Por Raúl Viñas (*) | @Uruguay2035
Nuestro país enfrenta diferentes problemas relacionados con el ambiente en que se desarrolla la vida de los seres humanos y la de todos los demás seres con los que compartimos este territorio.
La disponibilidad y calidad del agua tanto para el consumo humano como para el mantenimiento de los ecosistemas es una de las cosas que mayor protagonismo ha cobrado en los últimos años, por una secuencia de situaciones límite de carestía y abundancia, así como por episodios de contaminación que cobraron notoriedad, en especial, el derrame de 1.000 toneladas de soda cáustica por parte de UPM en agosto pasado.
Cuando se consulta o se comenta con parlamentarios sobre los temas ambientales, todos dicen tener un gran interés por esos temas y ninguno deja de declararse defensor del ambiente y de la calidad ambiental.
El Uruguay tiene desde hace tiempo una amplia base legal que regula muchos temas ambientales, como por ejemplo la Ley 9.481 denominada de “Ecología. Protección de la Fauna Indígena”, una ley pionera, que fue promulgada en 1934.
Más cerca en el tiempo, con el Código de Aguas de 1979, se promulgó el decreto reglamentario que tiene toda una sección dedicada a la regulación de la calidad y control de la contaminación del agua.
En la actual legislatura varios temas ambientales o relacionados con el ambiente merecieron la atención de parlamentarios y se generaron proyectos de ley, por ejemplo, para regular la utilización de agroquímicos, especialmente la prohibición de uso en nuestro país de productos ya prohibidos en otros países.
Ese y otros proyectos, como los de la prohibición de la técnica de fracking en la extracción de hidrocarburos, para el caso de que se los encuentre en nuestro país, o los relacionados con la protección de especies en peligro de extinción y el establecimiento de normas de calidad para el aire, han circulado en los estamentos parlamentarios de las dos cámaras, varios de ellos desde el primer año de la actual legislatura que finalizará el día 15 del próximo mes de setiembre.
La mayoría de ellos después de su presentación en la cámara donde fueron presentados y su pasaje a comisión, quedaron descansando el sueño de los justos en los cajones de esas comisiones sin haber sido nunca tratados.
Conviene aclarar que el proceso para que un proyecto se convierta en ley implica su tratamiento en comisión y en el plenario en ambas cámaras, culminando solamente cuando el mismo es aprobado por las dos. Para eso, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores cuentan con comisiones especializadas que se reúnen semanalmente, entre los días martes y jueves.
Al ser las dos cámaras independientes, ha sucedido que se presenten en ambas cámaras proyectos para regular los mismos temas. Así pasó, por ejemplo, con el tema del fracking, para cuya regulación el Poder Ejecutivo presentó en el Senado un proyecto de moratoria temporal, mientras se había presentado en Diputados, con la firma de seis diputados de cuatro partidos, un proyecto para su prohibición. En las dos cámaras los proyectos se pasaron a las comisiones de Industria y Energía sin haber sido tratados por ninguna de ellas desde 2021.
Algo similar sucedió con el tema de la inclusión en el Código Penal de delitos ambientales. Sobre este tema se presentaron al comienzo de la legislatura proyectos en las dos cámaras. En este caso, el proyecto presentado en Diputados fue retirado por los proponentes, mientras que el del Senado se aprobó en esa cámara y pasó a Diputados para su tratamiento. Diputados lo envió el año pasado a la Comisión de Legislación y Códigos, donde a la fecha no ha sido tratado.
Conviene tener en cuenta que esa comisión no se reúne más de dos veces por mes y tiene en esta legislatura más de 70 asuntos pendientes de tratamiento. Así visto, está claro que ese proyecto, uno de los principales ambientales de la legislatura, es muy difícil que logre ser aprobado.
Por otra parte, el proyecto a estudio adolece de varias fallas. Entre las principales tenemos que solo se considerara “delito” la caza de animales cuando se hace dentro de las áreas protegidas y que el proyecto depende en casi todo su articulado de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo para hacerlos efectivos.
La reglamentación de las leyes le corresponde al Poder Ejecutivo, que no tiene plazo para hacerlo. Así, se da el caso de que algunos temas, como el incremento de los montos máximos de las multas ambientales, aprobados en la ley conocida como “LUC” hace ya casi tres años, no han sido reglamentados por el Poder Ejecutivo y por lo tanto no se pueden aplicar.
Volviendo al Parlamento, la Comisión de Ambiente del Senado tiene hoy siete temas a estudio, uno de ellos el traspaso de la responsabilidad sobre el monte indígena desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al Ministerio de Ambiente que se aprobó en Diputados el año pasado.
En los primeros cuatro años de esta legislatura la citada Comisión solo ha informado de tres temas. Puede que eso tenga relación con que en esos primeros cuatro años la comisión se reunió solamente 36 veces, un promedio de nueve reuniones “semanales” por año.
En Diputados la Comisión Especial de Ambiente tiene 16 temas a estudio y no ha informado sobre ninguno en los primeros cuatro años de la legislatura.
Evidentemente, el tratamiento de los temas ambientales no es prioridad para nuestro Parlamento.
Se perpetúan así vacíos legales y de regulación que hacen muy difícil el control y la planificación ambiental, sumado a esto que muchas veces la normativa ambiental vigente es sujeta a “excepciones” que facilitan acciones contrarias a la sostenibilidad en el tiempo de las actividades humanas en el territorio, afectando los principales recursos que sustentan la vida y que son básicamente el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad.
No entender la importancia de los temas ambientales, subordinándolos a intereses productivos y objetivos económicos de corto plazo, destruye los recursos, pone en riesgo la calidad de vida, encarece procesos, como el de la potabilización del agua, y afecta incluso la competitividad de muchos sectores productivos cuyo ingreso a mercados se ve limitado o solo se logra a precios que no permiten la sostenibilidad económica de las actividades.
El Parlamento tiene mucho que hacer en estos temas y en otros de gran importancia. Ahora, sobre el fin de la legislatura, es evidente que muchos de ellos no han tenido el debido tratamiento ni se ha avanzado en su estudio y aprobación.
Ese es el caso también del proyecto presentado hace dos años para que los contratos entre el Estado y empresas, contratos que comprometen al país por décadas, deban ser autorizados por el Senado, ese proyecto sigue descansando en su comisión.
Estas situaciones, que se repiten en cada legislatura, llevan a pensar que no se dan en el Parlamento los tiempos necesarios para la tarea y que debiera ser revisado el régimen de trabajo parlamentario que se reduce a los primeros 18 días de cada mes y se concentra solamente en tres días a la semana, no habiendo en las cámaras generalmente actividades programadas para los días lunes y viernes, por lo que los días efectivos de trabajo son siempre menos de 10 por mes.
(*) Magíster en Ciencias Meteorológicas. Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable).
