Por Conrado Rodríguez (*) | @Dip_ConradoRod
Uruguay es uno de los principales pioneros de la seguridad social en América Latina, habiéndose convertido en el prototipo del Estado de Bienestar Social. Las primeras leyes de pensiones y retiros datan de 1829, ofreciendo en ese momento algunas coberturas ante contingencias como la invalidez o el fallecimiento fruto de las guerras. Aunque de manera desordenada, la aparición de las distintas Cajas de Jubilaciones y Pensiones que agrupaban sectores de actividad, con el pasar del tiempo fueron logrando cobertura sobre la casi totalidad de la población.
La obra de los distintos gobiernos del Partido Colorado, fueron introduciendo leyes que contemplaron los riesgos por desempleo, la maternidad y la familia. Sobre la década de los ´60 la seguridad social uruguaya se había desarrollado al máximo, cubriendo los riesgos sociales, con una cobertura universal en pensiones y en salud, ejemplo en Latinoamérica, apuntando constantemente a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Como contracara, los costos del sistema fueron creciendo a un ritmo importante, llegando a la crisis de su financiamiento. Parte de su alto costo se debía a la universalidad de la cobertura, a la madurez del programa de pensiones, al descenso en la tasa de natalidad, al envejecimiento de la población y su alta esperanza de vida.
Estas variables, sumadas a las consecuencias de la Reforma Constitucional de 1989 que indexa en cortos períodos de tiempo las pasividades a los salarios, provocaron la necesidad de reformar el sistema.
Respetando la idiosincrasia de los uruguayos, se mantuvo el pilar de solidaridad que había caracterizado al viejo sistema, pero apuntando a una mayor justicia, eficacia y transparencia al servicio de la gente, así como también incorporando un nuevo pilar de capitalización individual o de ahorro individual obligatorio que lo hiciera más justo y más sustentable. Fue así que en 1995, durante la Presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti se abordó una reforma tan importante, como genuina y necesaria. Aquellos que en alguna medida criticaron en un primer momento estos cambios en la seguridad social, con el paso del tiempo la terminaron reconociendo como una reforma trascendente en la vida del país. Sin ir tan lejos en el tiempo, y más allá de expresiones políticas a veces “ruidosas”, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo en setiembre de 2016 en Chile: “Somos partidarios de los sistemas solidarios, mixtos y obligatorios”, mientras que el presidente del Banco Central del Uruguay, Ec. Mario Bergara, en octubre de 2016, en Paraguay, dijo que el sistema previsional uruguayo puede ser “referencia” para ese país. A estos reconocimientos se le suma el del ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, quien unos años antes había dicho en el programa radial “En Perspectiva”, que: “…ese carácter mixto del sistema de seguridad social del Uruguay hay que mantenerlo, hay que consolidarlo, hay que mejorarlo” (diciembre de 2008).
Queda claro que más allá de discursos, el sistema tiene sus bondades y fortalezas que lo hacen perdurable, pero que indudablemente debe afrontar el cambio dinámico de las distintas variables sobre las que se sostiene -sobre todo las demográficas-, las cuales requieren de revisaciones periódicas, para hacerlo sustentable en el tiempo.
Este proceso no es único en el mundo. Al contrario, el mundo desarrollado es el primero que ha venido trabajando ante estos cambios, arribando en muchos casos a la conformación de sistemas mixtos, como es el caso de Alemania y Suecia.
A esta necesidad impostergable de modificaciones, Uruguay ha venido quedando muy rezagado en los últimos tiempos. En lo que nos es personal, y en nuestra responsabilidad como legisladores, fuimos los primeros en hablar sobre la situación jubilatoria de los llamados “cincuentones”, reclamando y aportando por vía legislativa una solución justa que reconociera todas las aportaciones realizadas antes de 1996 al BPS, y luego permitiéndoles que al momento de la jubilación, pudieran elegir entre la liquidación del sistema mixto, y la que le hubiera correspondido de estar incluidos en el régimen de transición, creado por la ley 16.713 de 1995. Si bien estas propuestas fueron de público conocimiento, y llegaron en tiempo y forma a las autoridades, las soluciones primero demoraron, y cuando parece que llegan, se instrumentan de una manera totalmente errónea, no dejando que la persona pueda optar con conocimiento total de su situación laboral particular, para ejercer una opción informada, con verdadera libertad de que no se le prive de la mejor jubilación.
Más allá del reconocimiento explícito del presidente Tabaré Vázquez del pasado 11 de julio, sobre la necesidad de afrontar alguna reforma en el tema seguridad social, prefirió decir que “tendrá que ser atendida en próximos períodos de gobierno”, mientras que la realidad nos indica que cuanto más se dilatan en el tiempo, más duras terminan siendo, porque se pierde todo margen de maniobra para introducir cambios graduales.
Esta “política” del gobierno de no actuar, de no innovar para mejorar, de no generar condiciones necesarias para la sustentabilidad del sistema, o de no asumir sus responsabilidades en la conducción de las políticas públicas, termina siendo un anclaje muy pesado que de forma silenciosa, pero firme, generará problemas mayores en las cuentas del Estado, con su inevitable repercusión en la sociedad.
Sobre finales de 2016 propusimos que el BSE pudiera invertir en una unidad que variara igual que el índice medio de salarios, para evitar el descalce de monedas, al tener que pagar una renta vitalicia –derivada del pilar de ahorro- ajustada. Si bien las autoridades concuerdan con el enfoque, aún no se instrumenta.
Asimismo, sentimos -y a modo de ejemplo lo decimos- que Uruguay debe encontrar fórmulas que permitan que aquellos que se jubilan con 65 años o más, y que quieran seguir trabajando, puedan hacerlo, cobrando una jubilación servida por el BPS (ya está consagrado en la ley 16.713 que puedan jubilarse por AFAP y sigan trabajando y aportando al BPS). De esta manera seguirían haciendo aportes que financiarían el sistema general de la seguridad social (a la solidaridad intergeneracional), pero no serviría para reliquidar o reformar sus prestaciones de jubilación. Si bien es una idea que puede generar cierta polémica, es una idea que va en el sentido de tener en cuenta que la ecuación activos-pasivos en Uruguay, produce dificultades que se deben atender.
En definitiva, las resoluciones que no se tomen hoy, acentuarán las complicaciones del mañana. Con la vista en el mejoramiento de las prestaciones de seguridad social, en un horizonte donde –por suerte- la gente vive más, se deben despejar los espesos nubarrones que se pueden avizorar para apuntalar la sustentabilidad del sistema. La propuesta seria, estudiada y racional debe abrirse paso, para que teniendo en cuenta a los más vulnerables, se haga de los permanentes desafíos de la seguridad social, más que problemas, oportunidades de acción.
(*) Diputado del Batllismo – Espacio Abierto – Partido Colorado
