Por Alfredo Asti | @AlfredoAsti
Con el agradecimiento de volver a esta contratapa después de mucho tiempo y de un cambio significativo de actividad política, dedicaré la misma a comentar nuestra visión, ahora desde la oposición, de la situación del país en este periodo intermedio del ejercicio del nuevo gobierno.
Lamentablemente, hemos constatado, por un lado, un deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de los uruguayos y contrariamente la muy buena situación de algunos sectores minoritarios de la población y de la actividad empresarial con la que estos últimos se relacionan (y no nos ponemos aquí a analizar si una es consecuencia de la otra).
La situación internacional y las políticas públicas del gobierno, algunas ya anunciadas en la campaña electoral y otras por el contrario opuestas a sus propuestas, han generado una gran diferencia de resultados de las condiciones de vida de los uruguayos.
La pandemia seguramente ha acentuado el carácter profundamente regresivo de esta situación al no ser encarada (como lo fue en la mayoría de los países del mundo) con políticas proactivas para impedir el aumento de la desigualdad, la pobreza y los problemas de calidad del empleo.
Por supuesto que no ignoramos el profundo impacto que sufrió nuestro país en el nivel de actividad de algunos de sus sectores como consecuencia de la pandemia vivida, pero precisamente es el Estado quien ante situaciones de crisis debe ser el “escudo de los débiles”. Creemos que las respuestas dadas en este sentido fueron tardías e insuficientes y sus efectos negativos perdurarán mucho más que la propia pandemia.
Desde el gobierno, y en particular desde el área económica, se priorizó (cumpliendo aquí sí, con el discurso preelectoral) la reducción del déficit fiscal y en eso sí se fue exitoso, pero a costa de la reducción significativa de la masa salarial pública (o vinculada a ella) y como consecuencia ineludible en la pérdida de salario real y pasividades.
También se afectó fuertemente el nivel del gasto y la inversión pública llegando a niveles mínimos desde la crisis del 2002. En mi nueva actividad como director por la oposición de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), he visto directamente cómo se han disminuido las transferencias destinadas a través de fideicomisos y/o administración de fondos a la infraestructura social, en particular a los entes vinculados a la minoridad como ANEP, INAU e Inisa.
También hemos visto la menor ejecución de estos primeros años de obra vial a través de la Concesión MTOP-CND-CVU y las cancelaciones de créditos a ser repagados por el Presupuesto Nacional previstos para infraestructura metropolitana para las Intendencias de Montevideo y Canelones.
Cabe aclarar que recientemente se firmó un acuerdo de ampliación de la Concesión Vial que implicará más kilómetros concesionados (de 2.600 a 3.400), más años de plazo (se extiende de 2036 a 2051), y nuevos instrumentos de ejecución como lo son los Contratos de Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento con Financiación (Cremaf) que podrán aumentar los bajos niveles de ejecución de los años anteriores, sin afectar el déficit ni el endeudamiento público. La aprobación de la modificación y ampliación de la concesión no contó con mi voto por razones fundadas en el acta de Directorio por el desequilibrio entre obligaciones del concedente (MTOP) y la concesionaria (CND-CVU) y la falta de marco legal específico para los contratos Cremaf, entre otros.
Siguiendo con los temas referidos a CND y sus empresas subsidiarias, destacamos el avance de las obras que supervisamos del Ferrocarril Central que se iniciara en el periodo anterior y que es factor imprescindible para reactivar el modo ferroviario. Este sector ferroviario también necesita otras obras complementarias, algunas de las cuales, como la rehabilitación de la línea Montevideo-Minas, fue suspendida por este gobierno luego de ser adjudicada su realización a la Corporación Ferroviaria de Uruguay (CFU). Desde AFE se dice que no se otorgó crédito para inversiones en el Presupuesto 2020-2024.
Pero volvamos al panorama general.
Las últimas cifras conocidas del aumento del PIB y de los niveles de actividad muestran que se han superado (en volúmenes físicos y monetarios) los niveles prepandemia, pero también alertan sobre un enlentecimiento en el último trimestre del fuerte crecimiento posrebote.
Ese aumento del PIB fue impulsado sobre todo por un gran crecimiento de las exportaciones agroindustriales con precios récords históricos y la mega inversión de UPM y sus efectos asociados. Aquí no hubo mayores aperturas de mercados ni acuerdos comerciales que ampliaron la colocación de nuestros productos o grandes inversiones externas. Claramente, se utilizó todo el camino abierto por administraciones anteriores.
Pero esta es solo una parte de la realidad, como contracara hay sectores productivos, comerciales y de servicios fuertemente golpeados, y los indicadores sociales y la dramática situación de muchos sectores de la población excluidos de estos beneficios, que sufren consecuencias graves en este panorama.
Al mismo tiempo que se acumulan grandes ventas al exterior y sus ganancias, aumentan los depósitos e inversiones financieras de los más ricos (“malla oro”) y el consumo suntuoso, mucha gente sigue necesitando de ollas populares, viviendo en la calle, perdiendo salario real, pasividades y calidad de empleo. Como muestra, la recuperación de los niveles de desempleo que se promociona desde el gobierno incluye a 15.000 personas (importante proporción dentro del total de cifras de empleo) que dependen de la temporalidad del Programa de Jornales Solidarios con ingresos mínimos.
El salario real ha seguido cayendo, ya no solo en el periodo de pandemia (donde lo importante era recuperar el nivel de empleo) sino luego que se diera por finalizada la emergencia sanitaria y recuperado (y aumentado en algunos casos) el nivel de actividad. Obviamente esto arrastra a las pasividades, por lo que la gran mayoría de la población de ingresos fijos ve afectada su capacidad de compra y la calidad de vida de los hogares, impactando esto también sobre sectores del comercio como lo muestran las recientes cifras de caídas de ventas (en cantidad) de artículos de consumo, particularmente, la carne. Los uruguayos en los primeros cinco meses de este año respecto al anterior pudieron consumir una menor cantidad de alimentos, pero gastaron más dinero en adquirirlos.
La carestía es una realidad palpable sobre todo en alimentos (por ejemplo, carne y huevos), que son los que más han subido en la canasta del IPC. Y estos efectos no pueden seguir vinculándose solo a la pandemia, o más recientemente, a la guerra Rusia-Ucrania. Uruguay ya pasó por periodos de altos precios internacionales de los commodities alimentarios como en 2011 a 2013 que presionaban los precios internos, pero en aquellos tiempos los salarios aumentaban más que los precios. El gobierno tiene instrumentos fiscales potentes para actuar sobre ello, como ya lo hizo solo parcial, tardía y muy tímidamente. El equipo económico ha superado sus propias metas de resultado fiscal (por ahorros e ingresos extraordinarios) y puede y debe utilizarlos más amplia, diferenciada y oportunamente, para corregir estos desequilibrios. Cuando pedimos usar esas opciones lo hacemos pensando en tarifas, impuestos, subsidios, transferencias, entre otros, focalizadas en aliviar a los sectores más vulnerables y con efectos redistributivos. Asimismo, ya podríamos adelantar camino sobre la tributación mínima global sobre las grandes empresas (IMG 15%).
Las crisis económicas pasan, pero el daño social es mucho más perdurable, basta recordar el 2002 y las consecuencias negativas que persistieron en el tiempo.
Por otra parte, el panorama de la gobernanza se complica. El gobierno ha adoptado una serie de medidas muy discutibles que ponen en riesgo la construcción de años de políticas de Estado, avaladas por veredictos populares de los años 90 y 2000, y varios gobiernos, referidas al papel de las empresas públicas como son, solo a título de ejemplo, la ampliación por decreto de la concesión ahora monopólica del Puerto de Montevideo, las licencias a canales de TV abiertas para trasmitir Internet, la reducción del financiamiento de Colonización, la fijación de los precios de combustible, la casi paralización de la inversión en la infraestructura de AFE, entre otros.
La próxima Rendición de Cuentas será una oportunidad clave para que el equipo económico corrija el rumbo iniciado en 2020 con recortes en políticas sociales: educación, salud y vivienda.
Consideramos que hay un deterioro en la gran mayoría de los servicios públicos. Solo a modo de síntesis decimos:
En salud pública pese al aumento de usuarios de ASSE (40.000 más que en 2019) ha habido una caída en las compras de medicamentos (recorte de recursos en el entorno del 10% y de un 30% en medicamentos no covid), y esto lleva a la falta de estos, situación denunciada por usuarios, médicos, asociaciones profesionales y funcionarios.
En vivienda se recortaron los recursos para construir las 50.000 viviendas prometidas, se presupuestó para la mitad, y hoy se está un 6% por debajo de lo ejecutado en 2019, afectando principalmente la construcción de vivienda cooperativa. Se están recién implementando mecanismos de financiamiento (muy discutibles) para aumentar la cantidad de viviendas construidas tanto por el sector privado a través de garantías SIGA, o públicas (algunas con métodos no tradicionales) con el Fideicomiso FISU y atacar el problema de los asentamientos, no ya con el objetivo de “asentamiento cero”, sino de que no crezcan.
En seguridad pública, preocupación fundamental de la gente según las encuestas, luego del importante crecimiento en los primeros cinco meses del año y finalizada la pandemia, de los homicidios y otros delitos, se deben revisar las políticas y “plan” aplicados, centrado solo en el microtráfico y el encarcelamiento que conlleva un fuerte crecimiento de la población carcelaria sin la debida contrapartida de recursos paras ello.
Finalmente, pero no menos importante: educación. Hay un retroceso importante y más inequitativo que impacta aún más en los sectores más vulnerables. Ausentismo y repetición son dos variables muy preocupantes y ante este deterioro el gobierno responde recortando el Programa de Maestros Comunitarios y planteando una “reforma” educativa sin la participación de los docentes. Es imprescindible dotar de más recursos humanos y materiales a las instituciones educativas, para poder cubrir las necesidades de los educandos de sectores más vulnerables, bregando por su permanencia y culminación de los ciclos educativos.
Creemos que ya pasó el tiempo de echar la culpa a otros. Es tiempo de cumplir compromisos electorales y fundamentalmente de generar condiciones de vida digna para las grandes mayorías nacionales.
(*) Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo en representación del Frente Amplio.
