Por Iván Posada (*) | @IvanPosada33
El próximo 15 de diciembre será el cierre del cuarto período legislativo de la 49ª (cuadragésima novena) Legislatura y por ende es tiempo adecuado para hacer una valoración de la gestión de gobierno.
A solo trece días de haber asumido sus responsabilidades de gobierno, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, tuvo que enfrentarse a la crisis desatada por la pandemia del coronavirus.
Ante el desafío, el gobierno respondió con inteligencia y firmeza. Recurrió desde el principio al asesoramiento científico en la toma de decisiones con la creación del Grupo de Asesoramiento Científico Honorario (GACH) y apeló al ejercicio responsable de la libertad para evitar, a través del distanciamiento físico y el uso del tapabocas, la propagación del contagio, en lugar de la cuarentena obligatoria reclamada desde la oposición.
Al principio, la reducción del nivel de actividad fue casi total, y el impacto económico y social inestimable. Pero el timón se mantuvo firme. Y poco a poco, una parte sustancial de la actividad económica fue gradualmente retomando su ritmo. A pesar del deterioro fiscal dejado por el anterior gobierno, déficit de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el consecuente endeudamiento del orden de 2.800 millones de dólares anuales, y el riesgo inminente de la pérdida de la calificación del grado inversor, al gobierno no le tembló el pulso.
Toda respuesta al impacto social puede considerarse insuficiente. Sin embargo, las medidas sociales, orientadas a las personas con mayor vulnerabilidad, beneficiarios del Mides y de asignaciones familiares, superaron los 400 millones de dólares en todo el período de pandemia.
Para dar respuesta a la crisis económica y social, el seguro de desempleo fue la principal herramienta. Más de 200 mil personas fueron enviadas al seguro, que además se flexibilizó permitiendo el envío parcial y sucesivas prórrogas, manteniendo viva la fuente de trabajo. Casi 940 millones de dólares se destinaron en los tres años que duró la pandemia para mantener las fuentes de trabajo y permitir que los trabajadores mantuvieran su vínculo laboral.
Las medidas sanitarias que insumieron más de 800 millones de dólares, permitieron incrementar sustancialmente los CTI en nuestro país, asumir el costo de los hisopados y de las vacunas, entre otros gastos.
Pero además se dispuso medidas económicas por más de 266 millones de dólares, que incluyeron exoneraciones, renuncias tributarias y apoyo a través de préstamos a las empresas más golpeadas por la crisis.
En total, la suma de todas las transferencias destinadas a las medidas sociales destinadas, al trabajo y la seguridad social, a la salud y las económicas, insumieron más de 2.400 millones de dólares.
En ese escenario crítico el gobierno planteó un primer gran desafío político: una ley de urgente consideración (LUC) que incluía diversos temas que respondían a distintos compromisos asumidos ante la ciudadanía. La aprobación de la ley marcó un hito importante para el gobierno.
Sin embargo, una semana después de su aprobación, el sindicato de Ancap impulsó un referéndum contra la LUC, que fue resuelto por el PIT-CNT y apoyado por el Frente Amplio. En los fundamentos de su propuesta establece con claridad sus objetivos: “estrategia de acumulación, organización y resistencia al modelo neoliberal, antipopular y autoritario que representa la coalición de gobierno”. Y agrega: “es un elemento táctico de organización y acumulación política para los intereses de la clase trabajadora, y una herramienta que posibilita la confrontación ideológica y la disputa por la subjetividad desde la perspectiva de la batalla cultural”.
Más claro, echarle agua. El referéndum contra la LUC fue simplemente una excusa para buscar una instancia de confrontar la gestión de gobierno, en base a agravios y descalificaciones, repitiendo mentiras y falsedades, reiterando conceptos perimidos hace más de una década, al menos en Uruguay, y especialmente después de 15 años de gobierno del Frente Amplio. Pero nuevamente, a dos años y días de haber asumido su mandato constitucional, el gobierno volvió a recibir el respaldo de la mayoría de la ciudadanía rechazando el referéndum.
En ese mismo año 2020, en el medio del contexto crítico de la pandemia, el gobierno elaboró y envió al Poder Legislativo el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, asumiendo que como consecuencia de la pandemia el déficit fiscal sería del orden de 6.5% del PIB, el endeudamiento anual a más de 3.500 millones de dólares y la deuda neta del gobierno central quedó en 60,6% del PIB, al cierre del año 2020. Los objetivos de la propuesta eran claros: cuidar las finanzas públicas, mantener el grado inversor y hacer sostenibles las políticas sociales.
Sin duda, el gran mojón de este período, el que perdurará en el próximo tiempo y da muestras inequívocas que este gobierno vino a hacerse cargo, fue promover una reforma imprescindible para dar certeza futura al acceso a la jubilación.
Los datos demográficos no dejan lugar a dudas: envejecimiento de nuestra población, reducción en 20 años de la población en edad de trabajar, aumento de la sobrevida esperada después de cumplir 60 años en 27 años hacia 2065-2070, reducción de la tasa de fecundidad a 1,38 hijos por mujer en edad fértil en 2021, y en consecuencia, el inicio de un proceso de reducción de la población, todos datos que determinan que la reforma de jubilaciones y pensiones es necesaria e imprescindible para darle sostenibilidad financiera y económica en el largo plazo.
Si no se hacía nada, los egresos para el pago de pasividades de los subsistemas estatales (Banco de Previsión Social, Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas, Servicio de Retiro y Pensiones Policiales) aumentarían casi un punto del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos 20 años y casi dos puntos del PIB hacia 2060. El PIB del año 2022 estuvo en el orden de 66 mil millones de dólares, o sea que cada punto del PIB son 660 millones de dólares.
Pero lo más importante de la reforma de las jubilaciones y pensiones es lo que está por venir. Porque la reforma permite liberar recursos para afrontar el más grande desafío político que tenemos por delante: poner fin a la pobreza infantil. Semejante tarea requiere más de un período de gobierno, pero es necesario asumir el compromiso como una política de estado. Y es ahora, ya no hay tiempo para más dilaciones.
A modo de ejemplo, nuestro país destina aproximadamente 361 millones de dólares en 2022, a través de las transferencias de Asignaciones Familiares- Plan de Equidad y Tarjeta Uruguay Social, o sea 0,51% del PIB. Si esas transferencias se incrementaran en 453 millones de dólares, o sea al 1,15% del PIB, la pobreza de nuestro país se reduciría a casi la mitad, y la pobreza infantil a 9%. No hay duda, pues, que es necesario hacer un esfuerzo para incrementar las transferencias no contributivas, y al mismo tiempo establecer un buen diseño de condicionalidades para acceder a esas transferencias.
(*) Diputado por Montevideo – Partido Independiente.
