Por Juan Martín Rodríguez (*) |@_RodriguezJuan_
Debieron pasar 626 días entre la fecha en que se promulgó la Ley N° 19.889, popularmente conocida como LUC (Ley de Urgente Consideración), y la fecha en que se celebró el referéndum que un grupo de ciudadanos patrocinó, en procura de la derogación de 135 de sus artículos, para que la sociedad uruguaya volviera a zanjar lo que en noviembre de 2019 expresara libre y democráticamente en las urnas: su voluntad de cambio.
Quienes asumimos la responsabilidad de defender la palabra del presidente de la República en cuanto a cumplir los compromisos de campaña asumidos, a través de la utilización de un mecanismo constitucionalmente previsto, afrontamos una campaña en la que las señoras “Medias Verdades” y “Vulgares Mentiras” fueron parte del elenco estable de la oposición en cada tablado, en cada escenario, y peor aún, en cada feria, en cada barrio de Montevideo, en cada rincón del país.
Seguramente, esta campaña será recordada por reiteradas consignas de la oposición, como ser “gatillo fácil”, “privatización de la educación pública”, “desalojo express”, “desmantelamiento de las empresas públicas”, “fomento del trabajo informal y de las transacciones vinculadas al lavado de activos”, “pérdida o cercenamiento de derechos”, o lo que es peor aún, “venta de niños”.
También recordaremos las idas y vueltas por parte de miembros de la oposición en cuanto a que “el referéndum era contra el gobierno”, luego que “no era en contra del gobierno, sino en contra de los peores artículos de la ley”, para alcanzar los últimos días, en los que, por parte de la oposición, poco se habló de la ley y todo giraba en torno a asuntos en los que la LUC vaya a saber uno qué tenía que ver.
No nos olvidaremos de las amenazas de Michelini, del patoterismo sindical de los dirigentes de Fancap, Fenapes y Sutel, de la puesta en escena de “anónimos” en la vía pública, del realismo mágico de Valenti, de las bravuconadas de militantes del Sí, en diversos puntos de Montevideo y el interior del país, mintiéndole a la gente, llegando a amedrentarla cuando no recibían la respuesta esperada, de los “vivos” que bajaban o rompían los carteles que habíamos colocado quienes acompañamos el No.
A pesar de ello, la sociedad uruguaya renovó la confianza en aquellos que eligió en 2019, pues entendió que quienes dieron la cara en tiempos de dificultad, merecían volver a contar con el respaldo de la sociedad; la misma sociedad que no dudó, a pesar de la manija proveniente de sindicalistas y otros representantes de la oposición, en apostar por la libertad responsable y no por el confinamiento obligatorio.
Una vez más, más del 50% de los votos válidos acompañaron una manera muy diferente de la que gobernó el país entre los años 2005 y 2020: la ciudadanía se inclinó a favor de quienes entienden que el Estado no está para dirigirle la vida a la gente, sino para facilitársela.
Nuestro sistema democrático representativo deposita en los representantes del pueblo (los legisladores) la facultad para aprobar normas que cumplan con las mayorías necesarias requeridas constitucionalmente, y reflejen la voluntad electoral plasmada en las urnas. Asimismo, habilita el instituto de democracia directa de referéndum para someter a un proceso de derogación aquellas normas que así sea entendido por un grupo de ciudadanos que, a su vez, deben cumplir una serie de requisitos.
La LUC, en el devenir del trámite parlamentario, recibió múltiples e innumerables modificaciones, muchas de ellas, producto de los planteos de representantes de la sociedad civil que acudieron al Parlamento, de legisladores de la coalición de gobierno, así como de la coalición opositora.
Por ende, también resulta absolutamente falso que se hable de falta de diálogo, cuando los representantes de la oposición tienen claro que no es así, pues saben que tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Representantes se tomó nota de todos sus planteos. Estos se discutieron al seno de la coalición, algunos se incorporaron y otros no, como resulta lógico, pues por algo la ciudadanía votó por la fórmula Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón y sus propuestas, y no por las de Martínez-Villar, pues, de lo contrario, otro hubiese sido el cantar.
Pretender por parte de la oposición que un gobierno que fue electo para cambiar lo que ellos hacían, actúe de la misma manera, no solamente resulta inaceptable, sino que constituye una verdadera falta de respeto a la inteligencia de la gente.
Reclamar la constitución de espacios de diálogo por fuera del Parlamento, pretende, una vez más, vulnerar la expresión popular plasmada en las urnas en 2019, y refrendada también en las urnas en 2022. En una democracia representativa, será en el Parlamento donde los partidos políticos (del gobierno y de la oposición) habrán de velar por el diálogo y la construcción de los consensos (y también los disensos) necesarios.
Resta aún mucho por hacer, y el gobierno no debe distraer ni un minuto más de su atención en actitudes caprichosas de la oposición. Nosotros, de mano tendida, estaremos abocados a continuar el cumplimiento los compromisos de campaña, esos que la gente eligió en 2019 y ratificó en 2022 y que, aunque al PIT-CNT y al Frente Amplio no les guste, o les cueste entender, serán los que desde Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo constituirán el eje de nuestro accionar durante los próximos meses.
El tiempo y la historia ya hablarán del proceso electoral que comenzó en 2019, que tuvo su “segundo tiempo” en 2022, y que encontrará en el 2024 a una oposición con un espíritu exponencialmente revanchista, en procura de enfrentar a esa coalición de gobierno que, en menos de 30 meses, le ganó cuatro elecciones. Y allí estaremos nosotros, “como el árbol en el lomo de la cuchilla: más firmes en nuestro pasado y más seguros en el porvenir”.
(*) Diputado del Partido Nacional. Secretario general del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
