Por Sebastián da Silva (*) | @camboue
Corría el mes de setiembre de 2000 y me tocó visitar Silicon Valley. Era un diputado recientemente electo, y lo primero que me dijeron aquellas empresas de tecnología fue: “Elegimos este lugar para instalarnos porque es el que está más lejos de Washington”. A mi regreso tuve una reunión con don Enrique Beltrán, en El País, donde me otorgó el privilegio de ser uno de sus columnistas semanales por casi 10 años. En esa ocasión me despidió indicándome que debía pasar por contaduría para arreglar mi pago. Ante el desconcierto de aquel novato legislador de 27 años, Beltrán me dijo: “Para nosotros, cada renglón que publicamos en el diario es una creación humana, escrita por alguien serio y dedicado, por lo que debemos remunerarlo”.
Veinte años más tarde, estas dos instancias explican uno de los debates más trascendentes que el mundo no pandémico está discutiendo. La falta de regulación exhibida con orgullo por aquellos pioneros de la era digital, pasó al uso abusivo de los tráficos de los contenidos de publicaciones periodísticas; de la crisis de los medios serios de información y el abuso monopólico de estas plataformas globales (Facebook o Google) a la hora de vender publicidad con creaciones ajenas.
El abordaje principal debe de ser filosófico. Los que entendemos al periodismo serio como una forma sagrada de blindar la democracia, debemos de preocuparnos por su supervivencia.
La irrupción del covid-19 dejó en evidencia los problemas financieros que atraviesan los medios de comunicación más importantes de nuestro país. Fueron visibles decenas de periodistas que quedaron sin empleo. A la otrora tradición republicana del debate editorializado, le sobrevino el twitter, el algoritmo y la información por titulares. El vértigo y la modernidad le están pasando por arriba a la más humana de las virtudes, que es su capacidad creativa. En el periodismo, esta creatividad sí y solo sí se demuestra con investigación, con información profesional y con creativos que puedan hacer de su trabajo su diario vivir.
Por tanto, vamos camino a la media verdad como fuente informativa, o lo que es peor, a la dependencia de un algoritmo para tener visibilidad o a tener amplificación, de acuerdo a la cantidad de followers de turno. Por tanto, corremos el riesgo de ir a una desinformación pura y dura donde el algoritmo para ofrecernos publicidad nos muestre solamente lo que nos gusta; miles de millones de pequeños munditos donde solamente leer de acuerdo a nuestras preferencias y terminar con un sombrero de bisonte atacando un Parlamento, o naciones enteras con terapias intensivas saturadas y un terraplanismo global que desconoce esta evidencia.
Para corregir esta tendencia se necesita poner el tema arriba de la mesa, discutirlo y solucionarlo con dinero. Aquello de periodistas serios, formados, que puedan ser autores de un férreo control democrático se soluciona con empresas que puedan pagarles, y en el mundo digital, quienes distribuyen esos contenidos y lucran con ellos deben ayudar a la creación de los mismos, para que los niños mimados de la innovación no se transformen en un peligro para las democracias.
Australia pateó el tablero a principios de año. Hoy, en aquel continente, las megaplataformas deben sentarse a negociar con los editores. En Europa esta problemática está en discusión en la Comisión Europea y en América el faro está en Canadá.
Términos como derechos de edición, brechas de valor, curación algorítmica, snippets y distribución de información digital ya están en vías de legislarse. Hay un consenso cada vez más palpable de que las megaplataformas deben pagar a los medios editores por la publicidad que de sus contenidos venden.
Un gobierno amante de la libertad, como el nuestro, debe velar por la proliferación más diversa de medios informativos para poder enriquecerse con ellos. La libertad se fomenta, fomentando las críticas fundadas, y para que esa fundamentación no quede en 280 caracteres se deben poner en un pie de igualdad los derechos de los creativos con los derechos de quienes los trafican.
Impulsaremos este debate a sabiendas de que Uruguay, en el concierto internacional, tiene esa doble condición: por un lado, un peso específico inexistente y, por el otro, un peso cualitativo determinante, lo cual nos puede colocar como un ejemplo posible para la resolución de esta controversia.
Los posibles organismos públicos y privados ya existen. La Dirección de Defensa de la Competencia fue un avance legislativo contra los abusos de posiciones dominantes llevado a cabo por el gobierno de Jorge Batlle, que fue, junto con el de Lacalle Pou, de los últimos gobiernos liberales del Uruguay. La implementación de la defensa de los derechos de autor llevada adelante por Agadu también es un antecedente válido, por lo que nos resta comenzar ese diseño a la uruguaya de esta defensa del valor periodístico y su capacidad de creación.
En el presupuesto de este periodo avanzamos con la equiparación de la publicidad de los organismos estatales para con los medios del Interior del país. Diarios, semanarios, canales de televisión y programas de radios que hacen de tripas corazón para mantener viva la llama de la información en realidades tan disímiles como Young o la frontera con Brasil. Estos medios también deben de estar contemplados en la normativa a discutir porque los gobiernos locales, los municipales y la realidad de la comarca chica, mejoran con una mirada crítica, enriquecen su localismo y les da sentido de pertenencia en un país donde la descentralización es una expresión de deseo.
Daremos nosotros el puntapié inicial, asumiendo que esta no debería ser una iniciativa partidaria, sino que, al abarcar al más amplio espectro de la ciudadanía, debe ser una solución que incluya todas las miradas, porque es la génesis de lo que queremos proteger.
En el mundo estas iniciativas nacen de las oposiciones políticas. En el Uruguay de la libertad nacen desde la creencia de quienes integramos el gobierno, haciendo realidad aquello de que el Partido Nacional es el partido de la libertad. Somos más libres cuanto mejor nos informemos.
(*) Senador del Espacio 40 – Partido Nacional
