Por Iván Posada (*) | @IvanPosada33
El debate de ideas sobre la base del respeto y la tolerancia es clave para la fortaleza de un sistema político, y por ende de la democracia. Constituye una base indispensable para que pueda existir diálogo, y que al margen de las ideas que cada sector o partido político exprese y defienda, pueda existir una síntesis fecunda de la oposición de ideas.
A pesar de que los años pasan, muchos uruguayos tenemos presentes las consecuencias de las horas críticas que vivió nuestro país cuando los dogmas y los fanatismos ganaron espacio en la convivencia ciudadana. Cuando se elige el camino de la descalificación del oponente ingresamos en un camino sin retorno.
En estos tiempos donde el populismo rampante amenaza el debate democrático a nivel planetario, bueno sería que los uruguayos, todos, protejamos y cuidemos la calidad del debate democrático. En particular, tanto Brasil como Argentina, dan muestras de un debate político donde parece difícil encontrar caminos para la conciliación y el entendimiento. En Uruguay es distinto, todavía, pero cada día tensamos más la situación, sin comprender que la responsabilidad ante la ciudadanía es compartida.
La reforma del sistema de seguridad social es una excelente oportunidad para recrear un clima de debate ardoroso, pero en un marco de respeto y tolerancia, desde una perspectiva donde el análisis de la situación actual y sus proyecciones se hagan con el rigor intelectual imprescindible que permita, al menos, un punto de partida compartido.
Los datos demográficos muestran que nuestro país se enfrenta en un futuro inmediato a la reducción y envejecimiento de la población, lo que determina un contexto donde emergen nuevas y crecientes demandas sociales, a las que necesariamente se deberá dar respuesta, requiriendo por cierto adecuado financiamiento.
Este hecho es consecuencia de la baja tasa de fecundidad que resulta inferior a 2,1 hijos por mujer en edad fértil, lo que permitiría mantener la población actual. Cuando la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) creada por los artículos 393 a 398 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, comenzó sus trabajos tendientes a formular un diagnóstico de la situación, la última estimación disponible era la elaborada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que preveía que la tasa global de fecundidad se ubicara en 1,7 hacia 2050. Sin embargo, ese futuro previsto está superado por la realidad del pasado año, donde la tasa de fecundidad fue de 1,38 hijos por mujer en edad fértil.
Por otra parte, la sobrevida esperada después de cumplir 60 años, en 1995-2000, era de 20 años. La perspectiva es que en 2065-2070, sea de 27 años.
Población de Uruguay 1950 – 2100
Los datos son claros, concretos y contundentes. En 1950, por cada persona mayor de 65 años, había 6,69 personas que tenían entre 24 y 64 años. En 1970, las personas entre 24 y 64 se habían reducido a 6 por cada una mayor de 65, y en 20 años, se espera que estén por debajo de 3 como lo muestra el gráfico siguiente.
Las proyecciones demográficas disponibles nos auguran que en 20 años se reduciría la población en edad de trabajar con el consiguiente impacto en las perspectivas de crecimiento económico, lo que determina mayores desafíos para incrementar la productividad.
Es cierto que Uruguay tiene un bono demográfico en la medida que las mujeres se incorporen fuertemente al mercado de trabajo, pero no olvidemos que el crecimiento de la productividad de la mano de obra está asociado directamente al desarrollo del conocimiento, para lo cual es clave el acceso a la educación terciaria, los años de educación y las tasas de egreso del sistema educativo en su conjunto.
Hay otro factor preponderante que fundamenta la necesidad de una reforma previsional. Nuevas formas de contratación, mayor rotación de puestos de trabajo, incremento de los trabajadores por cuenta propia, incluso en forma remota e internacionalizada, son algunos de los cambios que se están operando en el mundo del trabajo. La perspectiva del mercado de trabajo está en un proceso de transformación que nos genera particular incertidumbre, mayores exigencias de formación y capacitación, todo lo cual determinará que se incrementen los impuestos para financiar el sistema previsional.
Pero además no hay que perder de vista que debemos asumir un imperativo ético para revertir la pobreza de niños, niñas y adolescentes cuyos indicadores siguen cuestionando al sistema político, a este gobierno y a los anteriores gobiernos. Este problema tiene al menos dos dimensiones, y están relacionadas directamente con las perspectivas futuras de estos niños, niñas y adolescentes.
Una primera dimensión es la educativa, el acentuamiento de la brecha en el aprendizaje existente con respecto a este mismo grupo etario perteneciente a hogares con mayores ingresos. Hace algunas semanas el presidente de la ANEP, Robert Silva, expresó que en lo que concierne a los aprendizajes, en sexto año de primaria son considerables. Mientras que en los dos niveles más bajos el 15% de los niños se encuentra en un contexto muy favorable, en los muy desfavorables asciende al 49%. Y sentenció: “Los que menos tienen, menos egresan, menos permanecen, menos aprenden”. En tercero de educación media de UTU o secundaria la brecha se profundiza. El 31% de los que están en un contexto muy favorable se ubica en los niveles más bajos de aprendizaje, pero esa situación asciende al 82% en el quintil más desfavorable: “Más de 8 de cada 10 no sabe calcular un porcentaje y no sabe multiplicar entre dos cifras”. Con respecto a la situación de los jóvenes según el ingreso de hogares, de 15 a 17 años el 74% asiste en la edad oportuna en aquellos hogares que tienen ingresos más altos, y abandona un 6%. En el 20% de menores ingresos solo asiste en edad oportuna el 27%, ya abandonó un 28% y presenta rezago un 45%.
Resulta pues fundamental la transformación educativa para mejorar la calidad y obtener niveles de capacitación imprescindibles para una mejor inserción en el mercado laboral. Actualmente, cuando llega la hora de insertarse en el mercado de trabajo, estos jóvenes carecen de capacitación suficiente para obtener ingresos que superen los niveles de pobreza, e inevitablemente, el modelo se reproduce en las generaciones siguientes.
Una segunda dimensión es a través del fortalecimiento de las transferencias monetarias vía Asignaciones Familiares – Plan de Equidad como las instrumentadas por el Ministerio de Desarrollo Social desde mayo del presente año, así como las planteadas recientemente por el Partido Independiente al presidente de la República.
Si no hay reforma previsional, los egresos para el pago de pasividades de los subsistemas estatales (Banco de Previsión Social, Servicio de Retiro de las Fuerzas Armadas y Servicio de Retiro del Personal Policial) se incrementarán en un punto del PIB en los próximos 20 años y en casi dos puntos del PIB hacia 2060. Este hecho absolutamente irreversible si no hay reforma, supondrá menor disponibilidad de recursos para políticas orientadas hacia la niñez y la adolescencia.
Los datos que hemos expuesto son la razón de ser de la reforma previsional. Son datos objetivos, incontrastables. Obviamente, podemos tener diferencias en los instrumentos elegidos para atender esta realidad, pero debiéramos coincidir, al menos, en la caracterización de esta situación que si nada hacemos será irreversible.
Es una oportunidad única para saber si el sistema político uruguayo está a la altura de las circunstancias, o si simplemente a la oposición de turno le interesa más la próxima instancia electoral, que asumir la responsabilidad histórica que las circunstancias reclaman.
(*) Diputado del Partido Independiente.
