Por Felipe Carballo (*) | @fcarballo711
Hace algunos días asumió en nuestro hermano país el nuevo presidente Javier Milei. Lejos de entrar en las enormes diferencias políticas que tenemos con él, haré referencia a sus anuncios sobre inversión en obras públicas y cómo esto es importante para los próximos años en Uruguay.
Milei aseguró el cese inmediato de la inversión en obra pública, tanto a nivel nacional como provincial, incluyendo aquellos proyectos ya aprobados; muchos de ellos con la particular dificultad de ser participación público-privada, sujetos a compromisos contractuales o algunos que seguramente provocan dilemas constitucionales en cuanto al federalismo. “No hay dinero”, dijo el nuevo presidente, en lo que considero un error político y una muestra grande de debilidad en términos de gobernabilidad. Porque cuando no hay dinero el Estado lo recauda, lo consigue, lo negocia, lo administra para cumplir sus obligaciones; eso hace un buen gobierno. En el extremo opuesto tenemos al presidente Lula da Silva, fiel a esa política pública que tanto caracterizó a su primer mandato y tan bien hizo a la economía de su país. Lula apostó por una fuerte inyección en obra pública, que generó empleo de primera, calidad de vida, accesos a servicios donde parecía ser tierra de nadie, consiguió inversiones extranjeras y con todo ello posicionó a Brasil a la vanguardia en la región.
Respecto a la situación en Uruguay, se ha señalado en las últimas horas que el gobierno actual provocó un deterioro de las cuentas fiscales y que esto condicionará al próximo gobierno. El déficit fiscal podría cerrar este período con un aumento del 50%, lo que llama poderosamente la atención viniendo de un gobierno herrerista que prometió cuidar las cuentas públicas.
¿Cómo hablar con honestidad de déficit fiscal luego de haber prometido austeridad, de haber recortado el presupuesto en formación docente y en la Udelar? Este mismo gobierno que le sacó el 20% de sus ingresos a aquellos empleados públicos que ganaban apenas una canasta básica para paliar los efectos de la pandemia. ¿Cómo se les explica a los jubilados que han percibido aumentos invisibles, casi de chiste de mal gusto, que el déficit fiscal pasó a 4,4% interanual cerrado a octubre de este año? ¿Quién les explica esto a los trabajadores que aún no han podido siquiera recuperar el salario real que los primeros años de gobierno les sacó?
El economista Ignacio Munyo, en un conversatorio del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), centro que dirige con férreo compromiso en justificar las acciones de libre-mercado y quita de impuestos a inversores privados, explica esto perfectamente y por eso utilizaré directamente sus palabras que fueron publicadas en los diarios El País y El Observador: “Seguimos teniendo un gasto similar en los últimos años. A fin de 2019 era 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y actualmente está en 30,2% del PIB (…). El gasto va a seguir subiendo en los próximos meses». Al ser año electoral, el próximo gobierno «va a asumir con una situación fiscal delicada, sin margen de maniobra» (para aumentar gasto ni para subir impuestos) en palabras de Munyo, uno de los posibles candidatos para las elecciones del 2024 del Partido Colorado.
Por su parte, el economista Martin Vallcorba es muy claro al ejemplificar el problema y ofrece otra mirada: “Queda claro que aquella promesa de campaña de ahorrar US$ 900 millones en el primer año de gobierno quedó por el camino. En términos del PIB, los egresos primarios del GC-BPS en el año móvil cerrado en setiembre de 2023 son iguales que los de 2019: 27,4%. Y si los medimos a valores constantes, aumentaron en más de US$ 1.000 millones. O sea, no sólo el gobierno no ahorró los US$ 900 millones prometidos, sino que, por el contrario, expandió el gasto en US$ 1.000 millones.”
Sin nada más que agregar respecto a los motivos del déficit, venimos a proponer, a estudiar y estar preparados para esta realidad inminente.
Volviendo a lo medular de este análisis vinculado a las inversiones en obra pública, nos preguntamos: ¿Qué debería hacer el próximo gobierno?
El Frente Amplio, por su propia naturaleza, deberá cubrir las necesidades y garantizar derechos. Porque eso está en su esencia de tradición seregnista, alimentada por lo mejor de las corrientes del batllismo y del ala wilsonista, que claramente ven en nuestra fuerza política el único proyecto que recoge sus principios.
Es aquí donde nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la obra pública, en particular con el crecimiento del transporte que tanto contribuye al desarrollo. Estamos comprometidos con la industria nacional y las pymes, pero de verdad, para que logren consolidarse y crecer. También estamos convencidos de la importancia de generar nueva infraestructura, espacios públicos para la cultura, la educación artística y el deporte inclusivo. Somos partidarios de las empresas estatales, que darán ganancias, porque pueden darlas, pero sobre todo darán servicios de calidad, porque deben darlos. ¿Y cómo hacemos eso sin margen de maniobra? Ahí está la clave, esa es la pregunta: ¿Qué lugar ocupa la inversión en obra pública en el cálculo del déficit fiscal? ¿Qué rol y obligaciones tiene el Estado en cuanto a los resultados económicos y en cuanto a la vida cotidiana de la gente? ¿Qué tiene más peso? Es una discusión profunda, donde dentro de una escala de grises siempre elegimos un rumbo progresista, humanista y de izquierda. Pero también productivo y de crecimiento real, de industrialización y fin del colonialismo informal de la venta de nuestra materia prima. Nuestro modelo es con todos, es un modelo sin derrame, porque no se necesita esperar derrame cuando el pueblo está en el centro de las políticas públicas.
Entonces, como tantas veces lo hemos señalado, la apuesta por la obra pública no es gasto, es inversión.
Como en el ajedrez, deporte que practico con pasión, a veces hay que hacer enroque en las ideas, verlas desde otro lugar. Si la inversión en obra pública va a ser considerada dentro del déficit y no tenemos proyección de crecimiento en PIB, no tenemos margen de acción cierto. Pero si disponemos recursos estatales para el fomento de la obra pública en industria y transporte, por ejemplo, estamos invirtiendo en un crecimiento del PBI, y eso nos da margen para ajustar el déficit fiscal.
