Por Conrado Rodríguez (*) | @Dip_ConradoRod
El fin de año siempre trae consigo la reflexión sobre un ciclo que termina y otro que comienza. En materia legislativa, logramos avanzar en la aprobación de proyectos de ley que habían sido parte de los compromisos asumidos en la campaña electoral, y otros que venían siendo discutidos desde algunos años atrás, pero que aún no contaban con las mayorías necesarias para su aprobación.
Entre los primeros tenemos que destacar como primer gran mojón del 2023 la aprobación de la reforma de la seguridad social. Una reforma anunciada en 2017 por el expresidente Tabaré Vázquez como necesaria e impostergable, aunque por entonces prefirió decir que tendría que ser atendida en próximos períodos de gobierno, mientras que la realidad nos indica que cuanto más se dilatan en el tiempo, más duras terminan siendo, porque se pierde todo margen de maniobra para introducir cambios graduales.
Lo cierto es que Uruguay tiene un serio problema demográfico, que lo condiciona. El envejecimiento poblacional deriva de la reducción de la tasa de fecundidad y del aumento de la esperanza de vida. Entre 1996 y 2020, el número de nacimientos cayó un 39%. En el año 2021 nacieron 34.600 niños, mientras que en el 2022 esa cifra se acercó a los 32.000, siendo que en el año 1996 habían sido unos 59.000.
Según la comisión de expertos de la Seguridad Social en el quinquenio 1995-2000 la sobrevida esperada a los 60 años era de 20 años, y se estima que para el quinquenio 2065-2070 será del orden de los 27 años (promedio de ambos sexos).
El problema que debíamos afrontar era que, si la reforma no se hacía, íbamos rumbo a un crecimiento del gasto en esta materia en el orden de los 13 puntos del PIB. Esa situación generaría en las próximas generaciones una tensión inadecuada, donde existirían menos recursos para otras políticas públicas, ya que más recursos debían “desviarse” para su sustentabilidad. El desafío que tenía nuestro país era adecuar el diseño del régimen previsional vigente a esta realidad, sin perder de vista los pilares fundamentales del sistema como su cobertura y suficiencia.
Desde el Partido Colorado nos tocó ser uno de los representantes en la Comisión de Diputados que discutió la reforma. En lo personal, presenté 47 modificaciones en una instancia, luego otras 10, y finalmente tres propuestas más que fueron negociadas con el presidente de la República. Sentimos que pudimos hacer un aporte en el sentido de mejorar el proyecto. Para nosotros era fundamental cumplir con tres ejes: respetar los derechos adquiridos, tener en cuenta las legítimas expectativas de aquellos que estaban próximos a la causal jubilatoria para que no tuvieran un cambio de reglas de juego (se estableció una transición muy amplia con modificaciones recién para aquellos que nacieron en 1973), y asegurar en los diferentes tramos de ingresos que no iba a haber pérdida del haber jubilatorio.
Estas tres prioridades estuvieron consagradas en la reforma. Al mismo tiempo, se aprobó un proyecto de ley de 2018 de nuestra autoría para legalizar la compatibilidad del estado jubilatorio con la realización de una actividad remunerada dentro de la misma afiliación de BPS. A esto le denominamos en su tiempo “jubilación activa”. Ahora miles de personas tendrán la posibilidad de tener un ingreso seguro devenido de su haber jubilatorio, y podrán completar sus ingresos con el ejercicio de una actividad remunerada, sin perder su jubilación. Esto habilita a seguir en actividad para seguir cumpliendo con una vocación, para mejorar la salud física y emocional, o para cubrir una necesidad económica.
El PIT-CNT y los sectores que apoyan la precandidatura de Cosse impulsan una reforma constitucional que no sólo destruye esta reforma, sino que lo hace con todo el sistema de la seguridad social. Es un salto al vacío que Cosse con su firma estaría invitando a dar.
Los juicios multimillonarios que podrían venir, no solo por parte de las AFAP ante un cambio de reglas de juego, sino también por parte de los miles de ahorristas que verían confiscados sus ahorros, generan un enorme riesgo. Por un lado deroga la ley que estableció el sistema mixto, pero por otro hace “sobrevivir” el régimen de transición que estableció la misma ley. Por un lado, también pretende establecer un mínimo jubilatorio atado al salario mínimo nacional, pero por otro termina incentivando que el ajuste de este último sea mínimo, porque la tentación de cualquier gobierno será siempre ajustar éste por debajo de la variación del índice medio de salarios. Este acto de irresponsabilidad debe ser advertido por los partidos políticos republicanos, militando en contra de esta reforma, y señalando los perjuicios que sectores del Frente Amplio le provocarán al Uruguay.
Otro hito importante del año fue el cumplimiento de una promesa de campaña como la baja del IASS y el IRPF. ¡Lo increíble de esto, es que la oposición atacó al gobierno por querer bajar impuestos! Es que claro, los inventores de estos impuestos exprimieron a trabajadores y jubilados para saciar su apetito para financiar el despilfarro y tapar los agujeros negros de su gestión en nuestras empresas.
La última rendición de cuentas con posibilidad de hacer modificaciones presupuestales llegó con foco en una política tan postergada como olvidada como la atención en salud mental y adicciones. Fruto del diagnóstico de la comisión de expertos en seguridad social, pudimos incluir la creación de una comisión especializada para el estudio profesional y técnico sobre el tema poblacional. Uruguay debe abordar esta problemática para impulsar políticas públicas que den más libertad a las familias para poder tomar decisiones, como por ejemplo la ampliación del sistema de cuidados para niños mayores de cuatro años, al mismo tiempo que es necesario diseñar estímulos para la inmigración organizada.
Luego de seis años de discusión pudimos lograr la aprobación en diputados de una ley de financiamiento de partidos para fortalecer nuestra democracia. Desde la presidencia de la comisión logramos dar un nuevo impulso a las negociaciones, introduciendo mecanismos de control, potestades sancionatorias a favor de la Corte Electoral, y reglas de juego claras para los partidos políticos. Todo esto redunda en una mayor credibilidad a favor del sistema político, que debe estar alerta ante fenómenos de otros países de nuestra América, de intromisión de actividades ilícitas en la política, y por tanto es fundamental legislar para blindar y prevenir.
Por último, logramos que se aprobara en diputados nuestro proyecto sobre pérdida del subsidio que cobran quienes se desempeñan en cargos políticos o de particular confianza, cuando son condenados por delitos contra la Administración Pública y delitos vinculados a la corrupción.
No puede volver a pasar que alguien condenado por peculado (por haberse apropiado de bienes del Estado) y por abuso de funciones, luego cobre un subsidio por un año, como ocurrió con el exvicepresidente Raúl Sendic.
Ante este vacío normativo nos permitimos proponer esta solución para evitar futuros casos, para que no se violente el sentimiento y la esencia republicana que debe guiar la función pública, que implica que el ejercicio de la transparencia y el compromiso ético de los servidores públicos estén seguidos con acciones, pero asegurados por la legislación.
El fin de año llega con concreciones, pero con el mandato claro de redoblar el esfuerzo para que en el futuro próximo sigamos avanzando en reformas a favor de la gente, sin reparar en el ruido de los que prefieren la destrucción, no importando las consecuencias, para ver si en el caos y el desánimo pueden volver hacerse del poder. La historia ha demostrado que en la medida que el Partido Colorado esté fuerte y en crecimiento esos intentos solo quedarán en eso, en intentos. Trabajaremos fuertemente y seguiremos apuntalando a la renovación y al cambio tan necesario para legitimar nuevos procesos transformadores, tanto para nuestro partido como para el país. En este tiempo de definiciones, no somos de los que participan como meros espectadores, sino de aquellos que le damos acción a nuestro compromiso.
(*) Diputado de Renovación y Cambio – Partido Colorado.
