Por Alejandro Sánchez (*) | @pachasanchez
Era de esperar que quienes estaban muy preocupados por “la crisis de la educación”, al llegar al gobierno hicieran grandes transformaciones en ese sentido. Sin embargo, esto no sucedió. El oficialismo redujo el presupuesto educativo e introdujo cambios en la LUC que no garantizan tener mejores resultados.
La LUC tiene más de 70 artículos referidos a la educación. Solo 34 de ellos serán sometidos a votación, que entendemos son perjudiciales para el sistema educativo. Las modificaciones introducidas por la ley abarcan desde la gobernanza del sistema educativo pasando por su estructura, la carrera docente y hasta la no obligatoriedad por parte de los adultos responsables de inscribir a sus hijos y garantizar su asistencia a un centro educativo.
Aprobada en medio de la pandemia, el mecanismo de urgente consideración no permitió el debate democrático que los cambios en la educación merecen. Se discutió en plazos cortos sin tener en cuenta la importancia de la temática. Tampoco participaron los actores involucrados en el sistema educativo como son los docentes, estudiantes y familiares.
Sobran datos acerca de los avances que tuvo la educación uruguaya en los gobiernos frenteamplistas. Podría dedicar varios artículos para compartirlos con los lectores. Dichos resultados quedaron escondidos detrás de la repetición del falso discurso del “fracaso educativo”. Pero las mejoras educativas en los últimos 15 años se consiguieron con la participación de estudiantes y docentes en espacios de decisión, por tanto, es incorrecto pensar que la educación va a mejorar su desempeño por excluir la representación de docentes y estudiantes en los ámbitos resolutivos.
Las modificaciones que introduce la LUC no surgen de un proceso serio basado en evidencia de cómo avanzar y hacia dónde, más bien se sustentan en un prejuicio hacia los sindicatos. Los problemas del sistema educativo no se resuelven mágicamente con una estrategia de gobernanza más moderna, incorporando lógicas empresariales a la gestión pública, porque dicha estrategia se basa en una mentalidad gerencial que cree que el sistema educativo es como una empresa, que va a mejorar si cambia sus gerentes. Y esto no es así.
Los artículos 148 y 156 de la LUC eliminan los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Secundaria y Educación Técnico Profesional, creando direcciones unipersonales para administrar un sistema de 700.000 estudiantes y 60.000 docentes. Estos Consejos involucraban la participación de muchos actores y enriquecían la política educativa. A su vez, antes cada Consejo podía aprobar sus propios planes de estudio, que eran elevados al Codicen para su homologación. Ahora ya no es así, ya no los aprueban las direcciones generales, sino el Codicen. Además, se subordina a la ANEP a la conducción del MEC y por ende a las directivas del gobierno de turno, violando los preceptos constitucionales relativos a la autonomía de la educación. El artículo 202 de la Constitución estipula claramente que la educación pública estará a cargo de uno o más consejos directivos autónomos y no del MEC, que tiene un rol coordinador.
La LUC en su artículo 193 literal F introduce un cambio que afecta la carrera docente, ya que permite que la dirección de un centro educativo pueda comportarse como una gerencia con potestad de contratar, mantener o despedir funcionarios docentes. Esto puede habilitar a conductas discrecionales no basadas en las aptitudes profesionales de los docentes sino motivadas por otros intereses.
Por motivos de espacio, no puedo incluir varios artículos que creemos que no aportan a solucionar los problemas en materia educativa, sino al contrario, los agravan.
(*) Senador del Frente Amplio.
