Por Mariano Tucci (*) | @MarianoTucci609
Una mirada general al desarrollo de los últimos siglos, nos sitúa ante la incertidumbre de no conocer los efectos ulteriores derivados de la pandemia que transcurre. Lo cierto es que todas y cada una de las emergencias sanitarias que ha sufrido la humanidad han tenido como corolario un potente efecto negativo en la trayectoria económica de los pueblos.
Eso es una verdad inobjetable. Van a haber consecuencias negativas, seguramente superiores a las que hoy vivimos en el globo.
Algunos analistas dan cuenta de que el covid-19 no va a “inaugurar una nueva era económica”, como sí sucedió con otros fenómenos de características similares en cuanto a su masividad, pero más potentes y agresivos en sus efectos inmediatos. Pero lo cierto es que todos coinciden que dejará su sello en el Siglo XXI.
Uruguay no es una isla, y a propósito de esta circunstancia viene siendo golpeado por el paso del coronavirus, no sólo porque en su camino viene llevándose puestas centenares de vidas -las más doloroso y preocupante-, sino porque además viene dejando el tendal entre las grandes mayorías, afectando su ingreso, su trabajo y todo de lo que ello depende: la vivienda, la salud, la educación, etc.
¿Podemos decir que el gobierno no ha hecho nada? De ninguna manera. Pero lo cierto es que todo lo que ha hecho es insuficiente porque, entre otras cosas, la estrategia que ha utilizado desde el 13 de marzo a la fecha no es compartida en términos económicos. En materia sanitaria ha cumplido en líneas generales.
No conocemos país en el mundo que procese un ajuste en el marco de esta emergencia sanitaria. Sólo el Uruguay de Lacalle.
En este sentido, el Frente Amplio ha realizado, nuevamente, una serie de propuestas que el gobierno analiza en conjunto con las de los otros partidos -socios- y que en una primera reflexión podemos decir que todos coincidimos en que urge un aumento en el gasto social.
Estamos convencidos de que los más golpeados en esta etapa siguen siendo los sectores sociales con menor capacidad de respuesta para enfrentar la crisis. Cuentapropistas, entre otros.
Como referíamos con anterioridad, el Poder Ejecutivo ha colocado alguna herramienta para atender estas urgencias, pero han sido extremadamente insuficientes. A este grupo poblacional al que referimos y según los datos de la Ministra de Economía, le ha significado un incremento en las transferencias que percibían de aproximadamente 769 pesos mensual por persona (aumento de TUS, de AFAM y bonos canasta). ¿Es esto una solución real?
La fuerza política propone que a estos hogares se les otorgue una asistencia transitoria a los efectos de que su ingreso mensual alcance un salario mínimo líquido durante los próximos cuatro meses, con posibilidad de extenderlo si la emergencia sanitaria continúa.
Por otra parte, la situación laboral ha empeorado sustantivamente en el último año, y es por esa razón que se hace imprescindible garantizar tanto la permanencia de los núcleos más afectados en sus hogares, como el acceso a los servicios básicos que en ellos se prestan.
Hemos propuesto suspender los lanzamientos y los cortes de servicios básicos, difiriendo las cuotas/vivienda y pagos de los servicios.
Para aquellos ciudadanos/as que están en el seguro de paro y para los hogares que reciban la renta básica de emergencia, hemos propuesto, además, detener los desalojos y lanzamientos de inquilinos por 120 días y un diferimiento de intereses de cuotas hipotecarias de Mvotma, ANV, y BHU entre marzo y junio de 2021.
Conexo a ello, es imprescindible suspender los cortes de servicios de luz, agua e internet y diferir el vencimiento de tarifas de UTE, Antel y OSE. En todos los casos que corresponda, los diferimientos se pagarán en cuotas sin moras ni intereses.
Un subsidio al alquiler para asegurar la permanencia en la vivienda, de hasta tres BPC dirigido a trabajadores en seguro de paro y aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia, colocando el foco en los hogares monoparentales, familias con hijos menores de 12 años y familias con hijos discapacitados.
Paralelamente, y como es conocido, la pandemia ha tenido un mayor impacto en las micro, pequeñas y parte de las medianas empresas; en particular las que venden en el mercado interno. Para ellas, proponemos diferir vencimientos de DGI y BPS. Dicho diferimiento será por 60 días, renovable por otros 60 días. Luego se pagarán en cuotas a definir de acuerdo a la realidad de cada sector, sin incluir moras ni intereses por dicho diferimiento.
En particular, es necesario contemplar la situación del sector turístico muy afectado en esta temporada. Proponemos un fondo especial para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de este sector.
Hemos tenido siempre la intención de colaborar y ponernos a disposición para construir soluciones colectivas a las dolencias de la gente. Siempre ha sido así. Por más que el garganteo electorero de algunos nos quiera ubicar en el “cuanto peor, mejor”, nosotros tenemos claro que primero está el país.
Es por esa razón que hemos sometido a la consideración del presidente y de su gobierno un conjunto de ideas, algunas las hemos desarrollado en este artículo, otras -como las vinculadas a los seguros de desempleo o el adelanto de inversión pública y apoyo a la inversión privada en infraestructura y vivienda- quedarán para otra oportunidad.
Todas ellas están debidamente articuladas y pueden costearse con solvencia debido a las fortalezas económico financieras que este gobierno heredó de las pasadas administraciones frenteamplistas.
El costo adicional del ingreso básico de emergencia rondaría el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los costos asociados al respaldo a pequeñas empresas y vinculados a la permanencia en la vivienda representan un 0,5% del PBI.
Todos sabemos que el costo final para el Estado va a ser mucho menor, porque estas medidas, dinamizadoras de la economía nacional, van a generar ingresos que naturalmente retornarán a las arcas públicas en materia de aportes previsionales, pagos menores de seguros de desempleo, mayores ingresos de IVA por mayor consumo, etc.
El gobierno tiene que escuchar más y hablar menos. Hay una realidad que está en la calle, que tiene cara de desempleo. De angustia por no poder cubrir sus necesidades básicas. De rebeldía por no recibir lo justo en tiempos de emergencia y, por tanto, de excepcionalidad.
A ese pedazo de pueblo hay que asistirlo, cuidarlo y protegerlo. Porque de no ser así, aquello de que “No venimos a cambiar la mitad del país por otro”, es sólo una fábula que sonaba muy linda, pero que al final era sólo eso…una simple fábula.
Que el gobierno escuche, responda y deje ayudarse. Sólo eso esperamos.
(*) Diputado por el Frente Amplio. Fundador de Convergencia Popular.
