Por Guillermo Maciel (*) | @macielguillermo
En el tema de seguridad pública, no hay espacio para la intuición, la improvisación, o el ensayo. No se puede, ni se debe, gestionar a ciegas. Se requiere idoneidad, capacidad, profesionalismo y por sobre todo información confiable y veraz. Existen básicamente dos “termómetros” para medir la delincuencia de un país: las estadísticas con datos oficiales policiales y las encuestas de victimización. En Uruguay las encuestas de victimización institucionalizadas y oficiales por parte del Estado, prácticamente no se realizan o son muy esporádicas.
Por ello creemos que el Ministerio del Interior debería institucionalizar y realizar con periodicidad regular, una “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana”. Las encuestas de victimización periódicas son aquellas que se realizan con regularidad dentro de cierto período de tiempo.
Este instrumento brinda un aporte fundamental no solo para conocer la realidad, sino también para la construcción de una estrategia nacional de seguridad ciudadana.
A nivel internacional hasta la década de 1960, las autoridades al frente de las políticas de seguridad pública adoptaban decisiones con respecto a la lucha contra la delincuencia con base casi únicamente, en los registros policiales administrativos que contabilizaban los delitos denunciados por la ciudadanía. Durante este mismo período, se reconoció que la información que se podía extraer de dichos registros era deficiente en muchos aspectos. Así, los expertos comenzaron a desarrollar las encuestas de victimización como una importante fuente de datos suplementarios y complementarios.
El uso de encuestas de victimización en las últimas décadas, ha promovido un mejor y más amplio entendimiento de los delitos, sus tendencias a lo largo del tiempo y las percepciones de la ciudadanía sobre el sistema penal y el desempeño de la policía. Una limitación importante de los registros policiales administrativos es que solo contemplan aquellos delitos efectivamente denunciados. Mientras que las encuestas de victimización proporcionan información sobre la “cifra oculta”, es decir sobre los delitos no denunciados, además, miden las experiencias de las personas frente al delito y así como: áreas geográficas más vulnerables; porcentaje de la población que fue víctima de al menos un delito; tipos de delitos más frecuentes; costos a consecuencia de la inseguridad por hogar afectado y pérdidas estimadas; principales causas para la no denuncia; percepción sobre la seguridad; principales conductas delictivas; cambios de hábitos, comportamiento y conductas para protegerse del delito, etc.
A nivel internacional se realiza este tipo de encuestas con regularidad en Canadá (Encuesta General Social –GSS-); en los Estados Unidos (Encuesta Nacional de Victimización Criminal –NCVS-); en Australia ((Encuesta Nacional de Delincuencia y Seguridad); en Reino Unido (Encuesta Británica del Crimen –BCS-); en Finlandia; Países Bajos y Holanda, entre muchos otros. Mientras que en América Latina, actualmente existen dos países que han logrado institucionalizar sus encuestas de victimización: Chile -Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) desde 2003 hasta la fecha y con una periodicidad anual- y México -Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) desde 2011-. Y Panamá es ahora el primer país de Centroamérica en tener una encuesta institucionalizada de victimización y percepción de la seguridad.
Además de las Encuestas institucionalizadas (llevadas adelante por organismos del Estado competentes en la materia, se encuentran otras, tales como las: Encuestas Ad Hoc que son encuestas de victimización que solo exploran ciertos delitos o situaciones específicas. A modo de ejemplo, una encuesta sobre violencia de género. Las Encuestas Módulos. Estas son encuestas muy generales sobre diferentes tópicos diferenciados por módulos, donde el módulo de victimización incluido permite explorar temas relacionados con la seguridad. Y las Encuestas de Victimización en el sector privado que son aquellas que se enfocan en medir el impacto de la delincuencia y la inseguridad en el ámbito empresarial, como por ejemplo en el comercio.
En Uruguay a nivel privado varias empresas de estudios de la opinión pública, llevan adelante encuestas como la del “índice de seguridad ciudadana” que realiza la consultora Equipos Consultores desde el año 2013; la de la empresa Factum; o la de Cifra.
En el ámbito empresarial privado, se destaca la Encuesta de Victimización, que realiza la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. La misma se viene realizando con regularidad desde 2009 hasta la fecha.
También están los datos que se proporcionan por el LatinoBarómetro que mide las percepciones de los latinoamericanos sobre una variedad de temas incluida la inseguridad ciudadana.
En el ámbito institucional público, el Ministerio del Interior encargó en el año 2011 un estudio a la firma Equipos Mori, de una Encuesta de opinión pública sobre niveles de victimización, percepciones de inseguridad y grados de confianza institucional en el Uruguay. Cabe consignar que por ejemplo, en la referida encuesta, en relación a la cifra de delitos que no se denuncia, el resultado fue de casi un 40%.
Por otra parte, recientemente el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística rubricaron un convenio para la realización de la Encuesta Nacional de Victimización en 2017. Los objetivos incluyen indagar sobre la percepción de seguridad, determinar la prevalencia delictiva para algunos delitos, estimar la cifra oculta, caracterizar las actividades criminales y examinar la confianza y el desempeño de instituciones vinculadas a la gestión de la seguridad.
En nuestro país. Los datos oficiales disponibles son los proporcionados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, del Ministerio del Interior, los cuales desde los últimos años podrían calificarse de parciales -porque solo informan de algunos delitos e incluso no se presentan sistemáticamente de la misma forma de un informe a otro-; de incompletos, porque no se brinda cual es la masa total de delitos que se cometen anualmente, y porque además oportunamente y por un tiempo se dejaron de contabilizar los delitos de tentativas, las rapiñas-; y de arbitrarios, en la medida que la información se ha brindado en forma extemporánea. Todo lo cual generaría un riesgoso sesgo en la medición de la delincuencia y el delito.
En suma. La tónica debería ser brindar un acceso a la información, con total transparencia, con mediciones confiables y auditables y con una periodicidad regular. Con datos oficiales complementados con una encuesta institucionalizada de victimización. Todo lo cual determinaría que se pudiera hablar de un sistema de información robusto, es decir donde hay información accesible y con altos niveles de fidelidad y calidad. Que genere confianza y credibilidad.
(*) Director del Observatorio en Seguridad de Fundapro
