Por Felipe Schipani (*) | @FelipeSchipani
En referencia al principio de libertad, el filósofo inglés John Stuart Mill señalaba que el individuo tiene libertad de acción sobre todo aquello que no afecte a los demás. La única razón legítima por la que una comunidad puede imponer límites a cualquiera de sus integrantes es la de impedir que se perjudique a otros miembros. En lo que no importa a nadie más que a uno mismo, la libertad de acción es absoluta.
Ya en la revolución francesa y bajo el impulso de ideas profundamente liberales se estableció que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro.
Con tal alcance, el principio de libertad es recogido en nuestra Constitución Nacional, que con criterio garantista dispone que tal principio y derecho fundamental sólo puede ser limitado por razón de interés general mediante norma legal que lo establezca.
Bajo esta premisa debe enfocarse el debate sobre la vacunación contra la covid-19. Como es sabido, para que la vacunación tenga el efecto deseado, y alcancemos la tan deseada inmunidad de rebaño, en el entorno del 70% de la población mayor de 18 años debe vacunarse, de acuerdo con los porcentajes manejados por el Ministerio de Salud Pública. Esto supone que vacunarse no es solo una cuestión de libertad individual, sino también es una responsabilidad que tenemos como integrantes de una sociedad. La vacunación no solo repercute en la salud de la persona que se inocula, sino también influye en la salud del resto de la sociedad. Una persona puede decidir no operarse de una apendicitis y morir, pero puede decidir no vacunarse en una pandemia y además de poder contagiarse y morir, también le puede generar la muerte a otros. Tal cuestión hace, objetiva e indiscutible, de interés general la promoción de la inoculación masiva de la población contra un flagelo devastador para la salud de la población en general y la economía del país.
En el marco del concepto de libertad responsable, no se ha optado por establecer la obligatoriedad legal de la inoculación contra la covid-19, por lo cual las personas tienen el derecho a no vacunarse. El ejercicio de ese derecho tiene, en este caso, consecuencias negativas directas en la salud pública, de modo que resulta absolutamente necesario que sea la ley la que establezca mecanismos para proteger la salud de las personas potencialmente vulneradas.
Ya llevamos más de un año de emergencia sanitaria; la pandemia ha generado enormes daños para la salud, que han significado pérdida de vidas, pero también ha impactado desde el punto de vista social y económico. No quedan dudas que la única forma de vencer definitivamente al virus es a través de la vacunación mayoritaria de nuestra población.
Las vacunas que se ofrecen en el país son seguras y efectivas. No hay ninguna opinión científica seria a nivel mundial que haya demostrado que las mismas constituyen un riesgo para la salud de las personas. Por supuesto que como cualquier otra vacuna, tienen efectos adversos en una mínima proporción. Pero nada más que eso.
Como contrapartida, de lo que sí hay evidencia es de los efectos positivos de la vacunación. Israel, el país que más porcentaje de su población tiene vacunada, luce resultados esperanzadores. La tasa de contagios por coronavirus se redujo en un 95,8 % entre aquellas personas que habían recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer, según informó el Ministerio de Sanidad de Israel. Además, se ha reducido notablemente la mortalidad: un 98,9 % entre aquellos pacientes que han recibido las dosis de Pfizer.
A través del proyecto de ley de pase verde que presentamos el pasado 13 de abril se procura, en primer lugar, promover la inoculación masiva como principal herramienta para el regreso de la normalidad, la protección de la salud comunitaria y con esta, la protección del trabajo de nuestra gente y la economía del país.
En segundo lugar, proteger y amparar el derecho de la población a participar de espectáculos públicos y espacios privados de uso público, de la forma más segura para la salud, dotando de herramientas a los responsables u organizadores para contribuir a la prevención de contagios. Es absolutamente legítimo que el responsable de un establecimiento en ejercicio del derecho de admisión pretenda hacer de su negocio un lugar lo más seguro posible desde el punto de vista sanitario, como también que las personas quieran concurrir a espacios donde no corren tantos riesgos de contagio. Por su parte, la promoción de estos espacios puede ser una forma de contribuir a reactivar la actividad de los distintos sectores comerciales que en virtud de la pandemia se han visto sumamente perjudicados.
El proyecto les da a los organizadores de eventos y responsables de establecimientos la potestad de hacer uso de este mecanismo; no se trata de una imposición, no se establece una obligatoriedad. De modo que en la práctica habrá opciones para todos: los que quieran cuidar de su salud concurrirán a los lugares donde se exige el certificado de vacunación, y los que no compartan la iniciativa podrán asistir a los lugares donde nada se exige.
Distintos países en el mundo están promoviendo iniciativas de similar naturaleza. En el caso de Israel se ha creado un “pasaporte verde” que le permite acceder sin restricciones a los vacunados contra el covid-19 a gimnasios, hoteles, piscinas, y otros lugares. Por su parte, en los últimos días se ha informado que la Unión Europea tendrá su pasaporte sanitario, que podrá ser requerido no solo para ingresar a los distintos países, sino también para ingresar a determinados lugares. Dinamarca, Reino Unido y otros países del primer mundo van en la misma dirección. También Nueva York anunció el lanzamiento de un nuevo pasaporte sanitario digital con el propósito de reiniciar los eventos en vivo de manera segura.
Somos un país de avanzada en muchos aspectos, porque impulsamos transformaciones mirando lo que hacía el mundo desarrollado. Esa esencia hoy nos debe seguir inspirando.
(*) Diputado y secretario general del Partido Colorado en Montevideo.
