Por Pablo Anzalone (*) | @PabloAnzalone
La situación de la pandemia ha llegado a niveles tan graves que se vuelve un tema ineludible para analizar cualquier campo de la vida y de la realidad nacional.
¿Cómo pudo Uruguay pasar de una situación controlada durante casi todo 2020, resaltada a nivel mundial, a ser el peor país del mundo en cantidad de fallecimientos y nuevos contagios por millón de habitantes? ¿Por qué tantas muertes evitables?
Ha habido aciertos y errores en el manejo de la pandemia.
En los primeros ocho meses hay aciertos destacables, como las medidas adoptadas en marzo de 2020 para prevenir los contagios, la creación y el trabajo del GACH, los acuerdos con la Udelar para asegurar investigación científica y cantidad de tests y el seguimiento epidemiológico de los brotes. El rol de la investigación y el asesoramiento de la comunidad científica fue un factor clave; contar con esos conocimientos generó un acompañamiento sólido a las orientaciones.
Entre los errores iniciales estuvo un abordaje unilateral que no consideró los impactos en salud mental y en salud vincular, confundiendo distanciamiento físico con distanciamiento social. Fortalecer los vínculos y responder a los problemas de salud mental debieron ser prioridades sanitarias. Fue un error grave de manejo de la pandemia el cierre de policlínicas y la lógica de “esperar el virus en los CTI”, debilitando el primer nivel de atención. La falta de controles de problemas “no-covid” y la interrupción de programas de prevención y promoción, generó un agravamiento de estas patologías, en especial las vinculadas con el embarazo y las enfermedades crónicas ENT.
El seguimiento muy centralizado de los brotes de covid-19 subestimó la importancia de los actores territoriales, el primer nivel de atención en el sistema de salud, los gobiernos locales, los municipios e intendencias y las organizaciones sociales comunitarias. Eso no permitió organizar acciones locales sobre los puntos críticos de contagio que se ven desde cerca. Faltó una comunicación más descentralizada, con voces de la comunidad que acercaran los mensajes, escucharan las preocupaciones y tuvieran en cuenta los problemas concretos de las familias. Cuando la situación comenzó a agravarse, ese abordaje descentralizado y participativo hubiera podido sostener la vigilancia epidemiológica además de una integralidad mayor en las respuestas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no convocó a los actores locales, institucionales y sociales y no brindó siquiera la información sobre nuevos casos discriminada por barrios y localidades.
Las medidas de apoyo económico a los sectores sociales más vulnerables fueron muy insuficientes. La crisis de la desigualdad, como le llamó el BID, requiere mayores inversiones en protección social. Ello aumentó el sufrimiento social y sus consecuencias en indigencia, pobreza y desempleo, y debilitó el control de la pandemia. Las personas no pueden dejar de salir para ganar su sustento diario si no hay apoyo del Estado.
Aunque aumentó el teletrabajo, solo abarcó algunas actividades. En el resto, los controles del MTSS sobre protocolos de prevención en las empresas empezaron muy tarde –en noviembre de 2020- y no se reforzaron cuando se encontró un preocupante incumplimiento.
Quizá el error más grave fue la soberbia de pensar que éramos una excepción en la región y el mundo, que la pandemia no ingresaría con fuerza al país. No se percibió la fragilidad de la situación.
Cuando se fue recuperando la actividad laboral y educativa, comenzaron a aumentar sostenidamente los casos y llegó la primera ola de la pandemia.
En esta nueva etapa el gobierno optó por desoír las recomendaciones del GACH, de la Udelar y de toda la comunidad científica. En lugar de retomar las medidas de marzo 2020 adecuándolas, inició una estrategia “negacionista”, minimizando el problema. Partidizó el análisis de la situación y desplegó un aparato de ataques virulentos a las organizaciones que alertaban sobre el agravamiento, particularmente contra el SMU, cuyos planteos son acompañados por casi 40 sociedades científicas e instituciones universitarias, en un espectro amplísimo y sólido conceptualmente. Son constantes las especulaciones sobre “mesetas” que iniciarían descensos y volveríamos a controlar la pandemia. Como si eso fuera posible sin actuar para prevenir.
Se subestimó el acceso a las vacunas y fuimos los últimos de la región en comprar. No obstante, una vez que llegaron, la vacunación funcionó con rapidez y una amplia cobertura. La agenda para vacunarse fue un problema engorroso, estresante para las personas, y los criterios de inclusión de grupos poblacionales dejaron huecos incomprensibles. Pero la vacunación avanzó con celeridad.
El negacionismo de fin de año obtuvo un argumento contundente: “las vacunas resolverían el problema”. Sin embargo, toda la evidencia internacional decía otra cosa y la realidad nacional mostró el gravísimo error de no tomar las medidas de prevención de contagios mientras se continuaba con la vacunación. Solo un fundamentalismo extremo y una gran insensibilidad pueden explicar esta inacción. No es un tema sanitario, es ideología neoliberal extremista, que prioriza el déficit fiscal, exalta el Estado mínimo y apuesta al lucro de algunos; una buena agencia de publicidad y de las peores gestiones ante la pandemia en el mundo. Teníamos todo para actuar mejor.
Llegamos así a una situación crítica, desoladora para las personas con sensibilidad ante la vida, en que se pretende naturalizar la muerte de decenas, cientos, miles de personas. Muertes evitables que deben ser un enorme llamado a variar las estrategias, poniendo la vida como valor supremo de la sociedad. El “Diálogo por la vida” es un ejemplo de esa convocatoria por encima de partidos, ideologías o religiones.
En este panorama triste, donde todos los días nos enteramos de personas conocidas, amigos, familiares, que se contagian y demasiadas de ellas fallecen, hay también hechos extraordinariamente positivos, ejemplos que muestran la resiliencia de nuestra sociedad, las fortalezas que surgen en las crisis. Y la indignación que empieza a crecer.
La proliferación de ollas populares es un extraordinario gesto de solidaridad ante la omisión del Estado. Pasó más de un año de pandemia y sigue habiendo mucha gente que junta alimentos, cocina y hace llegar ese sustento a miles que no tienen cómo sobrevivir. Cuando el sistema de protección social se omite, la gente responde con solidaridad; eso tiene un enorme valor.
El entretejido social y comunitario ha seguido actuando, existen múltiples ejemplos. Mencionemos los 18 talleres abiertos de la Red de Municipios y Comunidades Saludables y la creación en 2020 del movimiento por los derechos de quienes viven en residenciales.
Un hecho emblemático fue este 20 de mayo, como el anterior, donde la población expresó de mil formas distintas en todos los barrios su adhesión a la Verdad, la Justicia y el Nunca Más Terrorismo de Estado.
(*) Licenciado en Ciencias de la Educación. Doctorando en Ciencias Sociales.
