorando la gestión de sus procesos.
Ante esta la situación descripta, y teniendo siempre presente nuestra Carta Magna, que en sus artículos 7, 40 y 41, entre otros, dispone que, procurando la protección en el goce de la vida de la familia como base de la sociedad, y asumiendo con responsabilidad el deber del Estado de velar por la estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad, es que el directorio actual elaboró un plan ambicioso cuya primera línea estratégica dispone la adecuación de nuestro sistema de protección de 24 horas hacia modelos de base familiar y comunitaria.
Nos proponemos que un porcentaje mayor de los niños puedan acceder a una vida en familia, garantizando así sus derechos y propendiendo a un mejor desarrollo de los mismos, alimentando también su bienestar emocional, seguridad y confianza.
Para lograr el cumplimiento de este lineamiento estratégico, hemos definido dos grandes objetivos. El primero objetivo es impulsar la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes de centros residenciales como modalidad de protección especial. En nuestra planificación táctica estamos incluyendo distintas líneas de acción, que incluyen el aumento significativo de cupos de acogimiento familiar, en sus distintas modalidades. Contamos con tres modalidades de acogimiento familiar:
* Familia extensa – Es la familia del niño, abuelos, tíos, excluyendo a padre y madre. Es la modalidad que actualmente tiene mayor cantidad de niños, con más de 1.200 (612 familias).
* Familias por afinidad – Vecinos, personas que han creado un vínculo con el niño sin ser familiares del mismo. Contamos con 198 niños en esta modalidad (115 familias).
* Familias amigas – Otras familias que se postulan al programa de acogimiento sin vínculo previo con ningún niño. Actualmente hay 350 niños en 134 familias amigas.
Con un total de 1.810 niños en 861 familias de acogimiento, vemos claramente una potencialidad de desarrollar las familias amigas, las cuales actualmente son 134.
Desarrollaremos micro y macro campañas para difundir, sensibilizar y motivar a las familias a inscribirse en nuestros programas de acogimiento familiar. Las microcampañas involucran a nuestros equipos de funcionarios del programa de Familia y Cuidados Parentales, que han desarrollado un brillante plan de captación de familias, el cual se comenzará a desplegar a la brevedad. Se trata de un plan minucioso y detallado que incluye la captación a través de diferentes intervenciones en instituciones públicas y privadas, a través de redes barriales, clubes deportivos y otros.
Como nos obsesiona la sistematización, la medición y la mejora continua de estos procesos, lo cual nos permitirá no solo sostener en el tiempo los logros que esta campaña alcance, sino también optimizar y mejorar nuestros resultados, es que incluiremos especialmente este proceso dentro de nuestro programa de mejoramiento de la gestión, con un enfoque en gestión de la calidad, el cual forma parte de la línea estratégica número 4 de nuestra planificación y que cuenta con un importante componente tecnológico.
El segundo objetivo es fortalecer los procesos vinculados a la adopción. En Uruguay el proceso de adopción es un proceso engorroso, lento, vetusto, que dura entre tres y cinco años, atentando directamente contra el derecho de muchos niños de vivir en un entorno familiar. Hay en Uruguay 400 niños con condición de adoptabilidad, cerca de 400 familias que desean adoptar, pero solo 100 adopciones que se tramitan por año. El directorio se ha propuesto cambiar esta realidad, llevando adelante varios cambios en diferentes ámbitos.
En el ámbito legislativo, en la ley de urgente consideración aprobada hace unos meses por el nuevo gobierno de la República, se estipula un plazo máximo de 18 meses para el proceso, el cual es un plazo lo suficientemente garantista y prudente para contemplar las diferentes situaciones que se pueden dar. En la misma ley se incluyeron otros cambios que permitirán agilizar los procesos.
En el ámbito de la gestión interna estamos tomando acciones innovadoras para la cultura anterior en el tema. El proceso de adopciones está centralizado en nuestra capital, Montevideo, por lo que estamos comenzando un proceso de descentralización. Estamos contratando equipos de valoración en territorio para que acerquen el proceso a las comunidades. A su vez, estas contrataciones aumentan nuestras fuerzas de trabajo y, por ende, nuestra capacidad de mejorar los resultados.
También estamos analizando minuciosamente los procesos, con un enfoque sistemático, con mejora continua, definición de un cuadro de mando integral e incorporación de tecnología a los mismos.
En una función de carácter tan social como la que el Poder Ejecutivo nos ha encomendado no se puede perder de vista el eje económico, no podemos ser omisos o desatender de forma alguna una parte importante de la función, y de la gestión, que implica el hecho de que administramos recursos públicos, que son muy escasos, aún más escasos en estos tiempos de pandemia.
Debido a esto no podemos dejar de considerar que la inversión por niño en nuestro sistema de protección de 24 horas fluctúa entre 45.000 y 80.000 pesos y la transferencia por niño en el sistema de acogimiento familiar involucra una inversión de entre 9.000 y 13.000 pesos mensuales, dependiendo de la modalidad. Esto claramente indica que aumentar los cupos en el sistema de acogimiento, además de garantizar el derecho de los niños a vivir en familia -objetivo principal que motiva nuestro accionar- significa un importante ahorro que permitirá invertir más en aquellos niños que por un motivo u otro no podamos desinstitucionalizar, mejorando, por ende, su calidad de vida.
Pero más allá de cualquier detalle de cifras que pueda proveer, la gestión económica que realizamos es siempre responsable, y en procura de optimizar cada día la administración que se nos comete del dinero público, que no es otra cosa que el dinero de los contribuyentes, que como tales esperan y confían en la gestión honesta, cuidadosa y transparente. Eso también conforma el compromiso que asumimos al servicio de la función pública. De ese compromiso estamos orgullosos y siempre dispuestos a rendir cuentas.
Venimos trabajando juntos los tres directores provenientes de distintos partidos políticos, en forma mancomunada en estos objetivos. En ese sentido no hay sectores, se antepone como corresponde, pero es necesario recordarlo, el principio del interés superior del niño. Aquí quedaron de lado ideologías, partidos políticos y cualquier otro interés. No obstante esto, hemos detectado algunas debilidades en la institución que nos preocupan y que podríamos desarrollar en notas futuras. Debilidades que ponen en duda nuestra capacidad de velar por el principio mencionado, que no debe ser una entelequia que se circunscribe a la letra fría de cientos de expedientes, sino que tiene que ser acción, pasión, amor por nuestros niños y adolescentes, que son los más frágiles de nuestra sociedad. Hay mucho por hacer.
(*) Vicepresidente del INAU
