Por Pablo Viana (*) | @pabloviana_ok
En ocasión de iniciar la discusión formal del proyecto de ley de urgente consideración remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento, y ante los cuestionamientos al mismo por parte de la oposición, cabe recordar que dicha iniciativa legislativa es el resultado del cambio del rumbo por el que optó la ciudadanía.
Indudablemente, la conformación actual del Poder Legislativo difiere del escenario de mayorías automáticas que caracterizó los últimos 15 años de gobierno en nuestro país. Es por ello por lo que en el Parlamento adquirirá especial relevancia la capacidad negociadora de los legisladores, siendo el debate y la búsqueda de acuerdos una de las notas típicas de este poder del Estado.
El proyecto de ley en cuestión tiene la particularidad de no tomar por sorpresa a nadie, ya que tanto el procedimiento por el cual se tramita, como su contenido, fue anunciado en campaña electoral. Además, desde enero se conoce el primer anteproyecto, por lo que ha habido suficiente tiempo para tomar conocimiento y analizar en profundidad el articulado. Si bien el proyecto que finalmente ingresó al Parlamento tuvo algunas modificaciones con respecto al anteproyecto antes difundido, en lo sustancial no hubo grandes cambios. Se discute, además, la oportunidad de ser presentado en un contexto de pandemia, cuando en realidad se tuvo presente dicha circunstancia excepcional y se decidió postergar la remisión del proyecto que estaba prevista para las primeras semanas de marzo.
Del mismo modo que en las últimas semanas el sentido de urgencia hizo que varias iniciativas parlamentarias referentes a la atención de la pandemia se tramitaran con celeridad y fueran aprobadas con un amplio consenso (incluso por unanimidad), el mismo espíritu conciliador debe motivar el debate sobre el proyecto de ley de urgente consideración. Naturalmente, existen diferentes visiones de país entre la coalición gobernante y la coalición opositora, reflejadas en sus respectivos programas de gobierno.
En una democracia representativa, a los legisladores nos compete interpretar el sentir ciudadano y actuar en consecuencia, respetando el mandato que nos han conferido nuestros representados. Asimismo, debemos observar el estricto apego a la Constitución y las leyes, y a los principios fundamentales sobre los que se erige el Estado de Derecho. En algunas ocasiones, producto de la mala práctica de algunos políticos, se desvirtúa la función legislativa y en lugar de respetarse los principios antes referidos, se elaboran leyes contrarias a los preceptos constitucionales. Sin duda es deber del legislador estudiar y capacitarse a este respecto, ya que supone el primer filtro para asegurar la calidad de nuestra legislación.
A propósito del tratamiento del proyecto de ley de urgente consideración, el tiempo transcurrido desde su difusión y el correspondiente a los plazos constitucionales para su trámite, resulta más que suficiente para que los parlamentarios logremos un estudio pormenorizado del articulado, y aquellos legisladores que tengan reparos o matices con el texto propuesto por el Poder Ejecutivo puedan expresar sus consideraciones al respecto. En tal sentido, el gobierno ha actuado con transparencia desde el primer momento, dando a conocer el texto en cuestión incluso antes de su ingreso formal al Parlamento.
Corresponde, entonces, focalizar el debate en los aspectos de fondo, ya que el proyecto contiene una serie de reformas de suma relevancia para atender los principales temas de la realidad nacional. La ciudadanía fue contundente al expresar mediante el voto popular que el Uruguay había cumplido un ciclo bajo las tres administraciones consecutivas del Frente Amplio y que era momento de un nuevo paradigma en la gestión pública. Es por ello por lo que se debe tomar como algo natural del juego democrático que la oposición deje de manifiesto sus discrepancias, pero sería bueno para la credibilidad del sistema político que dichas expresiones se hicieran con altura, fundamentos, y no por el mero hecho de oponerse a todo lo que provenga del gobierno. La coyuntura exige actuar con responsabilidad, y un accionar irresponsable de la oposición no contribuirá al desarrollo del país.
En esencia, el proyecto de LUC plasma las necesidades de cambio de la sociedad uruguaya. La ciudadanía exige una administración responsable y eficiente de los recursos que con tanto esfuerzo se vuelcan al erario público desde el sector privado. Las diferentes disposiciones en materia de seguridad pública, economía, finanzas del Estado, educación, entre otros, cuentan con un consenso mayoritario de los diferentes actores de los partidos de la coalición de gobierno. Si bien pueden existir algunas discrepancias, será fruto de la negociación y del entendimiento que se lograrán puntos de acercamiento para llevar adelante una iniciativa clave para el éxito de la nueva gestión.
Por último, y no menos importante, cabe destacar que el sentir ciudadano reclama la revalorización de las libertades individuales, ya que durante largos años se presentaron como secundarias y prescindibles ante la preponderancia de la concepción que antepone el colectivo sobre el individuo. En nuestro rol de legisladores, debemos tener siempre presente que, en un Estado de Derecho, la ley tiene que ser el instrumento para la efectiva limitación del poder estatal y para garantizar la plena vigencia de los derechos individuales. No corresponde entonces que la legislación tienda a expandir el poder del Estado en detrimento del individuo, acotando la autonomía individual y cediendo espacios de libertad inherentes al ser humano.
El sistema político tiene la oportunidad histórica de mejorar su imagen ante la ciudadanía, y para ello todos quienes formamos parte de esta actividad debemos guiar nuestro accionar en el entendido de que somos servidores públicos y que la política no debe ser un instrumento para alimentar egos ni buscar protagonismo. Como bien decía Winston Churchill, “el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles sino importantes”. Demostremos estar a la altura de las circunstancias y contribuir a ser parte de la solución, aunque ello implique ceder espacios de protagonismo.
(*) Diputado por Montevideo – Partido Nacional
