Por Raúl Viñas (*) | @Uruguay2035
Una novedad para las elecciones de este año es que se presentaron varios partidos nuevos con aspiraciones a ocupar puestos en el Parlamento, entre ellos, varios catalogados al menos en los papeles como ecologistas. El sistema electoral, que adjudica los escaños mediante siguiendo el método denominado d’Hondt, no los favorece, ya que en ese sistema la fragmentación del voto en multiplicidad de opciones tiende a favorecer a los partidos mayores.
Como sucede casi siempre en los procesos electorales, los temas del “desarrollo”, las inversiones y la seguridad social -amenazada por el envejecimiento de la población-, tuvieron su lugar en la campaña.
También estuvo presente en campaña el tema ambiental, atendiendo principalmente al informe de 2018 del Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés), según el cual el mundo tiene solo 12 años para detener el cambio climático.
Sobre el final de la campaña el tema ambiental se centró en el uso del suelo, en especial la explotación y conservación de los bosques autóctonos. Allí jugó fuerte el gerente de UPM con su propuesta de incrementar la extracción de madera de los bosques y plantar tres o cuatro árboles por cada uno que se tale. Con ello, efectivamente, se transformaría al bosque en una plantación de árboles como las que la empresa tiene en Uruguay.
Así, las elecciones parlamentarias finlandesas de abril de este año vieron el crecimiento de las opciones “verdes”, y por primera vez en los 100 años de la historia de Finlandia un Parlamento donde ningún partido llegó al 20% de los votos, aunque por la mecánica de asignación de los escaños uno pudo hacerse con el 20% de las bancas. El gobierno de coalición resultante se organizó en base a las posiciones partidarias en varios temas, especialmente el cambio climático, ingresos básicos y atención de salud.
En nueve días en Uruguay se elegirá un nuevo gobierno, ya que sea del partido que sea, será un nuevo gobierno. El tema ambiental ha estado ausente de la campaña política, en la que ni siquiera ha habido referencias claras por parte de los candidatos y sus equipos de qué hacer en el tema crucial del agua.
Crucial sí, porque las aguas superficiales del Uruguay no cumplen ya en casi ningún punto del territorio con los mínimos estándares de calidad establecidos en el Código de Aguas y su decreto reglamentario (Dec. 253/79
Lo de la contaminación es mucho más que un dato anecdótico, ya que degradación del recurso afecta incluso la provisión de agua potable a la población, encareciendo su procesamiento u obligando a la búsqueda de nuevas fuentes, principalmente, subterráneas. Eso genera un sensible incremento en los costos que en nuestro país se trasladan al consumidor, en lugar de ser cargados a los responsables de actividades que contaminan el agua y el ambiente todo.
Aun así se han tomado algunas medidas, específicamente para la cuenca del río Santa Lucía, lugar altamente sensible por ser la fuente de agua para la zona metropolitana de Montevideo; pero en las demás cuencas no se ha pasado del diagnóstico. La falta de discusión abierta sobre el tema, que casi no ha sido mencionado en los discursos electorales, muestra lo difícil que es ponerle el cascabel al gato en un problema que afecta también la competitividad del sector agropecuario, cuya situación sería mucho más complicada si se tuviera que recurrir obligatoriamente al procesamiento y potabilización del agua para el ganado e incluso para el riego.
Los cambios biológicos en los cursos de agua, inducidos por la contaminación, se evidencian entre otras cosas en la proliferación de cianobacterias, hecho que tiene, además de sus efectos en la biodiversidad, otros, como la inhabilitación de playas, con efectos sanitarios sobre la población y especialmente económicos sobre la actividad turística de “Sol y Playa” básica en Uruguay.
Nada de esto parece tener la menor importancia en el discurso de los que hoy aspiran a conducir los destinos del país que mantienen una campaña ciega y sorda a los temas ambientales, entre otros estratégicos, centrándolas en imágenes y jingles muy parecidos a los usados para promover la venta de jabón en polvo.
Algún candidato que se ha expresado tímidamente sobre el tema lo relativiza indicando que esto es efecto de problemas regionales, sin poder explicar así los problemas de Santa Lucia y otros cursos de agua con alto grado de eutrofización y que son exclusivamente uruguayos.
Una forma de entender mejor el manejo del tema ambiental, y la forma de actuar del Estado, es revisar el informe técnico que llevó a la autorización ambiental de la planta de UPM en el río Negro, cuenca altamente eutrofizada, y donde los episodios de cianobacterias son moneda corriente en los últimos años, incluso fuera de la estación estival.
Autorización ambiental a UPM
La autorización ambiental a UPM, por resolución ministerial del 14 de mayo, muestra en primer lugar un grado de eficiencia y rapidez poco común en la administración pública, ya que el informe técnico de 126 páginas en que se basa la resolución es del mismo día.
Esa eficiencia no se reflejó en la publicación del informe que ocurrió dos meses más tarde, y solo después de varias solicitudes directas al Mvotma que llegó a expresar ante un pedido de acceso presentado por el portal Sudestada no poder fotocopiarlo por el “cúmulo de trabajo que cuenta la Unidad Ejecutora que debe remitir la información”.
Lo primero a destacar es que mientras la autorización ambiental de Botnia y Montes del Plata llevó más de dieciocho meses, la de UPM2 debía hacerse en doce como se comprometió el gobierno en el contrato firmado por UPM. Así, UPM presentó rápidamente un informe muy incompleto que fue rechazado pero que marcó el comienzo del plazo; el informe completo se presentó casi tres meses más tarde por lo que los técnicos de la Dinama solo tuvieron nueve meses para estudiarlo.
En el informe del 14 de mayo los técnicos de Dinama expresan que varios puntos del proyecto no fueron presentados con el suficiente grado de definición y que varias definiciones sustantivas se presentaron en forma tardía y en idioma inglés, que no es nuestro idioma oficial, dificultando la evaluación. Agregan también que “la actitud de la empresa durante el proceso no ha sido siempre proclive a la presentación de la información necesaria solicitada”.
Lo anterior lleva a que el proyecto terminó aprobado en tiempo record, sin que, de acuerdo con el informe, se definiera adecuadamente la planta de tratamiento de efluentes, sin que se presentaran las medidas a adoptar si el contenido de contaminantes superase los máximos permitidos, sin que se revisara el proyecto del emisor subacuático que en las simulaciones falló en evitar que los efluentes concentrados lleguen a la costa del lago y sin que la empresa presentara el esquema de la planta química que producirá el dióxido de cloro para el blanqueo de la celulosa.
En otro punto del informe se destaca que, en contrario a la propaganda de la empresa y el gobierno en el sentido de que la planta usará las mejores técnicas disponibles, un eufemismo para decir que contaminarán pero que no hay otra opción, el uso de cal viva para reducir el contenido de fósforo en los efluentes no sería, según Dinama, la mejor técnica ya que genera residuos sólidos altamente corrosivos. En el informe se recomienda utilizar sales de hierro, pero no se obliga a la empresa a hacerlo.
Con lo anterior, se entiende la reticencia política a publicar el informe técnico que evidencia la necesidad al menos de contar con toda la información faltante para tomar la decisión final respecto del proyecto.
Si consideramos que para el 17 de mayo, solo tres días más tarde, estaba prevista la visita del Sr. Jussi Pesonen (CEO de UPM), se comprende mejor la urgencia del gobierno.
¿Y después del 27 de octubre?
Queda claro que en contrario de otros países, como Finlandia, el tema ambiental no es asunto de campaña en Uruguay y que la institucionalidad ambiental uruguaya es débil para tratar proyectos como el de UPM, o los problemas ambientales como el del agua.
Algunas propuestas ya multipartidarias de crear un ministerio del ambiente o del ambiente y la sustentabilidad no pasan de los titulares, y aún en caso de concretarse no aparecen a la altura de los problemas que enfrentamos, salvo que se les otorgue verdadero poder y vengan acompañadas de efectivo control ciudadano que debiera incluir como mínimo la figura del defensor del ambiente, como existe hoy la del vecino, separando en el tiempo su elección de los períodos electorales.
El ambiente somos todos.
(*) Magister en Ciencias Meteorológicas. Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable).
