Por Mariano Tucci (*) | @MarianoTucci46
Existe la concepción de que hablar sobre temas de defensa nacional y del rol de las Fuerzas Armadas (FFAA) no es redituable en términos electorales, y eso implica que los partidos y los sectores de la política nacional hablen poco y nada de una realidad que está allí y que desde nuestra óptica es un error no ponerla en el corazón del debate público.
Luego de la reapertura democrática, la defensa y el papel de las FFAA estuvo marcado por hechos que determinaron el desarrollo y la consolidación de una forma de gestionar las políticas en esta materia, circunstancia que derivó en un proceso de cierta “autonomía” por parte de las FFAA avalado por sistema político.
La gestión del Ministerio de Defensa quedó entonces en manos de militares retirados o de políticos relacionados directa o indirectamente con las FFAA La aprobación de la Ley Nº 15.848 “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, que luego fue plebiscitada en dos ocasiones y ratificada en ambas, marca un hito en nuestra historia; y que posiblemente sea uno de los determinantes del porqué de la proliferación de esa llamada autonomía de las FFAA en la gestión pública en tiempos de democracia republicana.
Esta lógica de funcionamiento generó consecuencias: una de ellas fue la carencia de formación de civiles en temas de defensa y la generación de la idea de que estos temas eran monopolio exclusivo de los militares. Craso error.
Cuando el Frente Amplio ganó en el año 2005 las elecciones surgió la incógnita de cómo iba a ser el relacionamiento entre las FFAA y la izquierda en el gobierno. La nueva etapa se inicia con la propuesta de realizar un debate nacional sobre defensa que involucraba a los actores militares, políticos y por primera vez a la academia. En el año 2006 se inició este proceso con el fin de elaborar una ley marco.
En el debate nacional de defensa se realizaron conferencias, seminarios y mesas de trabajo con participación de actores internacionales y nacionales. Las mesas de trabajo forman parte del final del proceso donde se discutieron los temas centrales de lo que hoy es la Ley Nº 18.650, Ley Marco de Defensa Nacional aprobada en el año 2010 de forma unánime por todos los partidos políticos.
Esta ley marca un punto de partida importante: entender que la defensa nacional es una actividad pública donde se involucran a civiles y militares como lo indica el art. 1 y el art. 2:
Art. 1: “La defensa nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población.”
Art. 2: La defensa nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía, en la forma y en los términos que se establecen en la Constitución de la República y en las leyes. Es un bien público, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado. En su instrumentación confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad.”
Estos dos artículos son claves para entender por qué es importante involucrar a la sociedad en estos temas y por qué deben ser de relevancia política también en períodos de campaña electoral.
En primer lugar, la incorporación de lo civil para entender que la defensa nacional no es una actividad exclusivamente militar. Lo militar es una parte de la defensa. Cuando nos referimos a la incorporación de lo civil, no solo hablamos de fortalecer el control civil sobre la defensa, sino que también nos referimos a que la sociedad debe estar directamente involucrada en temas que son considerados como estratégicos para el interés nacional.
En segundo lugar, entender el valor de lo público de la defensa como un derecho y un deber. Un derecho y un deber que debe ser asumido por la ciudadanía. El valor estratégico que tiene esto para poder transformar de a poco la concepción inicial que es punto de partida de este artículo es esencial. Y en esto los políticos tenemos una responsabilidad central en comunicar la importancia de estos procesos y de la existencia de este tipo de leyes. Las leyes que se establecen con procesos, como el de la ley marco, fortalecen el valor y el sentir democrático.
El problema surge cuando no somos capaces de comunicar estos procesos y por tanto pasan a ser desconocidos.
La defensa nacional como política pública es un eje central de lo establecido en la ley marco. Se establecen pautas importantes y responsabilidades a los gobiernos de turno, como por ejemplo, que cada gobierno elabore su política nacional de defensa y su política militar de defensa.
La primera política de defensa nacional se redactó en el año 2014. Es formulada por el Consejo de Defensa Nacional, creado en la ley marco. Los lineamientos principales que contiene esta política, se centran en la idea de presentar a la defensa nacional como una política de Estado. Se fundamenta en que debe abarcar una gran dimensión y que requiere una planificación en el mediano y largo plazo.
El valor estratégico en la política de defensa nacional se enmarca en el constante relacionamiento que debe tener la misma con otras áreas del Estado, como por ejemplo, Relaciones Exteriores, Economía y Seguridad Pública. Por ende, es esencial comprender que la defensa nacional también se relaciona con una política de desarrollo nacional. La política establecida en el primer gobierno del Frente Amplio, maneja la cuestión del desarrollo como eje central. Es una política llevada adelante por el Estado, que debe contribuir a alcanzar objetivos económicos y sociales.
El gran desafío es que la defensa nacional forme parte de la discusión en las campañas electorales. Forma parte del compromiso que la ciudadanía debe tener en el tema. Cuanto más involucramiento, más poder de discusión y decisión. Cuanto más discusión y decisión, más democracia.
(*) Diputado del Espacio 609, Convergencia Popular (Lista 46).
