Por el Dr. Federico Arregui (*) | @Federico1Arregu
Sospechas de parcialidad
El panorama parece clarificarse cada vez más, por lo que no cabe perder la perspectiva en el análisis de los hechos y el proceder de los diversos actores políticos, para resolver esta especie de rompecabezas generado últimamente.
No se trata de que las “aguas bajan turbias” o que existan personalidades oscuras o perpetradores en torno al Comité que emitió pronunciamiento sobre la conducta política del Sr. vicepresidente de la República.
En su columna de Uy Press del 17 de agosto, Esteban Valenti criticó los cuestionamientos del vicepresidente a los integrantes del Comité de Ética Política, conforme a los dichos de Sendic en Semanario Búsqueda del 17 de agosto.
Ni Valenti ni muchos encuentran explicación a la comparecencia voluntaria del Vicepresidente ante el Comité de Ética, si es que tenía tan graves dudas sobre la imparcialidad de sus integrantes, cuestionamientos que hizo públicos en “Búsqueda” del 17 de agosto.
Luego, en un giro de tuerca, el 25 de agosto el vicepresidente no solo avaló al Comité de Conducta Política, sino que dijo no estar en condiciones de cuestionarlo. ¿Cómo se condice esto con las sospechas de parcialidad explicitadas en Búsqueda el 17 de agosto?
El jerarca dice ahora que el Comité puede equivocarse, y subraya su férrea voluntad de proseguir en el cargo más allá de lo que diga -no ya el Comité- sino el propio Plenario.
Entonces, primero no es lógico someterse a un órgano cuyos integrantes son sospechados de parcialidad; segundo no tiene sentido convocar al Plenario del FA, si el propio vicepresidente ya anunció que continuará en el cargo diga lo que diga el Plenario. En tal sentido fue categórica su respuesta a una periodista de Subrayado, que le solicitó aclaración el Día del Comité de Base.
Los noticieros centrales del ese día difundieron ampliamente el discurso del Sr. vicepresidente, nuevas palabras. ¿Nueva estrategia?, es dable formularse la pregunta. Algo parece claro, no estamos ante una telenovela, generalmente los guiones de una serie tienen un sentido claro, una trama concreta.
Lo que tiene cierta lógica es que un funcionario pueda prever un eventual fallo adverso, y ante ello nada mejor a mostrarse complaciente sometiéndose voluntariamente al Comité para guardarse algo que decir u objetar a posteriori.
Sembrar un manto de duda sobre la imparcialidad del órgano que analiza la conducta política de cualquier figura, conlleva también a la duda en la opinión pública.
Es obvio que todo funcionario debe conocer primero cuáles son los integrantes de un órgano que va a asumir el delicado rol de juzgar su conducta, puesto que en caso de verificarse sospechas de falta de objetividad o encono personal de sus integrantes, el funcionario puede -previamente y no después-, indicar públicamente cuáles serían las causas de falta de objetividad o duda razonable de uno o más integrantes.
Hacerlo después no parece procedente, so pena de “ensuciar” gratuitamente a figuras de trayectoria pública y política, no recientes sino de larga data dentro del Frente Amplio, jamás sospechadas de actuar indecoroso ni de servilismo.
Desconocemos el contenido del pronunciamiento del Comité, como dijimos en anterior artículo publicado en Uy Press por la condición de “top secret” del mismo, a pesar de la carta abierta publicada por varios ex compañeros frenteamplistas que abogan por conocer el mismo. Ello sin perjuicio de que la ciudadanía toda, más allá de partidos políticos e incluso personas que a estas alturas no se sienten representadas por ninguna fuerza, tienen el mismo legítimo derecho de acceder libremente a la información.
Sería bueno aclarar los dichos primarios del 17 de agosto frente a los posteriores del día 25 sobre el citado Comité de Ética, a fin de zanjar malos entendidos, que dígase de paso no son atribuibles a la prensa sino a los capítulos que día tras días se encarga de abrir el propio vicepresidente y que la prensa solo recoge. De todas formas, parece que hay situaciones donde no cabe otra cosa que acudir a la teoría de la conspiración, de la operativa de la derecha, y ahora parece que también de la izquierda.
Si bien quien escribe no se siente representado, actualmente, por la fuerza política en que militó durante tantos años, no deja de reconocer la idoneidad personal de muchos integrantes del Frente Amplio, tanto del Comité, como de otros hombres y mujeres de buena fe que conviven o intentan convivir dentro del mismo colectivo.
La descalificación gratuita de uno o más integrantes del Comité de Conducta Política, solo conlleva al descrédito público y al descreimiento. No parece razonable ahora que se han puesto “en boga” las denuncias y amenazas de denuncias por “difamación e injurias”, aunque como señalamos en artículo de Uy Press, cuando se trata de jerarcas de la Administración Pública existe un régimen jurídico propio para la configuración de tal ilícito penal.
Derecho a la libertad de expresión y libre información
Conforme viene de decirse y en directa relación, cabe recordar la vigencia de derechos de rango constitucional, legal, e internacional conforme a los pactos ratificados por Uruguay, esto es, el derecho a la libertad de expresión, al libre acceso a la información pública, etc.
Se encuentra pues, legítimamente consagrado el derecho de la ciudadanía a que se investigue y se informe sobre el manejo de la cosa pública; verbigracia: a que nada de ello nos sea ocultado. El uso de vías oblicuas para intentar cercenar este derecho bajo cualquier forma, no habla bien de quien así procede cuando ejerce la actividad pública.
Nuestra forma republicana de gobierno y el Estado de Derecho -aún golpeado una vez más tras el art. 15 de la ley de Rendición de Cuentas-, otorgan margen normativo más que suficiente para la defensa de los derechos fundamentales como los que vienen de enunciarse.
Ya en noviembre de 2016 se denunciaron casos de acoso, obstrucciones y hostigamiento mediante denuncias judiciales contra el trabajo periodístico, y hasta de censura indirecta, conforme al monitoreo sobre libertad de expresión efectuado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), la Asociación de Prensa Uruguaya (APU), y la intervención de la Red de Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX).
El último informe refiere a casos de lesión a la libertad de expresión desde el 1° de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017. Se concluyó que tales episodios no se compadecen con los estándares internacionales y regionales, constituyendo una amenaza a este derecho fundamental que cuenta con amplia tutela legal, constitucional y normativa internacional incorporada a nuestro orden jurídico.
El informe de 13 de febrero de 2017 asienta: “Si bien hubo una disminución en el número de casos vinculados con el hostigamiento a través de la Justicia, todavía persisten los episodios en los que se intenta amedrentar a periodistas o medios utilizando la demanda judicial como mecanismos de amenaza. Resulta especialmente preocupante que esto involucre a funcionarios públicos que son objeto de especial escrutinio por parte del periodismo ya que están vinculados con temas de interés público que resulta de especial preocupación para la población”.
Uruguay ha sido reconocido, y esperemos continuar siéndolo, por sus avances en libertad de expresión en todas sus acepciones, ello se logró como señala el informe, tras “las reformas legales que despenalizaron los delitos de comunicación, la regulación de la radiodifusión comunitaria, la protección del derecho de acceso a la información pública y la regulación de los servicios de comunicación audiovisual”.
Jaquear tales derechos bajo cualquier forma, implica retroceder como país comparativamente en el mundo salvo regímenes dictatoriales que no queremos imitar.
En cuanto a las actitudes que asuman nuestros gobernantes, habrá de estarse a los sucesos futuros, es el mejor testimonio que nos dejan.
(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Especialista en Law of Torts (Derecho de Daños) por Udelar. Fundador de Fogones Artiguistas. Contacto: federicoarregui07@gmail.com
