Por Alejandro Sánchez (*) | @pachasanchez
El Estado sumergido es un concepto utilizado por algunos teóricos para definir al conjunto de leyes y acciones estatales, a través de las que se subsidia o se otorgan beneficios fiscales a personas particulares o empresas, como parte de una política pública. Estas acciones invisibles para la población, que muchas veces llegan a ser desconocidas hasta por los propios beneficiarios, implican altos costos para nuestro Estado. Vulgarmente, la derecha nacional insiste en denunciar la cantidad de dinero destinada a transferencias económicas hacia la población más pobre, pero al conocer los números globales, sus argumentos pierden absoluta validez.
El Gasto Tributario (GT), sacrificio realizado por el Estado sirve “para favorecer a un sector o grupo no a través de un aumento del gasto público directo, sino a través de la disminución de los impuestos que cargan esa actividad.” (i) Es decir, el GT está integrado por tratamientos fiscales especiales que implican exoneraciones impositivas a personas o a diferentes sectores productivos, por tanto es una renuncia recaudatoria.
Las últimas cifras publicadas por la DGI, sostienen que esta renuncia fiscal supone un costo significativo para nuestro país, ya que la relación entre el GT y el PIB en el año 2013 fue de 6,08%. (ii) Si bien, el valor del GT es inferior al observado en 2012, es muy alto en relación a otros rubros del Estado. Vale recordar que el gasto en Educación es de 4,7% del PIB y que si bien, nuestro gobierno tiene como meta llegar al 6%, aun no la hemos alcanzado.
Renuncias que estimulan
Es importante decir que el GT es un instrumento de aplicación de políticas públicas. Cumple con diversos objetivos: atraer inversiones extranjeras para que se radiquen en el país, garantizar puestos de trabajo, reducir los costos de la canasta básica, apoyar actividades de diversos sectores económicos. Este esfuerzo nacional no es caprichoso, persigue metas concretas. El siguiente punteo nos permitirá comprender el sentido de las exoneraciones y visualizar a las personas o empresas beneficiadas por las mismas.
En el año 2013, el sacrificio fiscal rondó el entorno de los 71.659,4 millones de pesos. Casi el 50% de ese total: 34.824,7 millones de pesos corresponde a las exoneraciones por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La Ley 18.083 del 2007 modificó las alícuotas del impuesto. La tasa básica se redujo de 23 a 22% mientras que la tasa mínima del impuesto pasó de 14 a 10%. El sacrificio fiscal originado en la existencia de la tasa reducida de IVA se refleja en la línea “Bienes a la tasa mínima”: pan, pescado, carne, aceites comestibles, arroz, harina de cereales, pastas y fideos, sal, azúcar, yerba, café, té, jabón común, grasas comestibles, medicamentos, entre otros bienes y servicios. Este esfuerzo beneficia principalmente a personas con menores recursos quienes destinan todo su ingreso a consumir estos productos básicos. Por otro lado, la exoneración del IVA a los arrendamientos de inmuebles, cuyo costo tributario fue de 3.131,6 millones de pesos ha contribuido a disminuir el gasto de algunos hogares. En este sentido, podemos decir que ha sido un mecanismo de mejora en la distribución del ingreso.
Otro gravamen que integra el GT es el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) cuyo sacrificio fiscal fue de 16.647 millones de pesos en 2013 y el 51,7% de la recaudación efectiva del impuesto. La mayor parte, el 16,9%, de la exoneración de la recaudación del IRAE corresponde a Zonas Francas. Del mismo modo se exoneró a 30 mil pequeñas empresas, con un costo de 4.413 millones de pesos. A su vez, la Industria Manufacturera fue la más beneficiada en el impuesto, 4.727 millones de pesos, sector que concentró el 28,4% del total.
Por otra parte, el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) en sus dos categorías: rentas de capital e incrementos patrimoniales y rentas del trabajo, tuvo un sacrificio fiscal de 6.015 millones de pesos.
Si bien este artículo no detalla los cinco impuestos analizados por la DGI, se puede observar que el 50% del GT se concentra en la renuncia por recaudación del IVA, favoreciendo a los hogares más pobres; pero del 50% restante hay una porción muy importante que termina beneficiando a personas de deciles más altos.
Desmitificando
El dato del GT en relación al PIB rompe con el discurso repetido y falaz de la derecha, que arroja las culpas del déficit fiscal a las transferencias personales. Para tener una idea el déficit fiscal está situado en 3,8 % del PIB, mientras que el gasto total de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad suma el 0, 37% y la Tarjeta Uruguay Social el 0,12% del PIB. Entonces cuando se discute sobre déficit fiscal y la derecha construye su discurso sobre que ese gasto es para políticas sociales destinadas a los más pobres, debemos transmitirle que comete un profundo error. Las cifras nos dicen que se invierte mucho más en exonerar de impuestos a las empresas para promover su radicación en Uruguay, que en transferencias económicas hacia los sectores más vulnerables.
Revisemos otro ejemplo: la exoneración por IRAE que gozan las instituciones de enseñanza privada representó en el 2013, 712 millones de pesos. A su vez, la exoneración del IVA ascendió a los 2.796,5 millones de pesos. Según datos del “Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2014” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa: en el 2012, la renuncia fue de 3.979 millones de pesos, lo que equivale al 8,5% del gasto público en educación, al 25,1% del gasto educativo privado y al 6,3% del gasto educativo total. Cabe resaltar que este tratamiento fiscal preferencial está establecido, en el artículo 69 de la Constitución de la República: «Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios».
Si comparamos las renuncias fiscales que sacrifica el Estado en dos liceos: uno de la periferia (Liceo Impulso) y otro de la elite (Liceo Francés), podemos ver cómo el Estado renuncia a 250 dólares por alumno en el colegio más pobre, mientras que en el otro, renuncia a 1.250 dólares por alumno. Es decir, se destina 5 veces más en un alumno de elite, que en un alumno de un barrio pobre.
La conclusión es muy simple: estas exoneraciones tienen un carácter regresivo con relación a la distribución del ingreso: quienes reciben un beneficio mayor son los deciles superiores, es decir, los hogares más ricos de la sociedad.
¿Sabrán los alumnos del Liceo Francés y sus padres todos los recursos que el Estado destina en ellos? Los legisladores de la oposición, ¿lo sabrán? Porque no los hemos visto en la televisión pidiéndoles contrapartidas como sí lo han hecho con los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social. El análisis del GT hace caer otra de las mentiras que alimenta la derecha, diariamente, engañando a la ciudadanía y delatando su solidaridad de clase.
(*) Diputado del MPP – Frente Amplio
Fuentes:
(i) “Estimación del Gasto Tributario en Uruguay 2011 – 2013”, informe de la Asesoría Económica de la DGI de mayo 2015.
(ii) Este sacrificio fiscal equivale al 33,9% de la suma de la recaudación efectiva de los siguientes 5 impuestos: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (Categorías I y II), Impuesto al Patrimonio e Impuesto Específico Interno, los cuales acumulan el 94% de la recaudación.
