Por Felipe Schipani (*) | @FelipeSchipani
La transformación más importante que está impulsando el gobierno es sin duda la transformación educativa. Fue un compromiso plasmado en el “Compromiso por el País”, documento programático que firmaron los cinco partidos que integran la coalición de gobierno, de cara a la segunda vuelta presidencial de noviembre de 2019.
La primera etapa de la transformación se incorporó en la Ley de Urgente Consideración (LUC), que introdujo cambios relevantes en materia educativa. A saber: cambios en la gobernanza de la ANEP para hacerla más ágil, obligación de elaborar y presentar al Parlamento un Plan de Política Educativa, autonomía de los centros educativos, título universitario para maestros y profesores egresados del Consejo de Formación Docente, entre otros asuntos.
Tanto el “Compromiso por el País” como los artículos de la LUC en materia educativa fueron sometidos a la voluntad popular y en ambas instancias la mayoría de la ciudadanía los respaldó. Por tanto, cuando se señala que este proceso de cambio educativo no tiene apoyos, se falta a la verdad. Tiene el respaldo más importante que puede tener una política pública, el de la mayoría de la ciudadanía expresado a través de las urnas.
Los últimos dos expresidentes de la República, José Mujica y Tabaré Vázquez, plantearon en oportunidad de ser electos a la educación como una gran prioridad. El 1° de marzo de 2010 al asumir ante la Asamblea General, Mujica dijo: “Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas, como en la escuela, escribiendo cien veces, ‘debo ocuparme de la educación’”, para después añadir que su gobierno tendría tres prioridades: “Educación, educación y educación”.
Al poco tiempo de terminar su mandato Mujica reconoció que no había podido hacer cambios en la educación y les asignó la responsabilidad a los sindicatos de la enseñanza, a los que dijo que “había que hacer mierda” para poder cambiar algo.
Fue tan poco lo que pudo avanzar Mujica que en la campaña del año 2014 Tabaré Vázquez planteó como una de las promesas más importantes de campaña “cambiar el ADN de la educación”. Para dicha tarea contaba con el concurso de los especialistas Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir. Lo cierto es que a los ocho meses de iniciado el gobierno ambos tuvieron que renunciar por falta de apoyo para llevar adelante los cambios comprometidos en la campaña electoral.
Esta oposición permanente viene de larga data. Desde el retorno de la democracia la mayoría de los sindicatos de la enseñanza y los sectores radicales del Frente Amplio han enfrentado todos los procesos de reforma, incluso los que vinieron de sus propios gobiernos.
Las razones que motivan a la oposición son básicamente de índole ideológico. Sostienen la idea vetusta, anacrónica y perimida de que la educación por competencias -principal cambio propuesto- es un plan maligno del imperialismo y los organismos de crédito internacionales para formar sujetos serviles al sistema capitalista.
Esta inacción es lo que explica el enorme deterioro que viene sufriendo nuestra educación. La culminación de la educación secundaria es quizá el principal problema que tenemos, dado que solo cuatro de cada 10 jóvenes terminan el liceo, ubicándonos a la cola del continente y solo superando a Honduras, Nicaragua y El Salvador. La situación se agudiza si analizamos lo que ocurre en el quintil 1 (menores ingresos), en donde solo 18 de cada 100 jóvenes culminan la secundaria, a diferencia de los 82 de cada 100 que lo hacen en el quintil 5 (mayores ingresos).
La educación pública debe ser un generador de igualdad de oportunidades para todos, pero fundamentalmente para los más vulnerables. Lamentablemente esto ya no ocurre, pues el sistema no hace otra cosa que expulsar a los jóvenes de menos recursos. Es inadmisible seguir tolerando que nacer un hogar pobre sea un predictor del fracaso educativo.
Con relación a los aprendizajes los datos también son preocupantes. Los resultados de las pruebas PISA dejan en evidencia que los jóvenes cada vez aprenden menos, al punto tal que las pruebas del año 2003 -plena crisis del Uruguay- exhibieron mejores resultados que las realizadas en 2018, después de los 15 años de mayor crecimiento económico del país y con el doble de presupuesto para la educación que en 2003.
En suma, si no hacemos nada, si seguimos postergando el cambio, lo único que vamos a lograr es que la educación se siga deteriorando y que los que más la necesitan se sigan frustrando.
La transformación educativa, más que un compromiso político, es un compromiso ético, con miles de jóvenes que la única oportunidad en la vida para progresar y desarrollarse como personas se las va a brindar la educación. Es un cambio impostergable.
(*) Diputado del Partido Colorado.
