Por Pablo Mieres (*) | @Pablo_Mieres
Desde hace un tiempo crece en la ciudadanía la desconfianza, la distancia, el escepticismo con la actividad política, con los partidos y los dirigentes políticos.
El origen de este proceso tiene que ver con la multiplicación de situaciones irregulares que se han constatado en el accionar gubernamental de los últimos años. En efecto, el partido de gobierno y el gobierno mismo han sufrido una verdadera crisis ética que se expresa en una sucesión de episodios que ponen al descubierto numerosas y graves irregularidades a cargo de diferentes jerarcas del gobierno.
El impacto originario fue la constatación de que Ancap se había fundido como resultado de una gigantesca ineptitud y negligencia en el manejo de su gestión, sumado a un cúmulo importante de irregularidades, muchas de ellas con apariencia delictiva, que fueron denunciadas y hoy se están tramitando en la Justicia.
La ciudadanía sintió el cimbronazo de que la pérdida de 800 millones de dólares en cuatro años representaba un manejo totalmente irresponsable de recursos públicos que, además, llevó a un ajuste fiscal y un sobreprecio de los combustibles que eran consecuencia de lo dicho más arriba.
Posteriormente vino el papelón del título inexistente que, sin embargo, el Frente Amplio defendió con vehemencia, abrazado a una mentira que se hizo cada vez más notoria.
Pero a estos episodios se fueron agregando otras “perlas al collar”; los créditos otorgados sin seriedad a diferentes emprendimientos por parte del Fondes que terminaron con una situación sin precedentes. De US$ 70 millones que el Fondes prestó, alrededor de US$ 65 millones no serán recuperables. Todo un indicio de que allí existieron evidentes irregularidades.
Los negocios con Venezuela también forman parte de los temas que han sido trasladados a la Justicia puesto que existen elementos relevantes de que desde el Poder Ejecutivo se favoreció a alguna empresa privada que estaba vinculada políticamente con el sector político del presidente de aquel momento.
Después apareció el escándalo de las tarjetas corporativas, mostrando la existencia de un uso inapropiado de las mismas, que derivó en otra denuncia penal.
En los últimos días se sumó el caso del intendente de Soriano, en una situación de apariencia irregular con respecto a la vinculación entre sus negocios privados y la gestión de la Intendencia que deberá ser objeto de dilucidación judicial.
Como si fuera poco, la Comisión Investigadora sobre irregularidades en ASSE promete convertirse en una fuente permanente de nuevos episodios de afectación del interés público y eventuales conductas con apariencia ilícita.
En este panorama, la bancada del Frente Amplio, en un sentido diametralmente opuesto a lo que reclama la gente, impulsó la derogación del delito de abuso de funciones, aunque ahora parece haber frenado ese lamentable intento. Justamente impulsaba la derogación de un delito que castiga a los funcionarios públicos y personal político que actúa indebidamente, lo que solo puede leerse como un intento de eliminar penas al personal político.
Y la “frutilla de la torta” se produjo con el otorgamiento del subsidio al ex vicepresidente por vía administrativa, eludiendo la necesidad de un pronunciamiento del cuerpo legislativo por tres quintos, tal como lo establece la Constitución.
Demasiadas irregularidades. Demasiadas muestras de actuaciones desbordadas. Demasiada sensación de impunidad en el ejercicio del poder. Demasiadas razones para el descreimiento. Demasiadas decepciones y desilusiones para muchos ciudadanos. Ha crecido en muchos la indignación y el cuestionamiento.
El riesgo es que este sentimiento crítico ciudadano se extienda al conjunto del sistema político. Es peligroso que la conclusión de la ciudadanía consista en hacer “tabla rasa” con todos los políticos indicando que “son todos iguales” o que “ninguno es confiable”, lo que sería evidentemente injusto. Pero ese riesgo existe y está presente en muchos uruguayos.
Es imprescindible reivindicar que la gran mayoría de los políticos de todos los partidos, somos ciudadanos que actuamos en política en función del interés general y que buscamos aportar para el bien común, sin buscar obtener provechos indebidos. Es imprescindible separar “la paja del trigo” y defender la dignidad y el valor de la actividad política.
No somos todos iguales y para ello es imprescindible actuar con firmeza con las situaciones de irregularidad y, al mismo tiempo, avanzar en normativas que mejoren y aseguren la transparencia y el control sobre la gestión pública. La gente espera estas iniciativas. Estas son las señales que la política debe dar para recrear las condiciones de confianza entre la ciudadanía y la política.
En tal sentido, la aprobación de una ley que regule el financiamiento partidario es una señal en el sentido correcto. Una norma que aumente sustancialmente los controles, la transparencia sobre el origen de los recursos y sobre los gastos, topeando los montos de las colaboraciones, generando instancias de auditoría sobre la gestión de los partidos, estableciendo reglas para las contribuciones y gastos de campaña. En tal sentido, se avanza hacia la aprobación de esta normativa y será una señal positiva.
Pero, además, es imprescindible impulsar otras iniciativas que vayan en la misma dirección. La propuesta del senador Bordaberry de que se apruebe el delito de “enriquecimiento ilícito” parece también una iniciativa compartible.
Nosotros hemos presentado una iniciativa para prohibir el uso de las tarjetas corporativas en el Estado, quizás la mejor solución sea su regulación precisa y exigente. Lo que no puede ser es que no exista control sobre estos instrumentos.
Estamos preparando otros proyectos de ley para fortalecer de una buena vez al Tribunal de Cuentas. No puede ser que todas las observaciones del Tribunal de Cuentas sean “letra muerta” y que baste la reiteración del gasto para ignorar serios cuestionamientos. Hay que determinar que ciertas observaciones del Tribunal, por su entidad, tengan efecto suspensivo sobre el acto cuestionado.
Estamos trabajando, también, en nuevas regulaciones que aumenten el poder de la Jutep a efectos de que tenga iniciativa de investigación sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. En tal sentido, hemos presentado un proyecto de ley para que las declaraciones patrimoniales de legisladores, ministros e intendentes sean públicas, tal como hoy son las del presidente y vicepresidente. Pero, además, creemos que la Jutep debería poder recibir denuncias ciudadanas sobre situaciones irregulares de los jerarcas públicos y realizar investigaciones que, eventualmente, deban trasladarse a la Justicia.
En fin, el sistema político debe dar señales fuertes de transparencia y control para que la ciudadanía recupere la confianza en la gestión pública y en la política que es la garantía del funcionamiento democrático.
(*) Senador del Partido Independiente.
