Por Guillermo Maciel (*) | @macielguillermo
Las autoridades y la realidad no dejan de sorprender. El ministro del Interior reapareció públicamente, y nuevamente volvió a asombrar con sus «explicaciones» (ahora filosóficas) sobre el delito. Esta vez sostuvo que «el avance del delito es por la voluntad del delincuente de cometer delitos y la voluntad de quien no era delincuente de transformarse en delincuente«. Realmente la frase no resiste análisis alguno. Concomitantemente el «director de Convivencia» y asesor del ministro del Interior salió a criticar y a pedir la derogación de las «libertades vigiladas» consagradas en la Ley 19.446 del 28/10/16, que fue promovida e impulsada desde el propio Ministerio del Interior (al cual él pertenece) y apoyada y aprobaba por todo el oficialismo de su partido político. Perecen olvidar que son gobierno y que incluso tienen mayoría parlamentaria para derogarla ya mismo, en lugar de quejarse. Realmente insólito, no es serio. En el centro de reclusión Comcar, un recluso con un arma de fuego, ejecuta a otro de varios disparos. ¿Cómo es posible esto? Resulta inaudito que los reclusos estén armados. Este grave hecho, ilustra un descontrol y caos absoluto en las cárceles. Una fiscal le impuso como pena a un imputado por receptación, realizar 100 tortas fritas para donar. Indudablemente da una muy mala señal, con una medida poco sensata y criteriosa. Por último, mientras que el director de la Policía Nacional declara que los homicidios por «ajustes de cuentas o conflictos entre delincuentes» son el 58%; el senador oficialista y ex director general del Ministerio del Interior dice que son el 80%; el ministro que representan más del 60% y para el Observatorio en Seguridad del Ministerio, un 47%. Es decir que las propias autoridades manejan públicamente cuatro datos distintos casi al mismo tiempo. Todo muy poco serio y responsable.
Como si todo esto no alcanzara, se han publicado los datos oficiales sobre delitos, que demuestran que el año 2018 cerró con 414 asesinatos (45,8% más que 2017); casi 30.000 rapiñas (53,8% más que en 2017) y más de 145.000 hurtos (es decir, un 25,6% más). Se trata de muy malas noticias para los uruguayos, aunque no sorprenden, por cuanto desde Fundapro ya se había alertado de este nuevo y triste récord delictivo.
Con estas cifras, por un lado, se confirma el colosal y rotundo fracaso de los gobiernos del Frente Amplio en materia de seguridad pública. También evidencian que nos encontramos frente a una «epidemia» de asesinatos. La gravedad del tema queda de manifiesto al comparar con la región: Uruguay cuadriplica la tasa de homicidios de Chile y duplica la de Argentina, Paraguay y Ecuador.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, señaló que los delitos violentos disminuyeron en el 75% de los países del mundo y solo subieron en el 25% restante. Lamentablemente, Uruguay se ubica en ese 25%.
Curiosamente ninguno de estos datos se manejó en la rendición de cuentas del presidente de la República, en el Antel Arena hace unas semanas.
El ministro del Interior y algunos integrantes del gobierno, han salido rápidamente a pretender diluir el fracaso en los resultados, con explicaciones, responsabilizando del tema al nuevo Código de Procedimiento Penal, a los conflictos entre criminales, a los ajustes de cuentas, a la violencia familiar o a la sociedad en su conjunto.
Como se ha tornado habitual, no hay ni una sola autocrítica a la mala gestión, a un gobierno fallido, a un Estado ausente, y lo más sorprendente, se dan estas terribles y angustiantes cifras con total naturalidad. Los gobernantes del Frente Amplio a falta de resultados positivos vuelven a apelar a las explicaciones, los diagnósticos y las justificaciones. Resulta increíble que luego de más de 9 años en el cargo, el Sr. ministro aún no sepa cuál es su función. La de disuadir, prevenir y reprimir el delito, y no la de contarnos por qué nos roban o nos matan.
A su vez, el gobierno no toma conciencia de que haciendo lo mismo una y otra vez, no es posible obtener resultados diferentes. Y como consecuencia, estos son los peores resultados en la historia del Uruguay.
Cabe asimismo recordar que los terribles fenómenos del sicariato, los ajustes de cuentas, las bandas de narcotraficantes y las violentas disputas territoriales, aparecieron, se instalaron y crecieron bajo los tres gobiernos del Frente Amplio.
Otro aspecto a señalar, refiere puntualmente las rapiñas. Se indica que habrían sido denunciadas unas 22.000 en 2018. Este dato llama mucho la atención, por cuanto la cifra debería ser sustancialmente mayor. En efecto, si el propio Ministerio del Interior reconoció oficialmente que en el primer semestre de 2018 ocurrieron más de 14.400, cuesta comprender una abrupta caída a menos de 7.500 en el segundo semestre de 2018. Obsérvese que la tendencia estadística de los años 2014 a 2017 acredita que en cada segundo semestre de esos años, sucedieron en promedio unas 10.000 rapiñas. Y que la constante es una cierta correlación entre un semestre y el siguiente. Pero resulta que ahora y pese al crecimiento significativo del primer semestre de 2018, bajan fuertemente en el segundo semestre. Sin atribuir intencionalidad, subregistros o manipulación de los datos, podría tal vez encontrarse la explicación en un aumento de la tasa de no denuncia. En fin, el problema aquí es que no es posible auditar las cifras del Ministerio del Interior para corroborarlas y hacerlas más transparentes.
Como corolario, a partir de una gestión ineficaz y con ineptitud en materia de seguridad, el resultado es más inseguridad. La impunidad es el mayor aliado e incentivo del delito. Los gobiernos del Frente Amplio no han logrado desalentar que sea «negocio» delinquir («ecuación riesgo/beneficio»). Es imprescindible revertir el aumento de la impunidad y la caída del poder disuasivo penal. Debe desalentarse al delincuente y eliminar aquellos factores que operan como incentivos u oportunidades de la condiciones para incurrir en la criminalidad. Esto es posible haciendo de la seguridad pública una prioridad; desterrando una conducción ideológica de la seguridad (que hoy les nubla la razón); restableciendo la autoridad; respaldando a la policía; potenciando la investigación y la inteligencia policial a fin de mejorar la tasa de esclarecimiento de los delitos (que hoy es desastrosa); todo ello, con una estrategia idónea, pragmática y efectiva contra la delincuencia. Claramente no es algo que se pueda esperar del Frente Amplio.
(*) Director del Observatorio en Seguridad de Fundapro.
