Por María Eugenia Roselló (*) | @marurosello
En el marco del mes internacional de la mujer, debemos reafirmar nuestro compromiso con más igualdad entre hombres y mujeres, pero no solo en el discurso, sino con acciones.
Debemos elaborar políticas públicas que atiendan y den herramientas para que cada vez la brecha sea menor. Brechas de todo tipo. Una de la que más nos afecta es la salarial: las mujeres en Uruguay ganamos 31% menos que los hombres en igual cargo (de acuerdo a cifras del Banco Mundial), somos discriminadas para acceder a lugares de poder en una empresa, porque si somos jóvenes y queremos ser madres, no podemos serlo a tiempo completo. Nos matan por ser mujeres (van más de 100 femicidios en los últimos cinco años y cuatro en lo que va de 2021).
Solo el 11% de las empresas uruguayas tiene mujeres en cargos de “alta gerencia”, cuando el promedio en América Latina es 20%.
La lucha por la Igualdad no tiene bandera política, históricamente esta gesta, que tiene muchos años, es de mujeres de todas las clases y sectores de la sociedad y de todos los partidos políticos.
En 1942 asumieron las primeras legisladoras: Sofía Álvarez Vignoli de Demichelli, Magdalena Antonelli Moreno y Julia Arévalo. Las dos primeras eran batllistas y la última comunista, abriendo de esta manera la puerta para lo que se venía.
La lucha por nuestros derechos data de hace muchos años gracias a estas y otras tantas mujeres que abrazaron la causa con mucha fuerza, valentía y una gran convicción, acompañadas por hombres que también entendieron que era necesario y fueron avanzando con su pensar en la época.
Más adelante, y luego de la dictadura, se promovieron debates tales como el del aborto, que se logró despenalizar en 2012; la violencia doméstica, que se empezó a visibilizar y las mujeres de todos los partidos de la época comenzaron a militar activamente por la causa.
Esto nos permitió que en el año 2000 en Uruguay se instalara la Bancada Bicameral Femenina (BBF), que ha permitido hacer política de una manera distinta. Esta bancada se constituyó en referencia en América Latina y fue ejemplo a imitar en otros países de la región.
La conformación de esta ha favorecido el poder crear distintas políticas como la Ley de Cuotas, la Ley de Violencia Basada en Género de 2017 y otras tantas, con el trabajo mancomunado de mujeres con una misma meta: seguir avanzando en más políticas que sirvan para que las mujeres, que somos más del 50% de la sociedad, tengamos nuestra voz representada y podamos incidir en las decisiones más importantes.
Tenemos la mejor historia, tuvimos a la primera ministra de América Latina, que fue Alba Roballo, pero esto fue hace más de 30 años, y hoy tenemos a la primera vicepresidenta electa, Beatriz Argimón. Entre una y otra pasaron décadas, de modo que esto demuestra que hay un largo trecho todavía por recorrer y por el que seguir luchando para que cada vez seamos más.
Soy una gran convencida de que es urgente que estos cambios vengan de la mano de un cambio cultural, dado que las mujeres seguimos siendo las que, en mayor medida, nos ocupamos de los cuidados del hogar, lo que llaman el “trabajo no remunerado”.
En 2013 (Sistema de Información de Género, Inmujeres-Mides, en base a Módulo EUT 2013, INE.), dos tercios del tiempo de trabajo de las mujeres es dedicado al trabajo no remunerado (64,6%) y el tercio restante al remunerado (35,4%). En el caso de los varones, estas proporciones se invierten, es decir, un tercio del tiempo se dedica al trabajo no remunerado (31,9%) y dos tercios al trabajo remunerado. Estas cifras hoy han aumentado, por lo que si las mujeres somos quienes nos seguimos ocupando de los temas del hogar, ¿cómo podemos pretender que militen en política? ¿En qué momento? ¿Realmente pueden hacerlo?
Acá nos enfrentamos a un gran problema, y es que la política se milita en horarios donde, por lo general, es cuando las familias se encuentran, los padres van a buscar a sus hijos a la escuela, se hacen los mandados, se cocinan la cena y el almuerzo para el otro día, se preparan las viandas, se hacen los deberes con los hijos. Por más que les demos la posibilidad mediante una ley que fomente la inclusión de mujeres en listas, si no están las condiciones dadas, no podrán hacerlo.
Claro que sirve de motivación, pero es necesario que, como sociedad en conjunto, hombres y mujeres avancemos. Es inminente.
Estas luchas suponen diálogos con todos los actores. Es momento de empezar a plantearlos para que en el menor tiempo posible podamos construir una sociedad más justa.
Desde siempre he abrazado la causa feminista y más aún desde el pasado 15 de febrero de 2020, cuando asumí como diputada. En ese sentido, desde mi lugar como legisladora, trabajamos incansablemente desde el Parlamento para fomentar estos procesos. La semana pasada presentamos un proyecto de ley para derogar el artículo 112 del Código Civil, el cual cito: “Tampoco se procederá a la celebración del matrimonio de la viuda o divorciada, hasta los trescientos y un día después de la muerte del marido o de la separación personal, según el caso, bien que si hubiese quedado encinta, podrá casarse después del alumbramiento. Esta disposición es aplicable al caso en que la separación de los cónyuges se verifique por haberse declarado nulo el matrimonio. No obstante, la mujer que se encuentre en las situaciones previstas precedentemente podrá contraer nuevo matrimonio antes del lapso prefijado y siempre que hubieren transcurrido noventa días naturales desde que se consumó su viudez, la separación personal o se ejecutorió la sentencia de nulidad respectiva, si acreditare que no se encuentra embarazada mediante certificación de médico especialista, la que se agregará al expediente respectivo”.
Asimismo, cito el artículo 215 del Código mencionado, relacionado al artículo que se propone derogar: “Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído este y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa salvo en los casos de acuerdo expreso y escrito bajo las condiciones establecidas en el artículo 214”.
Supeditar el acceso a un derecho civil a la acreditación de no estar embarazada, atenta contra la vida privada e íntima de la mujer, además de exponerla a una situación que podría resultarle denigrante, estigmatizante, inconveniente, desagradable e inoportuna.
En suma, consideramos que, a la luz del avance de los medios probatorios respecto a la filiación, así como a la luz de los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 112 del Código Civil debe ser derogado en forma expresa. En primer lugar, porque vulnera derechos protegidos por la Constitución de la República y, además, pero no menos relevante, porque la exigencia de presentación de certificación médica de ausencia de embarazo o de imposibilidad de embarazo para acceder a un derecho civil, es una forma encubierta de violencia de género.
Sería muy importante que Uruguay esté nuevamente a la vanguardia en materia de derechos; fuimos pioneros en derechos de la mujer hace 100 años de la mano del Batllismo, y lo seremos nuevamente si seguimos avanzando como sociedad. Como diputada me llena de orgullo volver a levantar la bandera del feminismo que tanto nos identifica como colorados y por lo que seguiremos peleando todos los días en el Parlamento. Nuestro compromiso es con todos los ciudadanos de la República, haciendo foco en los más vulnerables.
(*) Diputada de Montevideo por el Partido Colorado.
