Por Álvaro Dastugue (*) | @AlvaroDastugue
“Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes” reza el Artículo 8º de nuestra Constitución, reconociendo de esta forma, el derecho a la igualdad, el cual protege a todos los individuos frente a todo trato discriminatorio o arbitrario del que pudieran ser objeto en el ámbito de los restantes derechos y libertades. En ese sentido Uruguay ha avanzado en afianzar el real ejercicio de este derecho, con normas claras nacionales, así como comprometiéndose en el escenario internacional ratificando numerosas convenciones al respecto. De esta forma y en manera enérgica el Estado uruguayo ha demostrado proteger los intereses de los más diversos colectivos, jactándose de su vanguardia al respecto.
Lo cual resulta paradójico al tratarse de minorías religiosas, las que han sido en el último tiempo, sistemáticamente vulneradas en sus derechos, bajo un laicismo anticlerical que demuestra su desprecio – en cada ocasión que se cuestiona – lo relativo a la conciencia, la fe y la expresión de la misma por parte de los colectivos cristianos. Para lo cual basta repasar lo ocurrido en los últimos meses como ejemplos claros de una discriminación no velada por parte del aparato estatal.
En primer lugar, debemos recordar lo sucedido con el Congreso Regional Sudamericano por la Vida y la Familia y el Ministerio de Turismo, el cual el pasado 31 de agosto, luego de cumplir los requisitos administrativos procedió a otorgar la declaración de Interés Turístico Nacional, lo cual redundó en el reconocimiento de un status jurídico a la organización del evento, dado que la declaración resultaba en un reconocimiento de la importancia del suceso como aporte al desarrollo turístico del país que a su vez le dio visibilidad a la promoción de la vida y la familia que nuestra Constitución demanda, otorgaba a su vez la obtención de franquicias fiscales, de orden legal, así como un posicionamiento a nivel internacional -Del evento y del país- despertando el interés de personas de distintos países por el acontecimiento.
Vergonzosamente, con posterioridad a dicha declaración, y luego de darse a conocer por los diferentes medios informativos, trascendidos de prensa dieron a conocer la opinión y disgusto de integrantes de algunos colectivos sociales – beneficiados numerosas veces en sus actividades por el copioso apoyo gubernamental- atendiendo a quienes, el Ministerio presidido por Lilian Kechichian comunicó: la decisión de retirar la Declaración de Interés Turístico luego de que “Innumerables organizaciones de la sociedad civil manifestaron que esta actividad hiere profundamente su sensibilidad y podría entrar en contradicción con la política que desarrolla el Ministerio de Turismo”.
Este obrar del Ministerio, vulneró sin ningún tipo de repudio estatal, la igualdad constitucional, el que constituye no solo un derecho para los habitantes sino también un principio general del derecho y además una de las bases fundamentales o valor supremo del ordenamiento jurídico, enfatizando que no se trata de una discrecionalidad regularizada sino de una arbitrariedad inexplicable.
De esta forma borrando con el codo lo que se escribió con la mano, se retrocedió en el camino de los derechos reconocidos al sancionar leyes como la 17.814 contra la discriminación, así como la 19.584 por la cual se aprobó en nuestro país la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación y Tolerancia, cayendo gravemente en discriminación por razón de conciencia, contrario a la legislación nacional e internacional en la materia. Nos preguntamos: ¿Dónde queda nuestra susceptibilidad? y ¿Qué importancia le da la señora ministra a nuestras heridas profundas o a las heridas que ya no son potenciales sino significativas y reales en pérdida de derechos morales, y daños patrimoniales?
La arbitraria resolución se fundamentó en denuncias de determinados colectivos, así como en la animosidad de grupos de presión específicos y no de toda la comunidad como se pretendió hacer ver – quitando lo otorgado – al parecer solamente por pertenecer a la categoría de ciudadanos de segunda identificados por sus valores y su fe. Todo esto bajo el más absoluto silencio por parte de los organismos encargados de luchar contra la discriminación en nuestro país.
A pesar de esto y como si no alcanzara un botón para la muestra, se da noticia de los dichos de nada más, ni nada menos que la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz, quien expresara estar preocupada por el avance de los «neopentecostales» en el ámbito público y opinara que se trata de una «plaga que aumenta». Ministerio en cuya órbita funciona la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, creada en 2004, por Ley 17.817, con el objetivo de proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir toda forma de discriminación, por lo cual resulta doblemente inaceptable y ofensivo que una representante del Poder Ejecutivo califique de esa forma a organizaciones religiosas que fundamentalmente propugnan en la sociedad la defensa de valores tan caros para todos los uruguayos como la moral, la ética y la vigencia de los conceptos humanos de la familia.
Es lamentable observar a un ministro de Estado hablar tan livianamente y sin asumir la responsabilidad de su cargo, dichas expresiones de la ministra Muñoz son un atentado a los valores sociales que el país se ha comprometido a defender. Pero una vez más el silencio corporativo del Estado aturde, ante el trato a un colectivo una y otra vez vulnerado. Sin ir más lejos, tal incitación al odio ha repercutido en acciones concretas de actos violentos como los ocurridos estos días, simultáneamente a la realización del Congreso Regional Sudamericano por la Vida y la Familia en Punta del Este, cuando cobardemente se atentó contra el templo de la Iglesia Misión Vida y la sede de la organización A.C.U.P.S. , con mensajes de odio en contra de la realización de dicho Congreso.
Nunca será un camino de progreso, el que transita por el odio y el desprecio de ciudadanos, sea cual sea su condición. Mientras se aprueban leyes para reconocerles privilegios a colectivos que presionan, integrados por un pequeño grupo de personas ampliamente promocionados, se pisotean los derechos de otros, por lo cual se transmite el mensaje que los orientales nos reconocemos iguales, pero no tan iguales a la hora de protección de derechos humanos.
(*)Diputado por el Partido Nacional.
