Por Jorge Alvear (*) | @jalveargonzalez
Para que los derechos del consumidor sean garantizados, lo primero a proteger es el derecho a la libertad, el derecho a saber y también el derecho a educarse. Si el consumidor no tiene la información necesaria y fidedigna de lo que está consumiendo, se están violentando sus derechos en tanto no puede gozar del derecho a la libertad y, por ende, del derecho a elegir. En España, por ejemplo, el Estado debe garantizar no solo la información, sino que debe desplegar políticas que eduquen a los consumidores.
En nuestro país, lamentablemente, esto no existe. Por esta razón, hace unos meses presentamos un proyecto de ley que obliga a quienes comercializan productos para consumir, a establecer su procedencia, origen de producción y comercialización.
¿Para qué y por qué? Porque hoy sabemos que hay muchos productos cuya etiqueta destaca “fabricado en Uruguay” o “made in Uruguay” sin detallar la procedencia de la materia prima ni de la elaboración. Con esto estamos violando el derecho de nuestros consumidores. La mayoría de los uruguayos quiere consumir productos nacionales, no solo para apoyar al productor nacional, sino por la calidad, ya que nuestro país en ese sentido está mucho más regularizado y reglado que otros que no tienen casi control de calidad. Sin embargo, sus derechos se ven cercenados cuando no se les informa cuál es el origen de la materia prima o dónde se elaboró el producto.
Hoy la mayoría de los productos que lleva el logo de “hecho en Uruguay”, solo es envasado en nuestro país, pero ¿de dónde sale la materia prima con la cual se elabora? ¿Dónde se elaboró?
Debemos abogar no solo por un cambio en el etiquetado de los productos a consumir, sino por informar cómo se elabora el producto, con qué, qué mecanismos se emplean para hacerlo y qué sustancias lo conforman, para que el consumidor esté dispuesto o no a consumirlo, dando la posibilidad de gozar del derecho a la libertad de elegir. Por lo tanto, hay que crear políticas de Estado que eduquen al consumidor, pero que también promuevan la veraz información.
Por eso insistimos en que es imperioso legislar con el fin de priorizar y defender los derechos de nuestros consumidores, así como promover la producción nacional.
Sin embargo, en este mes la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto que enmarca la necesidad de detallar información de los productos, pero nada dice de los orígenes del mismo como la materia prima que se utilizó, dónde y cómo fue elaborado, o los procesos a los que fue sometido, entre otros.
Ante esta situación, este legislador presentó y planteó formalmente que se incluyan algunos cambios en el proyecto de ley, con el fin de tener en cuenta la necesidad de obligar a quienes comercializan productos comestibles a destacar y dar a conocer al consumidor lo antes expuesto. Sin embargo, no tuve quorum alguno, y es lamentable porque esto responde a intereses que dejan a consumidores sin el goce de su derecho a la información sobre lo que están consumiendo y, lo que es peor, su derecho a elegir.
En pos de una política de prevención de enfermedades, se hace hincapié en la alimentación saludable, sin embargo, la legislación vigente dista mucho de apoyar esta política.
Nuestra manera de ver al país es una sola, por tanto, no pueden existir políticas de Estado sin que exista en forma concomitante el apoyo legislativo. Es necesario legislar con el fin de obligar a informar sobre todos los orígenes de los productos que conforman los alimentos y la materia prima misma, así como del origen de vegetales, frutas y hortalizas. Así el consumidor podrá tener a su alcance la verdadera calidad de los productos a consumir ya que los países tienen todos diferentes niveles de control de calidad y diferentes elementos a la hora de elaborar, producir, sembrar, utilizando muchas veces productos que en nuestro país están prohibidos.
Por esto es necesario que al momento de comprar el consumidor tenga la posibilidad de optar teniendo en cuenta el país de origen del producto primario, además de los países intervinientes en toda la cadena productiva. También es necesario defender a todo aquel consumidor que practique como principio la defensa de los productos nacionales y, para que no exista lugar a equívocos y productos engañosos, es necesaria la creación de un logo que solo se pueda utilizar tanto en materia prima nacional, como en todo producto procesado cuyo producto originario y cadena productiva sea exclusivamente nacional. Y para evitar que el consumidor sea engañado violando la norma creada es necesaria una sanción pecuniaria alta para aquel que infrinja esta norma.
Hoy lamento que seamos como gobernantes, y aquí me refiero a todos, todos los partidos sin distinción, ciegos ante una realidad que nos avasalla, la importación desmedida de productos que luego se envasan como nacionales, compitiendo además con los nuestros de mucha mejor calidad. Es así como hacemos caso omiso al derecho del consumidor, nunca se puede poner “industria uruguaya” o “hecho en Uruguay” a un producto que solo se envasa aquí, elaborado con materias primas de otros países.
Un ejemplo son las pulpas de tomates que consumimos. En el gobierno del expresidente José Mujica se registró un ingreso solo de pulpa o pasta de tomate de 27 millones de kilos, que por lo menos representan 100 millones de kilogramos de tomates.
También sucedió en el gobierno de Tabaré Vázquez, ingresaron solo de pulpa o pasta de tomate 12 millones de kilos, lo que representa una producción de 60 millones de kilogramos de tomates.
Y en el actual gobierno de Lacalle Pou ingresaron de pulpa o pasta de tomate 8 millones de kilos, lo que por lo menos supondría 40 millones de kilogramos de tomates.
La procedencia de estos productos es: Chile, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Italia, España, China, Perú.
Y podríamos seguir con otros ejemplos.
Hoy el consumidor no tiene la posibilidad de saber fehacientemente de dónde vienen los tomates, cebollas, ajos, manzanas y otros productos que consume.
(*) Diputado del Partido Colorado por Canelones
