Por Jorge Larrañaga (*) | @jorgewlarranaga
Es bien sabido por todos que Uruguay atraviesa una crisis en materia de seguridad.
Por eso, junto a un grupo de ciudadanos estamos promoviendo la reforma constitucional conocida como Vivir Sin Miedo, para mejorar la seguridad pública.
Se necesitan nuevos instrumentos y por ello los cambios que promovemos en esta reforma.
Ella no va contra ningún derecho, va contra la delincuencia, y genera nuevos instrumentos para proteger los derechos humanos de los uruguayos que todos los días son agredidos.
En primer término, la reforma propone que los que cometan los delitos de violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio con circunstancias agravantes especiales y con circunstancias agravantes muy especiales, trata de personas y delitos de tráfico de estupefacientes, cumplan la pena en su totalidad.
Otro cambio proyectado en la reforma es la creación de la Pena de Reclusión Permanente Revisable. Existen delitos tan aberrantes que justifican una severa respuesta de la sociedad.
Esta pena se aplicaría a los que violan o abusan y matan a un menor de edad, a los sicarios y a los homicidas múltiples. Este tipo de delincuentes suelen tener personalidades psicopáticas que hacen extremadamente difícil o imposible su recuperación.
El proyecto prevé que este tipo de delincuentes permanezcan 30 años recluidos, y recién cumplido ese plazo podrán recuperar su libertad, solo si se demuestra su rehabilitación. La sociedad tiene el derecho a protegerse de esos individuos probadamente peligrosos.
Un tercer cambio propuesto es la habilitación para que se puedan realizar allanamientos en horas de la noche. Es sabido que muchos delincuentes usan casas para la venta de droga, como las denominadas bocas de pasta base. Estos delincuentes sacan provecho de la especial protección que actualmente brinda la Constitución al hogar, para evitar de ese modo la acción policial.
El proyecto de reforma constitucional prevé habilitar que por ley se establezcan las condiciones para que un juez pueda, cuando haya sospecha fundada, ordenar allanamientos para combatir la delincuencia en horas de la noche, como ya se puede hacer durante el día.
Las propias autoridades judiciales y del Ministerio Público han reconocido que Uruguay es de los pocos países que no ha flexibilizado esta disposición y ha quedado rezagado en la materia.
Finalmente, el último cambio es la creación de una Guardia Nacional compuesta por efectivos militares, como una segunda fuerza para colaborar con la policía.
Los problemas de seguridad -las emergencias en general- no pueden abordarse desde la ideología.
El miedo que sienten los honestos, frente a los delincuentes no tiene ideología. Las víctimas, en tanto víctimas, no tienen ideología y los delincuentes cuando delinquen no tienen ideología. Las respuestas a esos problemas tampoco tienen que tener ideología.
En la situación de crisis en la que nos encontramos debemos usar todos los recursos del Estado para cuidar a los uruguayos. Y en eso consiste esta propuesta, generar un nuevo cuerpo que sirva de equilibrio, complemente y coordine con el Ministerio del Interior, recurriendo a efectivos militares, porque ellos están calificados, poseen disciplina, tienen una estructura jerarquizada, están instruidos en el manejo de armas y ya están a disposición del Estado, podemos recurrir a ellos sin demora. Además, ya cumplen tareas típicamente policiales en la Prefectura Nacional Naval, en la Policía Aeroportuaria y en la guardia perimetral de varios establecimientos carcelarios.
Incluso, el propio gobierno le ha ido dando algunas funciones típicamente policiales. En noviembre de 2018, se aprobó la Ley 19.677 por la cual se encomendó a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia, así como de apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en una “zona fronteriza” de 20 kilómetros a excepción de los centros poblados. En criollo: le dieron funciones de policía a todas las Fuerzas Armadas.
Pero hay más elementos en este sentido. Es bueno recordar que en 2011, por Decreto 212/011 se efectuó el pasaje de efectivos militares directamente a la Policía, es decir, pasaron de una fuerza a la otra.
Se trata entonces de usar adecuadamente los recursos del Estado. Esos efectivos recibirán la formación intensiva previa para sus nuevos cometidos y estarán, en esas tareas, sujetos a las reglas que se establecen en la Ley de Procedimiento Policial.
Este modelo de fuerzas de seguridad con organización militar, complementariamente y en paralelo a la policía civil, ya existe con notable eficacia y prestigio institucional en España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Chile, entre otros países. Se plantea un diseño que existe -y con éxito- en muchos países. Nada tiene que ver el modelo aplicado en México y Brasil, ejemplos que son utilizados para criticar nuestra propuesta. Más allá de la diferencia en la realidad de esos países, allí hubo una sustitución de fuerzas y no una complementación como la que proponemos nosotros.
Somos plenamente conscientes de que, además de estos cambios, hay que hacer otro conjunto de cosas: hay que mejorar las políticas de rehabilitación, las políticas sociales, las políticas penitenciarias, las políticas de contención y prevención. Estamos de acuerdo en que se mejoren todas esas políticas. Pero también hay que hacer lo que la reforma propone.
Por lo expresado, esta reforma no limita ningún derecho. No es regresiva. Lo que hace es proteger los derechos humanos del ciudadano uruguayo de a pie, que se juega la vida todos los días y que siente miedo porque hay un Estado que no cumple el primer y fundamental cometido: dar seguridad, cuidar a sus habitantes.
Los cambios que proponemos en la reforma son parte de la solución.
La reforma que proponemos es la única propuesta real y concreta para cambiar la realidad que padecemos.
Votar el SÍ el 27 de octubre es la manera de asegurar el cambio en seguridad.
(*) Senador de la República por el Partido Nacional. Líder de Alianza Nacional.
