Por Celsa Puente (*) | @PuenteCelsa
Vivimos en un mundo de palabras. Discursos que se superponen y suceden en la vida real y en la vida virtual: en la calle, en las redes, en la radio, en la televisión. La pedagoga argentina Graciela Frigerio dice que “las palabras no son sin consecuencias”, porque los modos que elegimos para nombrar nunca dejan de producir un efecto político y subjetivo. Agrega la autora que sin considerar a las palabras como “todopoderosas, están lejos de ser neutras”. Por eso, los discursos son tan importantes; de algún modo, lo que hacemos circular, las ideas que instalamos, son hacedoras de cotidianeidad, generan “ambiente”. Está probado que si logramos imponer sensaciones, éstas, de tanto insistir, luego se convertirán en convicciones y las convicciones en realidades, aún cuando quien las repita no pueda argumentarlas o exprese motivos muy débiles.
Por eso, me parece interesante proponerles analizar la palabra público/a particularmente asociada a la educación. Hay un desprestigio deliberado de la educación pública que está impuesto como un discurso que se repite casi en forma anestesiada. Quiero dejar claro, en principio, que no eludo la necesidad de revisar –como ya lo he planteado más de una vez- una arquitectura institucional antiquísima y burocratizada que funciona como un verdadero escollo para la práctica cotidiana de los centros educativos. Tampoco eludo -e incluso cuando tuve oportunidad di comienzo a un proceso que luego se bloqueó- que es necesario, particularmente en la educación media, revisar los planes y programas y diseñar una nueva propuesta curricular integral. Así podría quizás seguir mencionando unos cuantos aspectos más que pueden y deben repensarse a la luz de una práctica educativa que hoy requiere de otros condimentos. Pero desconocer los resultados, los progresos y el desempeño hacia una educación para todos y todas, las y los uruguayos, sostenida en la idea esencial de la educación como derecho es, por lo menos, imperdonable. Y como las palabras “no son sin consecuencias”, hay alguna intencionalidad en este sentido, que seguramente reside en la preocupación que ciertos sectores de la sociedad tienen por conservar sus privilegios.
Las estrategias para instalar esta idea de la crisis de la educación son variadas. Señalaré al menos dos que me parecen dignas de ser presentadas de modo especial. El juego principal es intentar desvirtuar lo público instalando un discurso cuantitrágico y estigmatizando a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Pero, paradójicamente, hay otro juego que complementa al primero y que se propone tergiversar e incluso diluir el concepto de lo público. Cierta vez, un director de un centro educativo privado me comentó que consideraba que su centro era público porque estaba abierto a todos. Claro, le faltó aclarar que todos son los que pueden pagar, todos son los que tienen buenos hábitos incorporados, todos son los que cumplen los requisitos no escritos y nunca declarados de un currículum oculto que sostiene a este tipo de instituciones en las que el procedimiento de la selección de estudiantes y familias es primordial para forjar la matrícula. Se le olvidó, ¿voluntariamente?, que lo público es aquello que se ofrece sin restricciones, lo que está al alcance de todos y todas sin que haya que dar explicaciones sobre vidas privadas o historias anteriores o actuales. Resulta un poco paradójico que un liceo privado intente autocalificarse como público a menos que esa delicada construcción nominativa guarde una intencionalidad en relación a la asignación de fondos presupuestales deseados como un botín interesante al que se desea acceder.
Quizás sea esto lo que ha permitido la aparición de modelos institucionales que siendo privados guardan de autodenominarse “públicos”. Me refiero a los mal llamados “liceos públicos de gestión privada”, o correctamente dicho, liceos privados gratuitos para las familias de los estudiantes. Centros educativos instalados en barrios muy identificables en esta lógica lamentable de segregación territorial que tenemos en Montevideo, en los que, habitualmente y por motivos obvios, no había expresión previa de la educación privada. Estos centros privados gratuitos, que funcionan desde una lógica férreamente selectiva, en contradicción rotunda con respecto al derecho a una educación para todos y todas, aparecen en el discurso público como instituciones concentradoras de todas las bondades educativas, aún cuando el relato exitoso que se ha instalado no pueda ser comprobado cabalmente. La modificación de la ley de Mecenazgo o ley de donaciones especiales (Ley Nº 18083) que fue reordenada en el año 2007, estimula a las empresas privadas a donar recursos a cambio de exoneraciones fiscales, con lo que de alguna manera se concede a quienes donan, el poder de decisión sobre el uso de parte de los recursos que son públicos. La exoneración implica una renuncia fiscal del Estado equivalente a 81,25% del monto donado (cada 100 pesos donados, 81,25 se toman como crédito para el pago de IRAE o Impuesto al Patrimonio). Planteo esto porque las empresas, en lugar de pagar sus impuestos para que el Estado distribuya esos fondos en lo que considere necesario o pertinente de acuerdo a su proyecto de país, como por ejemplo, la educación pública, optan por donar a este tipo de instituciones –los liceos privados gratuitos-. El Estado renuncia a cierta porción de sus ingresos para permitir que los empresarios los distribuyan en lo que ellos desean y no en la ruta que el gobierno tiene fijada. Para completar la historia, estos centros, que son privados, gozan de los beneficios y exoneraciones especiales de impuestos nacionales y municipales que establece el artículo 69 de la Constitución para las instituciones de enseñanza y culturales privadas. Es decir, que concentran beneficios por partida doble. De acuerdo a datos publicados por los economistas Dufrechou y Jauge, estos centros cuentan con un financiamiento superior que el promedio de los liceos públicos. Solo a modo de ejemplo, es bueno explicar que por cada 100 pesos que gasta el Consejo de Educación Secundaria por alumno, el Liceo Impulso gastó 263 pesos en el año 2015, 220 en el 2016 y 200 en el 2017; fondos que estamos financiando con renuncias fiscales todos los uruguayos/as. Me pregunto si es esto lo que de verdad queremos. El Estado financia una política educativa que no diseñó, en la que no tiene incidencia, a la que no monitorea y de la que tampoco se tienen certezas desde lo pedagógico y que abona a la segregación social que tanto padecemos.
La educación es un campo de disputa política en el que a veces se pierde el horizonte verdadero, apesadumbrados por los discursos triunfalistas que pretenden asociarla al funcionamiento empresarial. He llegado a escuchar que a los docentes debería pagárseles por productividad, como si el proceso educativo que es imprescindible como parte de la humanización fuera un proceso empresarial y las personas “productos” que se ofrecen en el mercado.
Alcanza con revisar estos rumbos, destituir los discursos exitosos nunca confirmados y concentrarnos en la capacidad distributiva de oportunidades para todos y todas porque, de verdad, no es oro todo lo que reluce.
(*) Profesora de literatura. Docente y militante en Educación en DDHH. Inspectora de Institutos y liceos de Montevideo.
